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lunes, 6 de noviembre de 2017

La aprobación de leyes mediante la doble votación en el Congreso unicameral peruano.

Luis Martín Lingán Cabrera


En el artículo 73 del Reglamento del Congreso de la República del Perú, se ha instaurado un procedimiento de doble votación de las leyes, señalándose lo siguiente: “El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes etapas: a) Iniciativa legislativa; b) Estudio de comisiones; c)Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el diario oficial El Peruano; d) Debate en el Pleno; e)Aprobación por doble votación; y f) promulgación...”

Asimismo, en el artículo 78 del citado Reglamento se prescribe que “sin el requisito de la doble votación, la Mesa Directiva no puede proseguir el trámite de la ley, ni enviarla al Presidente de la República para su promulgación”

Lo que se busca con la regulación de este procedimiento de doble votación de las leyes es propiciar su mayor estudio y reflexión, evitar que se transformen en leyes iniciativas precipitadas y poco meditadas, asegurando la mejor calidad de las mismas.

Se intenta paliar así uno de los problemas que se atribuye al unicameralismo, de no asegurar una calidad de las leyes por la ausencia de una Cámara de reflexión, como existe en los regímenes bicamerales.

El régimen bicameral es el que ha predominado en la historia constitucional peruana. De las Constituciones Políticas que hemos tenido desde el inicio de nuestra vida republicana, sólo las de 1823, 1867 y 1993 instauraron regímenes unicamerales; la de 1826 instauró un Parlamento con tres cámaras: tribunos, senadores y censores.

La instauración del procedimiento de doble votación de las leyes en el Parlamento es acertada, sin embargo, nos preguntamos
¿se está cumpliendo con este mecanismo o se está exonerando en mayor medida de la segunda votación, lo cual debe ser excepcional? ¿Es suficiente este mecanismo o debe promoverse la existencia de un régimen bicameral?


lunes, 30 de octubre de 2017

¿Puede restablecerse la pena de muerte para los delitos de violación sexual en el Perú?

Luis Martín Lingán Cabrera

Indignación y repudio ha causado la denuncia de violación sexual de una persona de sexo femenino violada mientras desarrollaba sus labores en el marco del Censo Nacional 2017, en el Perú.

El lamentable hecho sucedió hace algunos días y ha generado nuevamente debate sobre la aplicación de pena de muerte para casos de violación sexual en nuestro país.

Sin embargo, como se explicará a continuación, existe un Tratado Internacional suscrito por el Estado peruano que impide aplicar la pena de muerte para los delitos de violación sexual.

Si se revisa el artículo 140 de la vigente Constitución Política peruana de 1993 se verifica que se ha contemplado la aplicación de la pena de muerte para dos delitos: traición a la patria y terrorismo, mas no para supuestos de violación sexual.

Se podría decir que basta reformar el artículo 140 del texto constitucional para agregar los supuestos de violación sexual como pasibles de ser penados con la también denominada pena capital, y el problema estaría solucionado.

Sin embargo, el asunto no es tan fácil, pues el Perú ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que si bien admite la pena de muerte para los delitos más graves, en el artículo 4 prescribe que “no se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” y “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”

Si bien anteriormente se había regulado la pena de muerte para supuestos de violación sexual en nuestro país, actualmente ya no existe ley que posibilite su aplicación para este delito, por lo que en mérito a lo prescrito en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede extenderse su aplicación para el mismo.

Existen personas que plantean que nuestro país denuncie o se aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de que se pueda aplicar la pena de muerte para quienes cometan delito de violación sexual.

Pero, la aprobación de la referida medida, implicará que los peruanos y peruanas se vean impedidos de tener protección de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, si sus derechos no fueron protegidos por la jurisdicción nacional.

Esto debido a que en la Convención Americana de Derechos Humanos se ha regulado las funciones y atribuciones de estos organismos supranacionales de protección de derechos, los cuales pueden intervenir si en la jurisdicción nacional interna no se ha hecho justicia a una persona que denuncia vulneración de sus derechos, al establecerse en el artículo 205 de la Constitución Política peruana, el derecho de acceso a la justicia supranacional.

