Se ha publicado en la página Web del Poder Judicial los Acuerdos Plenario siguientes:
-Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112: Determinación
de la pena, problemas contemporáneos y alternativas inmediatas.
-Acuerdo Plenario N° 2.A-2023/CIJ-112: Delitos
ambientales e informe técnico.
-Acuerdo Plenario N° 2.B-2023/CIJ-112: Delitos
ambientales, diferencia entre infracción administrativa y delito de
contaminación ambiental.
En resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Apelación N° 95-2023/Del Santa, se declara infundado el recurso de apelación presentado por un investigado contra una resolución que declaró infundado un requerimiento de tutela de derechos, que buscaba la exclusión de una declaración de un testigo con reserva que fue recibida sin notificación previa a la defensa del investigado, por lo que se señalaba sería una prueba ilícita.
En el caso, un testigo con reserva se
presentó espontáneamente a la Fiscalía solicitando se reciba su declaración, la
cual fue recibida, sin notificar previamente a la parte investigada. Este hecho
fue cuestionado por la defensa del investigado, quien consideraba que se estaba
ante una prueba ilícita (se habría vulnerado el derecho a la defensa) y
solicita la nulidad y exclusión del acta.
La Corte Suprema declara infundado el
recurso de apelación, al considerar, que, si bien el ordenamiento procesal
reconoce el principio de emplazamiento de los sujetos procesales y la
posibilidad de contradicción en la realización de los actos de investigación,
esto no es absoluto y cede en circunstancias excepcionales, como son los casos
en que existe un testimonio espontáneo que resulta imperativo recibir
(Art.164.2 del CPP2004), así como los actos de investigación urgentes e
inaplazables.
En el caso, la Corte Suprema considera
que la recepción de la declaración del testigo que se presentó espontáneamente
es regular, válida y ha de servir para las actuaciones propias de la
investigación (F.11). Así mismo, señala, “que, ante déficits de contradicción,
la nulidad no puede ser la consecuencia necesaria, puede ser colmado con
ampliaciones de diligencia, y de ser el caso a través de actos de prueba, o en
particular, la actuación del testigo en el juicio oral, donde naturalmente el
derecho a contradecir despliega todos sus efectos” (F.14)
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso
a la referida resolución:
Se publica hoy 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31968, Ley de Justicia itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad.
-Se señala que el objeto de la ley es
regular la implementación de justicia itinerante en materia de violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación
extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos,
o de rectificación de actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción, con la
finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad en los lugares de escasos recursos económicos o en
situación de pobreza o pobreza extrema.
-Se señalan principios (accesibilidad,
celeridad y prioridad, gratuidad, oralidad y sencillez, proximidad, lenguaje jurídico
comprensible) y enfoques (derechos humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad,
discapacidad) que deberán tenerse en cuenta para la aplicación de la ley.
-Se establecen criterios para la
ubicación geográfica de la justicia itinerante e identificación de la población
beneficiaria.
-Se señalan disposiciones respecto a los
elementos y etapas del proceso.
-Se establecen responsabilidades
sectoriales del Poder Judicial, MIDIS, INEI, MINJUS, MIMP, MINSA, Ministerio
Público, RENIEC, Gobiernos Locales, Colegios profesionales de abogados y de
notarios, otros colegios profesionales, universidades.
-Se señala que el servicio de justicia
itinerante se desarrolla en coordinación con las autoridades de las comunidades
campesinas y nativas (de conformidad con el artículo 149 de la CP1993).
Importante ley a favor de las personas que
por diversas circunstancias o aspectos se encuentran en un estado de vulnerabilidad
y que requieren de medidas de promoción para que puedan hacer efectivo su
derecho de acceso a la justicia, a la tutela procesa efectiva.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2248826-1
El 21 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial El Peruano se publicó diversos Decretos Legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo del Perú, en el marco de la delegación de facultades legislativas que se realizó mediante Ley N° 31880.
Una de las materias de delegación señaladas
en la Ley N° 31880, fue la seguridad ciudadana (lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado), específicamente el modificar el Código Procesal Penal de
2004 “con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación
del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio
Público, salvaguardando las atribuciones que la Constitución Política del Perú
otorga a cada institución, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos
159,4 y 166”.
Entre los Decretos Legislativos emitidos
está el 1605 (El Peruano, 21/12/2023), que ha modificado diversos artículos del
Código Procesal Penal de 2004.
Algunas modificaciones son positivas,
pues, han precisado algunos artículos del referido Código, concordándolo con
modificaciones realizadas a la Constitución Política, como el establecer que el
plazo de detención policial en flagrancia es hasta 48 horas (se señalaba 24 hora aún en el Código}. Así mismo, establecer plazos de 24 horas para requerir y
resolver el levantamiento del secreto de comunicaciones y bancarios, en determinados
supuestos de gravedad; también, ampliar a 10 días hábiles el plazo para la
observación al informe pericial oficial (antes se decía solo 5 días, a secas). Establecer
que en la audiencia única de proceso inmediato también deberá existir
pronunciamiento de ser el caso, sobre la procedencia de la constitución de las
partes procesales.
