Se ha publicado en la página Web del Poder Judicial los Acuerdos Plenario siguientes:
-Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112: Determinación
de la pena, problemas contemporáneos y alternativas inmediatas.
-Acuerdo Plenario N° 2.A-2023/CIJ-112: Delitos
ambientales e informe técnico.
-Acuerdo Plenario N° 2.B-2023/CIJ-112: Delitos
ambientales, diferencia entre infracción administrativa y delito de
contaminación ambiental.
En resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Apelación N° 95-2023/Del Santa, se declara infundado el recurso de apelación presentado por un investigado contra una resolución que declaró infundado un requerimiento de tutela de derechos, que buscaba la exclusión de una declaración de un testigo con reserva que fue recibida sin notificación previa a la defensa del investigado, por lo que se señalaba sería una prueba ilícita.
En el caso, un testigo con reserva se
presentó espontáneamente a la Fiscalía solicitando se reciba su declaración, la
cual fue recibida, sin notificar previamente a la parte investigada. Este hecho
fue cuestionado por la defensa del investigado, quien consideraba que se estaba
ante una prueba ilícita (se habría vulnerado el derecho a la defensa) y
solicita la nulidad y exclusión del acta.
La Corte Suprema declara infundado el
recurso de apelación, al considerar, que, si bien el ordenamiento procesal
reconoce el principio de emplazamiento de los sujetos procesales y la
posibilidad de contradicción en la realización de los actos de investigación,
esto no es absoluto y cede en circunstancias excepcionales, como son los casos
en que existe un testimonio espontáneo que resulta imperativo recibir
(Art.164.2 del CPP2004), así como los actos de investigación urgentes e
inaplazables.
En el caso, la Corte Suprema considera
que la recepción de la declaración del testigo que se presentó espontáneamente
es regular, válida y ha de servir para las actuaciones propias de la
investigación (F.11). Así mismo, señala, “que, ante déficits de contradicción,
la nulidad no puede ser la consecuencia necesaria, puede ser colmado con
ampliaciones de diligencia, y de ser el caso a través de actos de prueba, o en
particular, la actuación del testigo en el juicio oral, donde naturalmente el
derecho a contradecir despliega todos sus efectos” (F.14)
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso
a la referida resolución:
Se publica hoy 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31968, Ley de Justicia itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad.
-Se señala que el objeto de la ley es
regular la implementación de justicia itinerante en materia de violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación
extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos,
o de rectificación de actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción, con la
finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad en los lugares de escasos recursos económicos o en
situación de pobreza o pobreza extrema.
-Se señalan principios (accesibilidad,
celeridad y prioridad, gratuidad, oralidad y sencillez, proximidad, lenguaje jurídico
comprensible) y enfoques (derechos humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad,
discapacidad) que deberán tenerse en cuenta para la aplicación de la ley.
-Se establecen criterios para la
ubicación geográfica de la justicia itinerante e identificación de la población
beneficiaria.
-Se señalan disposiciones respecto a los
elementos y etapas del proceso.
-Se establecen responsabilidades
sectoriales del Poder Judicial, MIDIS, INEI, MINJUS, MIMP, MINSA, Ministerio
Público, RENIEC, Gobiernos Locales, Colegios profesionales de abogados y de
notarios, otros colegios profesionales, universidades.
-Se señala que el servicio de justicia
itinerante se desarrolla en coordinación con las autoridades de las comunidades
campesinas y nativas (de conformidad con el artículo 149 de la CP1993).
Importante ley a favor de las personas que
por diversas circunstancias o aspectos se encuentran en un estado de vulnerabilidad
y que requieren de medidas de promoción para que puedan hacer efectivo su
derecho de acceso a la justicia, a la tutela procesa efectiva.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2248826-1
El 21 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial El Peruano se publicó diversos Decretos Legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo del Perú, en el marco de la delegación de facultades legislativas que se realizó mediante Ley N° 31880.
Una de las materias de delegación señaladas
en la Ley N° 31880, fue la seguridad ciudadana (lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado), específicamente el modificar el Código Procesal Penal de
2004 “con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación
del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio
Público, salvaguardando las atribuciones que la Constitución Política del Perú
otorga a cada institución, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos
159,4 y 166”.
