En sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 164-2019, se declara fundado el recurso de Casación presentada por la Procuradora Pública Antidrogas, contra la decisión de una Sala, de inadmitir su petición de constituirse en actor civil, por no haber anexado a su DNI.
Aquí se puede encontrar la referida resolución:
En sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Peruano, en el Expediente Nº 3941-2021-PHC/TC, se declara improcedente una demanda de habeas corpus incoada contra los jueces que emitieron una sentencia por delito de robo agravado, por no haberse resuelto aún el Recurso de Casación presentado por el procesado contra la misma.
El TC adopta esta decisión en atención a lo prescrito en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, según el cual “el habeas corpus de una resolución judicial requiere que ésta tenga la condición de firme, es decir que se hayan agotado los recursos internos previstos en el proceso penal para su reversión” (F.9). Así mismo, en atención a lo señalado en el artículo 427, inciso 1 e inciso 2, literal b del C.P.P de 2004, según el cual “contra la sentencia de vista cuyo delito más grave materia de acusación tenga en su extremo mínimo una pena privativa de libertad mayor a seis años procede la interposición del recurso de Casación” (F.10)
En el caso, estaba pendiente aún la resolución del Recurso de Casación presentado por el procesado, por lo que se declara improcedente el habeas corpus.
Ayer 13 de abril de 2022, en Edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se publicó la Ley Nº 31451, que modifica los artículos 53 y 63 de la Ley Nº 29944, para establecer que la CTS que se otorgará al profesor al momento de su cese será del 100% de su Remuneración Integra Mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales.
Así mismo, con la modificación, el retiro de la carrera pública magisterial por límite de edad será el 31 de diciembre del año en el cual el servidor
cumpla 65 años de edad.
Aquí puede encontrarse la referida Ley:
Se publica hoy 14 de abril de 2022 en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 31452, que exonera del I.G.V, hasta el 31 de julio de 2022, la venta en el país o importación de bienes que conforman la canasta básica familiar.
Se dispone que la vigencia de esta ley sea a partir del primer día
del mes siguiente a la fecha de su publicación (es decir, desde el 1 de mayo
del presente año).
Aquí puede encontrarse la referida ley:
En sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en la Casaciòn Nº 23-2021, se señala que en el proceso inmediato también se suspende la prescripción de la acción penal, pero, una vez realizada la acusación (la cual es presentada luego que el Juez de Investigación Preparatoria, pronuncia la decisión que dispone la incoación del referido proceso).
También, la entidad suprema señala que desde la garantía de la
tutela jurisdiccional el actor civil tiene expedido su derecho al resarcimiento
y al respeto a la legalidad, por lo que tiene legitimidad para reclamar cuando el
argumento del Fiscal Superior para desistirse de una apelación presentada por
el Fiscal Provincial, no es legal. (Fundamento de derecho quinto).
Aquí puede encontrarse la referida resolución:
En sentencia emitida en la Casación Nº 2154-2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara fundada el recurso de Casación presentado por una persona procesada por el delito de desobediencia a la autoridad, a quien se imputó que en calidad de encargada del cumplimiento de las sentencias judiciales de la ONP, realizó conductas omisivas frente a la resolución de un Juzgado Laboral, que dispuso que dentro de diez días la referida entidad cumpla con los términos emitidos en una sentencia. (Fundamento de Hecho cuarto).
De la revisión de la sentencia se tiene que la procesada presentó
una cuestión previa, al considerar que el Fiscal omitió cumplir el requisito de
procedibilidad establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 28040, según el cual, en
toda denuncia penal en materia previsional, sobre hechos y la responsabilidad
de sus funcionarios y servidores públicos, incluso cuando hayan cesado, el
Ministerio Público o Policía Nacional que conozca de la misma, debe requerir un
informe técnico jurídico emitido por la respectiva entidad competente en tal
materia, dentro de los 15 días hábiles de conocida, para efectos de calificación
o archivo.
Una Sala de apelaciones declaró infundada la cuestión previa.