Sin embargo, hay otras modificaciones
que resucitan facultades de la Policía Nacional que fueron soslayadas con el
Código Procesal Penal de 2004. Así, en el artículo 332 se establece que el
informe policial debe contener, entre otros, los delitos presuntamente
cometidos, así como los grados de presunta autoría y participación. Si bien, en
el mismo artículo se establece que el informe policial no es vinculante para el
Fiscal, se viene cuestionando la constitucionalidad de este dispositivo y otros,
por considerar que afectan la función constitucional del Ministerio Público de
conducir desde un inicio la investigación del delito, con tal propósito la
Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en
el ámbito de su función.
En los próximos días seguramente habrá novedades
al respecto, pues, se anuncian desde diferentes instituciones la posibilidad de
presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de ello, las autoridades inmersas
en garantizar la seguridad ciudadana deberían seguir trabajando, con el único objetivo
de cautelar los derechos fundamentales de la población.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo 1605:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2246611-4
En resolución emitida por la Corte Suprema de la República del Perú, en la Casación N° 2661-2021/Puno, se pronuncia sobre un tema referido a un reexamen de incautación en un caso de lavado de activos.
En el caso, un representante del
Ministerio Público presentó un recurso de Casación contra un auto emitido por
una Sala Penal, que declaró fundado el reexamen de incautación presentado por
unos investigados, respecto a un inmueble, y como consecuencia de ello, dispuso
su devolución.
La Corte Suprema considera que el auto
que declaró fundado el reexamen de la incautación vulneró las garantías
jurisdiccionales de obtener una resolución de fondo fundada en derecho y la
debida motivación, pues, no tuvo en cuenta que el delito de lavado de activos
es un delito autónomo, por lo que no importa que los delitos que se atribuyó a
los investigados hayan sido archivados.
Así mismo, si bien se habría archivado
una investigación por defraudación tributaria contra los investigados por haber
realizado una regularización tributaria, la Corte Suprema, citando a la Casación
N° 775-2021/Puno, señala que “la regularización tributaria es una causa
material de exclusión de punibilidad ex post factum y provoca efectos liberatorios de la sanción
penal sobre el delito de defraudación tributaria (de conformidad con el Acuerdo
Plenario 2-2009/CJ/116), empero, la conducta típica, antijurídica y culpable de
estos delitos no se elimina por la presencia de una regularización tributaria,
solo elimina su punibilidad, por lo que tal situación no impide considerar la
defraudación tributaria como una actividad criminal previa del delito de lavado
de activos” (F.17)
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a esta interesante resolución:
El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1618, cuyo objeto es, según se señala en su artículo 1, establecer disposiciones de carácter excepcional y temporal (hasta el 31 de diciembre de 2025), respecto a medidas excepcionales de remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios, con la finalidad de impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el Expediente N° 05436-2014-PHC/TC (declaró estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento de los Establecimientos Penitenciarios.
-Se establece dos supuestos de remisión
condicional de la pena:
1) Cuando se hubiera impuesto a una
persona una pena privativa de libertad no mayor de cinco años, se encuentre en
la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario
y que presenten 2 evaluaciones semestrales favorables.
2)Cuando se le hubiere impuesto a una persona
una pena privativa de libertad efectiva no mayor de siete años, que hayan
cumplido la mitad de la pena impuesta y se encuentra ubicados en las etapas de
tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y que
presenten dos evaluaciones semestrales favorables.
-Se establece que al dictar la remisión
condicional de la pena, el Juez, suspende la ejecución de la pena privativa de
libertad e impone reglas de conducta (las del art. 58 del Código Penal,
preferentemente el reporte virtual o presencial ante el Juez), por el plazo que
falte por cumplir.
-Se establecen lista de delitos en los
cuales no procede la remisión de la pena, así como reglas para la impugnación y
revocación del auto que se pronuncia sobre la remisión condicional de la pena.
-Se regula un procedimiento simplificado
para la evaluación de los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad
condicional. (El Director del Establecimiento Penitenciario, de oficio, conforma
expedientes electrónicos, el Juez evalúa si cuenta con toda la documentación
pertinente en el plazo de un día, de ser así convoca a audiencia única e inaplazable
que se realiza con la interna o interno (no se menciona al Fiscal?). Contra la
resolución de otorgamiento de semilibertad o liberación condicional procede
apelación en el plazo de dos días hábiles (¿y contra la que deniega?)