Entre los Decretos Legislativos emitidos
está el 1605 (El Peruano, 21/12/2023), que ha modificado diversos artículos del
Código Procesal Penal de 2004.
Algunas modificaciones son positivas,
pues, han precisado algunos artículos del referido Código, concordándolo con
modificaciones realizadas a la Constitución Política, como el establecer que el
plazo de detención policial en flagrancia es hasta 48 horas (se señalaba 24 hora aún en el Código}. Así mismo, establecer plazos de 24 horas para requerir y
resolver el levantamiento del secreto de comunicaciones y bancarios, en determinados
supuestos de gravedad; también, ampliar a 10 días hábiles el plazo para la
observación al informe pericial oficial (antes se decía solo 5 días, a secas). Establecer
que en la audiencia única de proceso inmediato también deberá existir
pronunciamiento de ser el caso, sobre la procedencia de la constitución de las
partes procesales.
Sin embargo, hay otras modificaciones
que resucitan facultades de la Policía Nacional que fueron soslayadas con el
Código Procesal Penal de 2004. Así, en el artículo 332 se establece que el
informe policial debe contener, entre otros, los delitos presuntamente
cometidos, así como los grados de presunta autoría y participación. Si bien, en
el mismo artículo se establece que el informe policial no es vinculante para el
Fiscal, se viene cuestionando la constitucionalidad de este dispositivo y otros,
por considerar que afectan la función constitucional del Ministerio Público de
conducir desde un inicio la investigación del delito, con tal propósito la
Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en
el ámbito de su función.
En los próximos días seguramente habrá novedades
al respecto, pues, se anuncian desde diferentes instituciones la posibilidad de
presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de ello, las autoridades inmersas
en garantizar la seguridad ciudadana deberían seguir trabajando, con el único objetivo
de cautelar los derechos fundamentales de la población.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo 1605:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2246611-4
En resolución emitida por la Corte Suprema de la República del Perú, en la Casación N° 2661-2021/Puno, se pronuncia sobre un tema referido a un reexamen de incautación en un caso de lavado de activos.
En el caso, un representante del
Ministerio Público presentó un recurso de Casación contra un auto emitido por
una Sala Penal, que declaró fundado el reexamen de incautación presentado por
unos investigados, respecto a un inmueble, y como consecuencia de ello, dispuso
su devolución.
La Corte Suprema considera que el auto
que declaró fundado el reexamen de la incautación vulneró las garantías
jurisdiccionales de obtener una resolución de fondo fundada en derecho y la
debida motivación, pues, no tuvo en cuenta que el delito de lavado de activos
es un delito autónomo, por lo que no importa que los delitos que se atribuyó a
los investigados hayan sido archivados.
Así mismo, si bien se habría archivado
una investigación por defraudación tributaria contra los investigados por haber
realizado una regularización tributaria, la Corte Suprema, citando a la Casación
N° 775-2021/Puno, señala que “la regularización tributaria es una causa
material de exclusión de punibilidad ex post factum y provoca efectos liberatorios de la sanción
penal sobre el delito de defraudación tributaria (de conformidad con el Acuerdo
Plenario 2-2009/CJ/116), empero, la conducta típica, antijurídica y culpable de
estos delitos no se elimina por la presencia de una regularización tributaria,
solo elimina su punibilidad, por lo que tal situación no impide considerar la
defraudación tributaria como una actividad criminal previa del delito de lavado
de activos” (F.17)
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a esta interesante resolución:
El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1618, cuyo objeto es, según se señala en su artículo 1, establecer disposiciones de carácter excepcional y temporal (hasta el 31 de diciembre de 2025), respecto a medidas excepcionales de remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios, con la finalidad de impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el Expediente N° 05436-2014-PHC/TC (declaró estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento de los Establecimientos Penitenciarios.
-Se establece dos supuestos de remisión
condicional de la pena:
1) Cuando se hubiera impuesto a una
persona una pena privativa de libertad no mayor de cinco años, se encuentre en
la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario
y que presenten 2 evaluaciones semestrales favorables.