Presentado recurso de Casación contra esta decisión, la Corte
Suprema concluye que el artículo 3 de la Ley 28040, “es propiamente un requisito
de procedibilidad, un trámite más impuesto en delitos contra agentes oficiales
de la ONP, y al no haberse procedido de eso modo, al no haberse escuchado a la ONP,
acerca de la denuncia
contra un funcionario público –sin tener a la vista la posición institucional
de ese órgano público técnico del Estado–, es de rigor amparar la cuestión
previa deducida” (Fundamento de derecho quinto).
En
mérito a ello, se declara fundado el recurso de Casación, casaron el auto de
vista y confirmaron el auto de primera instancia que declarado fundada la cuestión
previa.
Aquí puede encontrarse la referida resolución:
En sentencia emitida por el TC en el Expediente Nº 102-2021-PA/TC, hace una diferenciación entre lo que se considera discriminación y diferenciación, señalando que:
“La
jurisprudencia de este tribunal se refiere a dos categorías jurídico constitucionales:
Discriminación y diferenciación. Así, tiene resuelto que la
discriminación es aquel trato diferente y arbitrario que le impide a la persona
acceder a oportunidades esenciales a las que otros, en su misma condición,
tienen acceso (cfr. Sentencia 00090-2004-AA/TC, fundamento 43). La diferenciación,
en cambio, está constitucionalmente permitida siempre y cuando el trato
desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, si tal
desigualdad de trato no resulta razonable ni proporcional, se estará ante una
discriminación, esto es, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente
intolerable (cfr. Sentencia 00048-2004- PI/TC, fundamento 62). (F. 5)
Aquí puede encontrarse la referida
resolución:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/00102-2021-AA.pdf
En sentencia emitida en la Casación Nª 1093-2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara fundado un recurso de Casación presentado por el Ministerio Pùblico, contra una sentencia en la cual se revocó una sentencia condenatoria de primera instancia, para absolver a un procesado, a quien se le imputó haber cometido el delito de actos contrarios al pudor en agravio de su hijastra.
La Corte
Suprema esboza argumentos para considerar que la sugilación que presentó en el
cuello la menor agraviada fue producto de un accionar erótico y no lúdico, por
parte del procesado.
La entidad suprema, señala, que “No
resulta lógico ni casual que un hombre adulto produzca en una menor dicha
lesión, la cual no es consecuencia de un acto lúdico, pues la menor ha negado
tajantemente que el acusado haya sido parte del juego, sino que este irrumpió
cuando la niña jugaba solamente con su hermana de dos años de edad; asimismo,
esta ha negado que la progenitora de ambas estuviera presente. Una sugilación
en el cuello, por sus características y su connotación, no puede ser
considerada como una muestra de cariño a una niña de nueve años de edad,
hijastra del imputado, tanto más si nos atenemos a la reacción de la menor,
quien no recibió apoyo ni protección en ese momento, y fue afectada
psicológicamente por la vivencia que tuvo, que la hizo sentir incómoda, triste,
asustada y amenazada, lo que vulnera su indemnidad sexual. En consecuencia, es
preciso tener en cuenta dichas circunstancias para resolver el caso conforme se
ha resuelto en primera instancia” (Fundamento 2.20)
Se declara fundada la Casación, por
inobservancia del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
y por ilogicidad de la motivación. Se confirma la sentencia condenatoria de
primera instancia.
Aquí puede encontrarse la referida
resolución:
En sentencia emitida en el Recurso e Casación N° 1762-2019-Puno, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundada un recurso de casación presentado por un procesado con responsabilidad restringida, al que se condenó a cadena perpetua, por los delitos de robo y secuestro agravado.