-Se establece un procedimiento especial
para la ejecución de medidas excepcionales (INPE y Ministerio de Justicia debe
remitir lista nominal de internos e internas que cumplan con condiciones para acceder
a medidas establecidas en la norma, los cuales son remitidos a los Jueces de
Investigación Preparatoria que los traslada a su homólogo del Ministerio
Público, quien en un plazo improrrogable de 10 días hábiles emite y traslada la
correspondiente disposición de conformidad de egreso u oposición al mismo;
luego, el Juez, con la razón del especialista judicial(¿?) de haberse
verificado que el interno o interna se encuentra o no en los supuestos de la
norma, así como los expedientes judiciales y juzgados de origen, emite la
resolución judicial correspondiente de remisión condicional de la pena
privativa de libertad efectiva por la suspensión de ejecución (¿sin audiencia?)
debiendo notificarse al INPE, en el plazo de 24 horas)
-Se establece que la producción que
tenga cada Juez y Fiscal, como consecuencia de la aplicación de la norma, debe
ser valorada en el desempeño de los magistrados.
Debe tenerse cuidado en la aplicación de
este dispositivo legal, pues, si bien su objeto, según se señala en el artículo
1 es lograr el deshacinamiento penitenciario, en aplicación de una sentencia
del Tribunal Constitucional, esto no puede darse a toda costa, con
disposiciones de dudosa constitucionalidad.
Parece que tenemos un Penélope legislativo,
pues, por un lado se emiten disposiciones incrementando penas, en aras de
proteger la seguridad ciudadana, sin embargo, por otro lado, se establecen
disposiciones que parecen promover la liberación de internos, sin un control adecuado
por parte de los organismos competentes (que puede afectar la seguridad ciudadana).
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2247004-2
El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1616, que tiene por objeto, según se señala en su artículo 1, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y la tenencia, fabricación y comercialización de armas y municiones.
Se modifica el artículo 279 G del Código
Penal, aumentando las penas en las modalidades típicas allí establecidas.
Se establece una agravante cuando el
agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal o banda
criminal.
Se agrega la inhabilitación contenida en
el artículo 36.6 del Código Penal como pena a imponer a quien cometa alguna de
las modalidades delictivas establecidas en el artículo 279 G del Código Penal.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo.
El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1617, que tiene por objeto, según se señala en su artículo 1, regular el procedimiento administrativo disciplinario inmediato, con la finalidad de promover sanciones oportunas y eficaces contra las faltas disciplinarias cometidas por servidores/as penitenciarios y fortalecer la lucha contra la corrupción en el Sistema Nacional Penitenciario.
-Se regulan los supuestos de aplicación
del procedimiento administrativo disciplinario inmediato (falta disciplinaria
flagrante, suficiencia de elementos de convicción o medios probatorios, confesión)
-Se regulan las etapas con sus
respectivos plazos del procedimiento administrativo disciplinario inmediato
(Etapa de instrucción inmediata, etapa decisoria).
-Se regulan los recursos impugnativos (apelación)
y medidas cautelares (separación de funciones y suspensión de temporal del
servicio), que pueden imponerse.
-Se modifican los artículos 45.2, 50.4,
53.1, 59 y 60 de la Ley N° 29799, Ley de la Carrera Especial Pública penitenciaria.
-Se establece que el presente Decreto
Legislativo entrará en vigencia a los 90 días calendarios siguientes a su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo:
https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/VisorPDF
Se publica hoy 21 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1602.
-Se señala que el objeto del Decreto
Legislativo es modificar la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, para fortalecer
la gestión pública a través del tránsito de las entidades públicas al régimen
del servicio civil, promover el acceso meritocrático de los servidores civiles
a dicho régimen.
-Modifican los artículos 24, 84, 95 y la
Cuarta y Quinta Disposiciones complementarias Transitorias de la Ley 30057, Ley
del Servicio Civil.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso
a la referida Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2246611-1
Se publica hoy 21 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativos 1611.
-Se señala que su objeto es
aprobar medidas especiales para la prevención e investigación del delito de
extorsión y delitos conexos.
-Se establecen disposiciones
a tener en cuenta por el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y otras
entidades.
-Se modifica los tipos penales
de Extorsión y Organización Criminal, establecidos en los artículos 200 y 317
del Código Penal, respectivamente.
-Se modifica el artículo 341
del Código Procesal Penal de 2004, respecto al Agente Encubierto, Agente
especial, agente revelador, agente virtual e informante o confidente.
Aquí puede encontrarse el
enlace de acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2246611-10
Ayer 18 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31960, que modifica el artículo 566 A del Código Procesal Civil peruano y el artículo 446 del Código Procesal Peruano.
-Se modifica el artículo 566A del Código
Procesal Civil, para establecer que el Juez de oficio y bajo responsabilidad, remitirá
copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Fiscal Provincial
de Turno, si es que el obligado no cumple con el pago de los alimentos, luego
de haber sido notificado para la ejecución de la sentencia firme. Sin embargo,
esto se hará previa liquidación correspondiente, el requerimiento de
cumplimiento de pago y el consentimiento expreso del representante procesal del
menor alimentista.