2)Cuando se le hubiere impuesto a una persona
una pena privativa de libertad efectiva no mayor de siete años, que hayan
cumplido la mitad de la pena impuesta y se encuentra ubicados en las etapas de
tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y que
presenten dos evaluaciones semestrales favorables.
-Se establece que al dictar la remisión
condicional de la pena, el Juez, suspende la ejecución de la pena privativa de
libertad e impone reglas de conducta (las del art. 58 del Código Penal,
preferentemente el reporte virtual o presencial ante el Juez), por el plazo que
falte por cumplir.
-Se establecen lista de delitos en los
cuales no procede la remisión de la pena, así como reglas para la impugnación y
revocación del auto que se pronuncia sobre la remisión condicional de la pena.
-Se regula un procedimiento simplificado
para la evaluación de los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad
condicional. (El Director del Establecimiento Penitenciario, de oficio, conforma
expedientes electrónicos, el Juez evalúa si cuenta con toda la documentación
pertinente en el plazo de un día, de ser así convoca a audiencia única e inaplazable
que se realiza con la interna o interno (no se menciona al Fiscal?). Contra la
resolución de otorgamiento de semilibertad o liberación condicional procede
apelación en el plazo de dos días hábiles (¿y contra la que deniega?)
-Se establece un procedimiento especial
para la ejecución de medidas excepcionales (INPE y Ministerio de Justicia debe
remitir lista nominal de internos e internas que cumplan con condiciones para acceder
a medidas establecidas en la norma, los cuales son remitidos a los Jueces de
Investigación Preparatoria que los traslada a su homólogo del Ministerio
Público, quien en un plazo improrrogable de 10 días hábiles emite y traslada la
correspondiente disposición de conformidad de egreso u oposición al mismo;
luego, el Juez, con la razón del especialista judicial(¿?) de haberse
verificado que el interno o interna se encuentra o no en los supuestos de la
norma, así como los expedientes judiciales y juzgados de origen, emite la
resolución judicial correspondiente de remisión condicional de la pena
privativa de libertad efectiva por la suspensión de ejecución (¿sin audiencia?)
debiendo notificarse al INPE, en el plazo de 24 horas)
-Se establece que la producción que
tenga cada Juez y Fiscal, como consecuencia de la aplicación de la norma, debe
ser valorada en el desempeño de los magistrados.
Debe tenerse cuidado en la aplicación de
este dispositivo legal, pues, si bien su objeto, según se señala en el artículo
1 es lograr el deshacinamiento penitenciario, en aplicación de una sentencia
del Tribunal Constitucional, esto no puede darse a toda costa, con
disposiciones de dudosa constitucionalidad.
Parece que tenemos un Penélope legislativo,
pues, por un lado se emiten disposiciones incrementando penas, en aras de
proteger la seguridad ciudadana, sin embargo, por otro lado, se establecen
disposiciones que parecen promover la liberación de internos, sin un control adecuado
por parte de los organismos competentes (que puede afectar la seguridad ciudadana).
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2247004-2
El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1616, que tiene por objeto, según se señala en su artículo 1, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y la tenencia, fabricación y comercialización de armas y municiones.
Se modifica el artículo 279 G del Código
Penal, aumentando las penas en las modalidades típicas allí establecidas.
Se establece una agravante cuando el
agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal o banda
criminal.
Se agrega la inhabilitación contenida en
el artículo 36.6 del Código Penal como pena a imponer a quien cometa alguna de
las modalidades delictivas establecidas en el artículo 279 G del Código Penal.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo.
El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1617, que tiene por objeto, según se señala en su artículo 1, regular el procedimiento administrativo disciplinario inmediato, con la finalidad de promover sanciones oportunas y eficaces contra las faltas disciplinarias cometidas por servidores/as penitenciarios y fortalecer la lucha contra la corrupción en el Sistema Nacional Penitenciario.
-Se regulan los supuestos de aplicación
del procedimiento administrativo disciplinario inmediato (falta disciplinaria
flagrante, suficiencia de elementos de convicción o medios probatorios, confesión)
-Se regulan las etapas con sus
respectivos plazos del procedimiento administrativo disciplinario inmediato
(Etapa de instrucción inmediata, etapa decisoria).