La Corte
Suprema reitera su posición respecto a la reducción de la pena por debajo del
mínimo legal en supuestos de procesados con responsabilidad restringida, en
cualquier delito, citando para tal efecto lo señalado en el Acuerdo Plenario N°
4-2016/CIJ-116, en el que se señala que “no existe justificación
objetiva y razonable en la determinación de diferencias entre la imputabilidad
–que dice de la capacidad del sujeto– y la entidad del delito cometido. Asociar
al artículo 22 del CP una regla de exclusión por razón de la gravedad de un
delito es confundir irracionalmente dos categorías del delito que ocupan planos
distintos: antijuridicidad –en cuanto contrariedad u oposición a la norma
jurídica– y culpabilidad (específicamente: imputabilidad) –que dice de la
capacidad personal del sujeto de poder responder por su acción– [POLAINO
NAVARRETE, MIGUEL: Lecciones de Derecho Penal Parte General, Tomo II, Editorial
Tecnos, Madrid, 2013, pp. 135 y 159]”
(f.4)
Se cambia pena de cadena perpetua
y se impone 35 años de pena privativa de libertad.
Aquí puede encontrarse la referida
resolución:
Se publica hoy 07 de abril de 2022, en el Diario Oficial El Peruano, la ley N° 31439:
-Se modifica artículos 37, 38 y 39 de la Ley 30364 (actualmente estos artículos corresponden a los artículos 52, 53 y 54 del TUO de la Ley 30364, aprobado por Decreto Supremo 004-2020-MIM), para establecer que es obligación del gobernador regional, alcalde provincial y distrital, crear, instalar, convocar y dirigir las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación, respectivamente.
-Incorporan los artículos 39A y 39 B en la Ley 30364, para establecer obligaciones de los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales respecto a la creación, instalación y conducción de sesiones de las instancias de concertación, así como su obligación de dar cuentas sobre tales aspectos en las dos audiencias públicas regionales que deben realizar al año.
-Se modifica artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) y 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), para establecer como supuestos de suspensión en el cargo de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 39 A de la Ley 30364 (obligación de creación, instalación y conducción de sesiones de las instancias de concertación). Aquí puede encontrarse la referida ley:
En la Revisión de sentencia NCPP N° 281-2019-Lambayeque, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señala que es posible realizar un control de determinación de la pena vía revisión de sentencia. Según la referida entidad “Si bien nuestra legislación no observa la posibilidad de atenuar las penas vía revisión de sentencia, la jurisprudencia ya ha ampliado el ámbito de la revisión a casos no previstos expresamente, pero en los que se ha apreciado vulneración al principio de legalidad de las penas” (Véase fundamento décimo).
En el caso, la Corte Suprema declara fundada la demanda de revisión presentada por una persona a la cual se le condenó a 12 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado, sin disminuirle la pena por responsabilidad restringida (tenía 18 años de edad al momento de los hechos). Se le reduce la pena a 7 años de pena privativa de libertad.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
Se modifica el artículo 8 del Reglamento de la Ley 30364, para incorporar como otras modalidades o tipos de violencia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, acoso a través del proceso judicial, desaparición por particulares.
Se señala que “Se entenderá que estamos frente a casos de acoso a través del proceso judicial cuando dentro de procesos judiciales iniciados en el marco de la Ley N° 30364, la persona demandada utiliza indebidamente las herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocional y económicamente a las mujeres”.
Aquí puede encontrarse el referido Decreto:
Aquí puede encontrarse el Decreto Supremo 034-2022-PCM (publicada en Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano del 04 de abril de 2022), que declara la inmovilidad social obligatoria desde las 2.00 a.m. hasta las 23.59 horas de hoy 05 de abril de 2022, en los distritos de Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao.
La Policía Nacional y Fuerzas Armadas deben actuar con suma cautela, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, máxime si ha sido publicado casi a media noche, por lo que, seguramente muchas personas no conocerán su expedición.
En el Expediente N° 3851-2021-PHC/TC-Ancash el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que “el cuestionamiento relacionado con el quiebre de una audiencia del juicio oral, este Tribunal aprecia que esta actuación cuestionada correspondería a incidencias procesales vinculadas a presuntas irregularidades en la tramitación del proceso penal, que tampoco inciden de manera negativa, directa y concreta sobre el derecho a la libertad personal del favorecido” (f. 15)
Por lo que, se declara improcedente la demanda de habeas corpus.
Aquí puede encontrarse la referida resolución:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/03851-2021-HC%20Resolucion.pdf
Aquí puede encontrarse el referido Decreto:
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