-Se modifica el artículo 446
del Código Procesal Penal, incorporando el literal d, al numeral 1 y
modificando el numeral 4. En el literal d, del numeral 1 se señala como si
fuera un nuevo supuesto de proceso inmediato, cuando se reciba del juez competente
copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para “acusar” al
deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de prestación de
alimentos.
¿Cuál es el cambio trascendente
con la modificación al artículo 446 del Código Procesal Penal? Antes de la
modificación y luego de ella igual existe la obligación del Fiscal de incoar
proceso inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar. Se
utiliza indebidamente la palabra acusar, cuando debería ser investigar.
¿Es positiva la modificación
del artículo 566 A del Código Procesal Civil?
Aquí puede encontrarse el
enlace de acceso a la referida Ley:
Ayer 18 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1596, que:
-Modifica los Decretos Legislativos N° 1338
(Crea el Registro de terminales móviles para la seguridad), el N° 1215 (que brinda
las facilidades a los ciudadanos para la recuperación de bienes perdidos o
sustraídos de su posesión).
-Incorpora un nuevo delito al Código
Penal peruano, el 222B, denominado: “Posesión ilegítima de dispositivos para
adulterar, reemplazar, duplicar o modificar IMEI”
-La redacción del nuevo tipo penal es la
siguiente:
“El que posea dispositivos, aparatos, herramientas,
instrumentos o programas informáticos con la finalidad de ser utilizados en la adulteración,
reemplazo, duplicación, modificación de IMEI lógico o físico de terminales
móviles de comunicación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo
36.
La misma pena se aplica al que, promueva,
facilite o financie la obtención de los aparatos, herramientas, instrumentos o
programas informáticos para la finalidad señalada para el primer párrafo”
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida resolución:
Se ha publicado recientemente en la página web del Poder Judicial los Acuerdos Plenarios N° 4-2023 y 7-2023.
En los referidos Acuerdos Plenarios se
aborda aspectos referidos a la Trata de Personas (Acuerdo Plenario 4-2023) y el
Sobreseimiento (Acuerdo Plenario 7-2023)
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a los referidos Acuerdos Plenarios.
-Acuerdo Plenario 4-2023:
-Acuerdo Plenario 7-2023
Ayer 14 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1592, que modifica el Decreto Legislativo N° 1241 (que fortalece la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas) y el Código Penal.
-Se modifican los artículos 2, 3, 4, 5,
9, 13, 14, 15 y 19 del Decreto Legislativo N° 1241.
-Se modifican los artículos 296, 297 y
298 del Código Penal.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida resolución:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2244234-2
Se publica hoy 13 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1591, que modifica la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
-Se señala que el objeto de la ley es
promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por niñas,
niños y adolescentes.
-Se modifica el artículo 5 de la Ley 30096,
incrementándose la pena en el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes
con fines sexuales por medios tecnológicos, en el supuesto que tengan menos de
catorce años (la pena será no menor de seis ni mayor de nueve años). Además, se
agrega la pena de inhabilitación a quienes cometan cualquiera de las modalidades
del referido delito, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
-Se modifica el artículo 9 de la Ley N°
30096 (delito de suplantación de identidad), agregándose que el perjuicio para
la configuración del delito puede ser de cualquier índole. Se agrega un párrafo
al referido artículo, estableciéndose que la pena privativa de la libertad será
no menor de 6 ni mayor de 9 años, cuando se suplante la identidad de una
persona menor de 18 años y resulte algún perjuicio material, moral o de
cualquier otra índole.
-Se modifican la segunda y tercera
disposición complementaria de la Ley N° 30096.
-Se establece en una disposición final
la improcedencia de reducción de pena para supuestos de confesión sincera,
terminación y conclusión anticipada (artículos 161, 471 y 372 del CPP2004), para
el delito de Proposición de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por
medios tecnológicos (artículo 5 de la Ley N° 30096).
-Se establece, también, la improcedencia
de los beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo y educación,
así como de semilibertad y liberación condicional, para el delito de
Proposición de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos
(artículo 5 de la Ley N° 30096).
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida Ley:
Aquí puede encontrarse el auto emitido por el Tribunal Constitucional peruano que dispone la inmediata libertad del Ex presidente Alberto Fujimori.
En
la referida resolución, el TC reconoce que existe una obligación del Estado de
cumplir las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en todo caso en que sea parte. Sin embargo, señala que queda fuera de la competencia
de la Corte ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia,
no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional.
Según
el TC, la Corte, en todo caso, queda facultada para dejar constancia en una
resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera
el caso, informar a la OEA (F.27-28)
Aquí
puede encontrarse el referido auto:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/02010-2020-HC%20Reposicion.pdf
Ayer, en Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1589, cuyo objetivo y finalidad, según se señala en su artículo 1, es garantizar la seguridad y la tranquilidad pública.
-Se
modifican los artículos 283 y 315 del Código Penal, que regulan los delitos de Entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos y Disturbios, respectivamente.