-Se regulan los recursos impugnativos (apelación)
y medidas cautelares (separación de funciones y suspensión de temporal del
servicio), que pueden imponerse.
-Se modifican los artículos 45.2, 50.4,
53.1, 59 y 60 de la Ley N° 29799, Ley de la Carrera Especial Pública penitenciaria.
-Se establece que el presente Decreto
Legislativo entrará en vigencia a los 90 días calendarios siguientes a su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso al referido Decreto Legislativo:
https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/VisorPDF
Se publica hoy 21 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1602.
-Se señala que el objeto del Decreto
Legislativo es modificar la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, para fortalecer
la gestión pública a través del tránsito de las entidades públicas al régimen
del servicio civil, promover el acceso meritocrático de los servidores civiles
a dicho régimen.
-Modifican los artículos 24, 84, 95 y la
Cuarta y Quinta Disposiciones complementarias Transitorias de la Ley 30057, Ley
del Servicio Civil.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso
a la referida Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2246611-1
Se publica hoy 21 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativos 1611.
-Se señala que su objeto es
aprobar medidas especiales para la prevención e investigación del delito de
extorsión y delitos conexos.
-Se establecen disposiciones
a tener en cuenta por el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y otras
entidades.
-Se modifica los tipos penales
de Extorsión y Organización Criminal, establecidos en los artículos 200 y 317
del Código Penal, respectivamente.
-Se modifica el artículo 341
del Código Procesal Penal de 2004, respecto al Agente Encubierto, Agente
especial, agente revelador, agente virtual e informante o confidente.
Aquí puede encontrarse el
enlace de acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2246611-10
Ayer 18 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31960, que modifica el artículo 566 A del Código Procesal Civil peruano y el artículo 446 del Código Procesal Peruano.
-Se modifica el artículo 566A del Código
Procesal Civil, para establecer que el Juez de oficio y bajo responsabilidad, remitirá
copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Fiscal Provincial
de Turno, si es que el obligado no cumple con el pago de los alimentos, luego
de haber sido notificado para la ejecución de la sentencia firme. Sin embargo,
esto se hará previa liquidación correspondiente, el requerimiento de
cumplimiento de pago y el consentimiento expreso del representante procesal del
menor alimentista.
-Se modifica el artículo 446
del Código Procesal Penal, incorporando el literal d, al numeral 1 y
modificando el numeral 4. En el literal d, del numeral 1 se señala como si
fuera un nuevo supuesto de proceso inmediato, cuando se reciba del juez competente
copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para “acusar” al
deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de prestación de
alimentos.
¿Cuál es el cambio trascendente
con la modificación al artículo 446 del Código Procesal Penal? Antes de la
modificación y luego de ella igual existe la obligación del Fiscal de incoar
proceso inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar. Se
utiliza indebidamente la palabra acusar, cuando debería ser investigar.
¿Es positiva la modificación
del artículo 566 A del Código Procesal Civil?
Aquí puede encontrarse el
enlace de acceso a la referida Ley:
Ayer 18 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1596, que:
-Modifica los Decretos Legislativos N° 1338
(Crea el Registro de terminales móviles para la seguridad), el N° 1215 (que brinda
las facilidades a los ciudadanos para la recuperación de bienes perdidos o
sustraídos de su posesión).
-Incorpora un nuevo delito al Código
Penal peruano, el 222B, denominado: “Posesión ilegítima de dispositivos para
adulterar, reemplazar, duplicar o modificar IMEI”
-La redacción del nuevo tipo penal es la
siguiente:
“El que posea dispositivos, aparatos, herramientas,
instrumentos o programas informáticos con la finalidad de ser utilizados en la adulteración,
reemplazo, duplicación, modificación de IMEI lógico o físico de terminales
móviles de comunicación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo
36.
La misma pena se aplica al que, promueva,
facilite o financie la obtención de los aparatos, herramientas, instrumentos o
programas informáticos para la finalidad señalada para el primer párrafo”
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida resolución:
Se ha publicado recientemente en la página web del Poder Judicial los Acuerdos Plenarios N° 4-2023 y 7-2023.
En los referidos Acuerdos Plenarios se
aborda aspectos referidos a la Trata de Personas (Acuerdo Plenario 4-2023) y el
Sobreseimiento (Acuerdo Plenario 7-2023)
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a los referidos Acuerdos Plenarios.