-Se
incorporan al Código Penal los artículos 283A y 315A, que tipifican dos nuevos
delitos: Colaboración al delito de Entorpecimiento al funcionamiento de los
servicios públicos y Colaboración al delito de disturbios, respectivamente.
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2241404-1
En esta sentencia se declara fundado un recurso de Casación presentado contra la resolución de una Sala que revocó un auto de primera instancia (que impuso prisión preventiva), y sólo impuso comparecencia con restricciones a un procesado.
Se
considera que se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones
judicial (Art. 139.5 de la C.P.1993), pues, en la resolución impugnada no se tuvo
en cuenta que se estaba ante un concurso real de delitos (en cuyo caso se suman
las penas), entre los delitos de resistencia a la autoridad agravada tipificado
en el artículo 365, concordante con el artículo 367, segundo párrafo numeral 3
(se agredió físicamente a un fiscal en el ejercicio de sus funciones) y el
delito de agresiones a integrantes del grupo familiar, tipificado en el
artículo 122 B del Código Penal (procesado había agredido a su conviviente).
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
Dos Acuerdos Plenarios se han publicado recientemente en la página web del Poder Judicial.
-Acuerdo
Plenario N° 3-2023/CIJ-112, sobre Etapa intermedia control de admisión de la prueba.
El 25 de noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31495, que modifica el Código Civil, a fin de prohibir el matrimonio de personas menores de edad.
Se
modifican 42,41, 241, 243 y 248 e incorporan el artículo 46A y el inciso 10 del
artículo 274 del Código Civil peruano.
En
el artículo 46A incorporado se señala que: “La incapacidad de las mayores de 16
años cesa por obtener título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio.
No se aplica para contraer matrimonio”.
Así
mismo se establece que “No pueden contraer matrimonio “las personas menores de
18 años de edad” (Art. 241). Y “es nulo el matrimonio “de los contrayentes menores
de 18 años” (Art. 274).
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2238699-3
El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que se ha incrementado ostensiblemente en el Perú.
A diario se reportan detenidos vinculados
a la presunta comisión de estos hechos delictivos.
En esta interesante sentencia emitida
por la Corte Suprema de la Justicia de la República del Perú (Casación N°
2764-2021/Piura), se declara infundado un recurso de casación presentado por una
persona condenada por el referido delito y que cuestionaba la licitud del
ingreso de miembros de la Policía Nacional al domicilio de su coimputado, en el
cual él se encontraba, donde se halló droga y otros bienes que lo vinculaban al
delito.
Para la Corte Suprema, la licitud de la
intervención del coimputado del recurrente fue lícita, pues, al realizársele el
registro personal se le halló droga en su poder, que por la forma y circunstancias
denotaban que lo poseía con fines de comercialización. Señala, además, que existía
flagrancia (inmediatez personal, temporal y necesidad urgente). Así mismo, se indica,
que, dado que el objetivo de este procesado era ingresar a su domicilio, la
inmediata incursión domiciliaria, más allá de la autorización del detenido, se
produjo en el marco de la misma situación de flagrancia, en la que se mantenía
el contexto de urgencia, sin que se pudiera esperar una autorización judicial.
(F. 4)
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida resolución:
Se publica hoy 22 de noviembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1585, indicándose que su objetivo es dotar de mejores condiciones normativas que impacten en la reducción de los niveles de hacinamiento carcelario, en cumplimiento de la sentencia del TC (Expediente N° 5436-2014-PHC/TC).
Entre otras, se establece las siguientes
disposiciones:
-Las penas de prestación de servicio a
la comunidad y de limitación de días libres, podrán imponerse como sustitutivas o alternativas a la pena privativa de libertad, cuando la sanción sustituida a
criterio del Juez no sea superior a cinco años (antes era cuatro años) (Modificación
del Art. 32 del CP)
-Se podrá convertir la pena privativa de
libertad no mayor de cinco años (antes era cuatro años), en prestación de
servicio a la comunidad o días libres (Modificación Art. 52 del CP).
-La conversión de una pena privativa de
libertad en una pena de vigilancia electrónica personal podrá hacerse cuando la
pena impuesta sea no menor de 10 ni mayor de 12 años (antes era no menor de 7
ni mayor de 10 años). (Modificación Art. 52B del CP).
-La pena privativa de libertad en
ejecución puede ser convertida en una de vigilancia electrónica personal cuando
la primera sea no menor de 10 ni mayor de 12 años (antes era no menor de 8 ni mayor
de 10) (Modificación Art. 52B del Código Penal).
-Si la pena privativa de libertad
impuesta para el delito culposo es no mayor a 6 años, el Juez, de oficio o a
pedido de parte, convierte la pena privativa de libertad a una de vigilancia electrónica
personal. (Se agrega párrafo al Art. 52 B del Código Penal).
-El Juez puede suspender la ejecución de
la pena cuando la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 5
años (antes era 4 años). Excepcionalmente, puede suspenderse la condena cuando se
refiera a pena privativa de libertad no mayor a 8 años y el autor o partícipe
carece de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el
delito. (Modificación Art. 57 del CP).
-El Juez puede disponer la reserva del
fallo condenatorio cuando el delito está sancionado con pena privativa de la
libertad no mayor de cuatro años (antes era tres años). Excepcionalmente, puede
disponer la reserva del fallo cuando la condena se refiera a pena privativa de
libertad no mayor a 7 años, y el autor o partícipe carece de antecedentes
penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. (Modificación Art.
62 del CP).
-Para imponer prisión preventiva la
sanción a imponerse debe ser superior a cinco años (antes era cuatro años) (Modificación
Art. 268 del CPP2004).
-El Juez de Investigación Preparatoria
debe revisar de oficio la vigencia de los presupuestos de la prisión preventiva,
transcurridos 6 meses desde el inicio de su ejecución o desde la última
audiencia en la que se hubiera discutido su cese. Deberá convocar a audiencia
dentro del tercer día de cumplido los 6 meses. Se establecen plazos de
impugnación de la decisión (Modificación artículo 283 del CPP2004).
-Se incorpora el artículo 208 A al
Código Penal, para establecerse, que, en los delitos contra el patrimonio, si
el valor del bien no sobrepasa el 5% de la UIT o la violencia o amenaza sea
infringida por el agente sean mínimas o insignificantes, o se emplean armas
simuladas o inservibles, se disminuye la pena concreta, por única vez, en un
sexto de la pena mínima establecida para el delito.
Si el autor o partícipe o hubiera
reparado espontáneamente el daño o ocasionado o haya devuelto el bien, en igual
estado de conservación, al agraviado, se disminuye la pena concreta, por única
vez, un séptimo de la pena mínima establecida para el delito.
Lo antes señalado no se aplica en los
casos de los artículos 189, tercer párrafo, 200 noveno párrafo, 204, numeral 10.
Tampoco procede si el agente es reincidente o habitual.
-Se tipifica el delito de afectación al
sistema de vigilancia electrónica personal (Art. 413 A del Código Penal),
reprimiéndose con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4
años, al que estando legalmente procesado o condenado bajo la aplicación de la vigilancia
electrónica personal, daña, destruye o inutiliza el dispositivo electrónico que
porta, o bloquea o altera su funcionamiento, para dificultar su ubicación,
sustraerse a la persecución penal o a la ejecución de una pena u otra medida
ordenada por la justicia.
-Se incorpora el artículo 268 A al CPP2004,
para establecer la vigilancia electrónica personal de carácter preventivo, en
delitos cuya pena no sea superior a 7 años.
-Se modifican artículos 44, 45 y 47 del
Código de Ejecución Penal.
-Se modifica los artículos 4 y 5 del
Decreto Legislativo 1322, que regula la vigilancia electrónica personal.
-Se modifica la Ley N° 30219, que regula
el beneficio de salida del país para extranjeros y se modifica diversos
artículos del Decreto Legislativo N° 703, Ley de Extranjería.
-Incorporan artículo 5A al Decreto Legislativo
1322, que regula la vigilancia electrónica personal.
-Las modificaciones rigen desde el día
siguiente de la publicación del Decreto Legislativo, salvo artículos 5 y 10
(sobre vigilancia electrónica personal), que entran en vigencia a los 120 días
calendarios de su publicación.
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se ha sopesado
en su real magnitud la protección a la seguridad ciudadana?
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2237339-3
En resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Apelación N° 292-2023, se declara infundado un recurso de apelación presentado por un procesado, contra una resolución que declaró fundado una prolongación de prisión preventiva en su contra, en una investigación por violación sexual.
La Corte Suprema, se pronuncia en el
caso sobre los requisitos para la prolongación de la prisión preventiva.
Así mismo se pronuncia sobre la revisión
periódica de oficio de la prisión preventiva a la que se ha referido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Peruano (Expediente
3248-2019-PHC/TC: Caso Yoshiyama Tanaca, doctrina vinculante).
Según la Corte Suprema, la obligación de
la revisión periódica incluso de oficio de la prisión preventiva “debe ser casuística,
no solo aritmética; será el caso concreto el que determine la intensidad o
frecuencia de esta revisión; pues, este razonamiento lineal corresponde siempre
que no existe en el Código Procesal Penal algún mecanismo en concreto, o en el
caso en específico se evidencie en el expediente que no existe ninguna posibilidad
de que la parte lo pida, se trate de un imputado en condición de vulnerabilidad
o el juez de garantías, tenga la certeza, por la dinámica procesal de la existencia
de elementos materiales de investigación que hubieran modificado (rebuc sic stantibus),
las condiciones por las que se emitió la prisión preventiva; porque si el legislador
ha previsto que la parte lo puede pedir, entonces, la obligación del Juez de
revisar de oficio las prisiones preventivas, aunque no se excluye su
funcionalidad y validez constitucional, sólo sería factible si el código no lo
permitiera, pero la normatividad adjetiva
peruana lo permite, y no sólo lo permite,
sino que además ha consignado que puede pedir la variación o el cese las veces
que lo requiera; no existe impedimento alguno para ello” (F.17)
¿Choque de trenes?