-Acuerdo Plenario 4-2023:
-Acuerdo Plenario 7-2023
Ayer 14 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1592, que modifica el Decreto Legislativo N° 1241 (que fortalece la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas) y el Código Penal.
-Se modifican los artículos 2, 3, 4, 5,
9, 13, 14, 15 y 19 del Decreto Legislativo N° 1241.
-Se modifican los artículos 296, 297 y
298 del Código Penal.
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida resolución:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2244234-2
Se publica hoy 13 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1591, que modifica la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
-Se señala que el objeto de la ley es
promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por niñas,
niños y adolescentes.
-Se modifica el artículo 5 de la Ley 30096,
incrementándose la pena en el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes
con fines sexuales por medios tecnológicos, en el supuesto que tengan menos de
catorce años (la pena será no menor de seis ni mayor de nueve años). Además, se
agrega la pena de inhabilitación a quienes cometan cualquiera de las modalidades
del referido delito, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
-Se modifica el artículo 9 de la Ley N°
30096 (delito de suplantación de identidad), agregándose que el perjuicio para
la configuración del delito puede ser de cualquier índole. Se agrega un párrafo
al referido artículo, estableciéndose que la pena privativa de la libertad será
no menor de 6 ni mayor de 9 años, cuando se suplante la identidad de una
persona menor de 18 años y resulte algún perjuicio material, moral o de
cualquier otra índole.
-Se modifican la segunda y tercera
disposición complementaria de la Ley N° 30096.
-Se establece en una disposición final
la improcedencia de reducción de pena para supuestos de confesión sincera,
terminación y conclusión anticipada (artículos 161, 471 y 372 del CPP2004), para
el delito de Proposición de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por
medios tecnológicos (artículo 5 de la Ley N° 30096).
-Se establece, también, la improcedencia
de los beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo y educación,
así como de semilibertad y liberación condicional, para el delito de
Proposición de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos
(artículo 5 de la Ley N° 30096).
Aquí puede encontrarse el enlace de
acceso a la referida Ley:
Aquí puede encontrarse el auto emitido por el Tribunal Constitucional peruano que dispone la inmediata libertad del Ex presidente Alberto Fujimori.
En
la referida resolución, el TC reconoce que existe una obligación del Estado de
cumplir las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en todo caso en que sea parte. Sin embargo, señala que queda fuera de la competencia
de la Corte ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia,
no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional.
Según
el TC, la Corte, en todo caso, queda facultada para dejar constancia en una
resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera
el caso, informar a la OEA (F.27-28)
Aquí
puede encontrarse el referido auto:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/02010-2020-HC%20Reposicion.pdf
Ayer, en Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1589, cuyo objetivo y finalidad, según se señala en su artículo 1, es garantizar la seguridad y la tranquilidad pública.
-Se
modifican los artículos 283 y 315 del Código Penal, que regulan los delitos de Entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos y Disturbios, respectivamente.
-Se
incorporan al Código Penal los artículos 283A y 315A, que tipifican dos nuevos
delitos: Colaboración al delito de Entorpecimiento al funcionamiento de los
servicios públicos y Colaboración al delito de disturbios, respectivamente.
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso al referido Decreto Legislativo:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2241404-1
En esta sentencia se declara fundado un recurso de Casación presentado contra la resolución de una Sala que revocó un auto de primera instancia (que impuso prisión preventiva), y sólo impuso comparecencia con restricciones a un procesado.
Se
considera que se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones
judicial (Art. 139.5 de la C.P.1993), pues, en la resolución impugnada no se tuvo
en cuenta que se estaba ante un concurso real de delitos (en cuyo caso se suman
las penas), entre los delitos de resistencia a la autoridad agravada tipificado
en el artículo 365, concordante con el artículo 367, segundo párrafo numeral 3
(se agredió físicamente a un fiscal en el ejercicio de sus funciones) y el
delito de agresiones a integrantes del grupo familiar, tipificado en el
artículo 122 B del Código Penal (procesado había agredido a su conviviente).
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
Entradas
Comentarios
Entradas
Comentarios