Aquí puede encontrarse la referida resolución:
Se ha publicado recientemente en la página web del Poder Judicial una resolución emitida en la Apelación N° 251-2022-Suprema, sobre control de plazo.
La Corte Suprema declara infundado el
recurso de apelación, señalando que en el artículo 334.2 del CPP2004 no se ha
fijado un plazo objetivo e identificado (legal) de las investigaciones
complejas, señalado en meses o días, estipulándose que “el fiscal podrá fijar
un plazo distinto, según las características, complejidad y circunstancias de
los hechos objeto de investigación”. Agrega la Corte Suprema que, corresponde
al Fiscal, desde una perspectiva discrecional, pero siempre con un criterio
razonado, en función al alcance y naturaleza de las diligencias preliminares,
fijar por razones de seguridad jurídica un plazo preciso, identificado en un número
de meses. (F.4)
En el caso, el Fiscal fijó un plazo
superior a los 8 meses de diligencias preliminares en una investigación compleja,
ante lo cual se presentó un pedido de control de plazo, sin embargo, la Corte
Suprema declara sin objeto pronunciarse en este extremo (sustracción de la
materia), pues al momento de la apelación ya se había dispuesto la conclusión
de la investigación preparatoria.
Por otro lado, la Corte Suprema declara
infundado el pedido de nulidad de las actuaciones realizadas, pues, indica que “no
es posible declarar la nulidad de las actuaciones realizadas tras vencerse el
plazo por imperio del articulo 144 del Código Procesal Penal, porque se trata
de un plazo impropio – su fin es regular la actividad de los fiscales y jueces
en cumplimiento de sus atribuciones en el proceso, y que su por su propia
naturaleza su incumplimiento no generar preclusión o caducidad ni nulidad alguna
(Se cita auto de apelación supremo 199-2022/Selva Central) (F.6).
Aquí puede encontrarse la referida
resolución:
Se publica hoy 14 de noviembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31932, que modifica la ley N° 28970, que crea el Registro de deudores alimentarios morosos, a fin de disponer la inscripción del deudor alimentario moroso a solicitud de parte.
Se incorpora el acápite 4.6 a la
referida ley, para establecerse que “en caso de haberse vencido el plazo de
tres días sin que órgano jurisdiccional competente haya ordenado la inscripción
en el Registro de Deudores Alimentarios morosos (REDAM), dicha inscripción se realizará
al día siguiente, a solicitud de parte interesada, adjuntando el mandato no tramitado
y copia certificada de la resolución judicial, consentida o ejecutoriada, que
declara a la parte demandada deudora alimentaria morosa”
Así mismo, se establece que recibida la
solicitud, se remitirá copia de la misma a la ODECMA, o la que haga sus veces,
para las acciones correspondientes, de acuerdo a sus competencias.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida Ley:
https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/VisorPDF
El 11 de noviembre de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 367-2023-MIMP, que dispone la publicación del Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, en el Diario Oficial El Peruano
no se publica el referido Proyecto, dándose a entender que se publicará en la
sede digital del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (www.gob.pe/mimp)
Se concede un plazo de 10 días
calendario desde la publicación de la Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano, a efectos de recibir sugerencias, comentarios o recomendaciones.
He ingresado a la página antes indicada
y no encuentro el referido Proyecto.
Sería mejor que el Proyecto sea
publicado también en el mismo Diario Oficial El Peruano, a fin de facilitar la
finalidad de su publicación.
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2233765-1
Se ha publicado recientemente una importante sentencia emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Recurso de Nulidad No. 387-2022-Lima Este, en un caso de secuestro y violación sexual en agravio de una mujer.
Se
desarrolla aspectos referidos a la violencia contra las mujeres por razones de
género y los delitos vinculados a este tipo de violencia, así como la
desaparición de las mujeres cometidos por particulares en conexión con los
delitos de Secuestro y violación sexual.
Para
resolver el caso se cita a la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW),
la Convención do Belem do Para, la Convención de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del 2011
(Convención de Estambul), el Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM, de la
Defensoría del Pueblo del Perú.
Así
mismo se cita a la Casación N° 851-2018-Puno, donde se señala se caracterizó
algunos de los estereotipos advertidos por la doctrina que suelen ser
utilizados para justificar la violencia contra las mujeres.
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
Se publica hoy 31 de octubre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano dos leyes importantes:
-Ley
N° 31916: Autoriza el nombramiento automático gradual y progresivo de los
trabajadores asistenciales de las CLAS en el Ministerio de Salud, sus organismos
públicos y los gobiernos regionales.
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2230194-2
-Ley
N°31917: Ley de transporte público de persona en vehículos menores categoría
vehicular L5 (mototaxis).
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2230194-2
Aquí
puede encontrar el enlace de acceso a las referidas leyes:
Importante sentencia del Tribunal Constitucional peruano, que desarrolla los aspectos a tener en cuenta cuando los miembros de la Policía Nacional realizan un control de identidad, al amparo del artículo 205 del Código Procesal Penal de 2004.
Se
declara fundado habeas corpus al considerar que dos efectivos policiales violaron
la libertad personal de dos personas, en el marco de una intervención policial,
por presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, por no mostrar
su DNI.
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
Ley N° 31913: Ley que modifica la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con la finalidad de crear la Gerencia Regional del Riesgo de Desastres.
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2229721-1
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2229721-2
Se publicó ayer 26 de octubre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31909 que condona y reduce multas derivadas de elecciones llevadas a cabo durante la emergencia sanitaria por el COVID 19.
Además, se modifica el
inciso c del artículo 390 de la Lye 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Deja de
ser delito el accionar de los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados
públicos que no exijan la presentación del Documento Nacional de Identidad con
la CONSTANCIA DE SUFRAGIO, a fin de identificar a quienes intentan realizar
actos que requieran tal presentación. Sin embargo, sigue siendo delito si no se
exige el DNI para identificar a quienes intenten realizar actos que requieran
tal presentación.
Se deroga el artículo 29 de
la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro de Identificación y Estado Civil.
Aquí se puede encontrar el
enlace de acceso a la referida ley:
En interesante sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República (casación N° 2564-2021-Tumbes), se declara infundado un recurso de Casación presentado por un procesado por el delito de Proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes (Art. 183 B del Código Penal).
Se desarrolla el “engaño”
al que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo, cuando el o la
agraviada tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.
Respecto al engaño se
señala que se trata “de un fraude o mecanismo fraudulento, de
una simulación –creación de una apariencia de verdad o afirmación de una falsedad–,
por el que, primero, el agente se contacta con la víctima, y, segundo, procura
hacerla incurrir en error y convencerla bajo una oferta determinada, como sería
obtener dinero u otros bienes materiales –mejorar su vida–, para que realice
las conductas sexuales que le pide. La idoneidad o relevancia del engaño,
obviamente, exige acudir a una persona media y, luego, a las circunstancias
concretas del sujeto pasivo especifico al que va dirigido: una adolescente en
el presente caso, que, a mayor abundamiento, como conocía el imputado, era
especialmente vulnerable por su condición social y familiar –su padre no la
acudía económicamente y estaba ausente–
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
En interesante sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 2466-2021-San Martín se desarrolla el tema referido a los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar quiénes son los terceros civilmente responsables.
Señala la Corte Suprema que en el
Código Penal no se señalan los criterios de imputación jurídica para determinar
a los terceros civiles, por lo que para ello se debe acudir al Código Civil y a
las leyes especiales que regula la materia (F.3)
En el caso se declara infundado un
Recurso de Casación presentado por una Red Asistencial de ESSALUD, contra una
sentencia que la consideró tercero civilmente responsable en un caso donde se condenó
por Homicidio Culposo a médicos de tal entidad, por la muerte de una paciente a
la cual no se le atendió adecuadamente.
Se considera que la responsabilidad
civil del empleador es una responsabilidad civil del superior, éste responde
por el daño que su subordinado ocasionó. Se trata de responsabilidad por el
hecho de otro (responsabilidad vicaria), siendo aplicable el artículo 1981 del
Código Civil. Se está ante una responsabilidad objetiva (F.6)
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida resolución:
En Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano publicada ayer 18 de octubre de 2023 se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1578, que modifica artículos del Código Penal, con el objeto, según se señala, de fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de equipos terminales móviles y delitos conexos.
Se modifican los artículos 189, 194 y
222 A del Código Penal.
Se incorporan al Código Penal dos
nuevos delitos:
-Art. 222 B del Código Penal: Posesión
ilegítima del SIM cards activados.
-Art. 222 C del Código Penal:
Comercialización de equipos terminales móviles con IMEI lógico o físico
alterado, reemplazado, duplicado.
Estas modificaciones están vigentes
desde hoy 19 de octubre de 2023.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2226413-1
En interesante sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República se declara fundado un recurso de apelación presentada contra la condena de un absuelto.
Este
es uno de los casos en que la entidad suprema conoce una apelación, en
aplicación de lo prescrito en el artículo 425.3.c del Código PP2004, con la
modificación introducida por la ley N° 31592.
En
el caso se absolvió en primera instancia a una procesada por Tráfico Ilícito de
drogas. En segunda instancia se la condenó. Ante la apelación de la condenada
la Corte Suprema declara fundado el recurso de apelación y la absuelve al considerar
que existe duda razonable.
La
Corte Suprema hace un análisis de los indicios y contraindicios que existen en
el caso, para finalmente absolver a la procesada.
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
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