Por lo que, a fin de no apartarse del sistema de protección regional de derechos humanos (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), y dejar sin posibilidad de defensa a nivel supranacional en caso de violación de derechos, debería buscarse otras medidas para hacer frente a los casos de violación sexual, lo cual no solo implica anunciar medidas desde el punto de vista punitivo, sino elaborar un plan integral, que implique adoptar diversas acciones educativas dirigidas a padres de familia, a maestros, tendientes a orientar de cómo evitar circunstancias riesgosas de ataque sexuales, así como brindar apoyo psicológico a quienes son víctimas de estos hechos, para que no se conviertan en futuros violadores.


jueves, 20 de julio de 2017

Leyes 30609 y 30610

A partir de hoy 20 de julio de 2017 están vigentes los cambios introducidos al Código de Ejecución Penal mediante Ley Nro. 30609 (proscribe beneficios de semilibertad y liberación condicional para delitos lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar-art. 121B del Código Penal, así como violencia sexual -art. 170 al 174, 176-A, 177 del CP.
También a partir de hoy 20 de julio de 2017 están vigentes las modificaciones realizadas al Código Penal respecto al delito de Apología Genérico (Art. 316); así como la introducción del delito de Apología del Terrorismo (Art. 316-A). Respecto a este último delito debe decirse que ya existió un tipo penal en el Decreto Legislativo 25475, que fue cuestionado mediante un proceso de inconstitucionalidad y mereció la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 10-2002/AI7TC.
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/7s3BNLIfqhXB70R-xGYKMj
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html



sábado, 6 de mayo de 2017

El protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del Decreto Legislativo N° 1298 que regula la detención preliminar judicial y la detención judicial en flagrancia

Luis Martín Lingán Cabrera

Según este Protocolo el requerimiento de Detención preliminar judicial se realiza en sobre cerrado. Hay un error cuando en el Sub Proceso 5 se hace referencia a que las requisitorias deben ser renovadas por el Fiscal, pues debe decirse por el Juez. 

En esta dirección se podrá encontrar el texto del mismo https://www.minjus.gob.pe/…/Protocolo-de-Actuaci%C3%B3n-Int…

El día del niño peruano según Ley 27666

Luis Martín Lingán Cabrera

El segundo domingo de abril se celebra el día del niño peruano, instaurado por Ley Nro. 27666. 

A propósito de este día, en esta dirección podrán revisar un cuaderno de jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de niños y niñas.


sábado, 8 de abril de 2017

Ley 30550 y la modificación al Código Civil peruano

Mediante Ley Nro. 30550 (El Peruano 05/04/2017) se ha modificado el artículo 481 del Código Civil, referente a los criterios para fijar los alimentos, señalándose que el Juez considerará como aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista. Se señala, además, que la Encuesta Nacional del uso del tiempo del INEI constituye un criterio de aplicación para lo dispuesto. Aquí podrás encontrar un artículo sobre el tema http://elcomercio.pe/…/juicio-alimentos-se-valorizara-traba…

jueves, 6 de abril de 2017

La disolución del Congreso

El 05 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República e intervino diversas instituciones. Actualmente, en el artículo 134 de la Constitución Política de 1993 se ha establecido la facultad del Presidente de la República de disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros, en cuyo caso se deberá convocar a elecciones para un nuevo Congreso. Sería interesante realizar un estudio sobre los casos de disolución de los Congresos en el mundo, sus causas y consecuencias, su constitucionalidad o no.

lunes, 3 de abril de 2017

Ya está vigente el Decreto Legislativo N° 1307

Luego de una vacatio legis de 90 días, ya se encuentra vigente el Decreto Legislativo N° 1307 que modificó diversos artículos del Código Procesal Penal de 2004. Aquí podrás encontrar un resumen de las principales modificaciones http://luislingaderechoypolitica.blogspot.pe/2017/01/el-decreto-legislativo-n-1307-y-las.html

domingo, 22 de enero de 2017

Comentarios respecto a algunos Decretos Legislativos expedidos por el Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades realizadas por el Congreso mediante Ley N° 30506

Luis Martín Lingán Cabrera

Mediante Ley 30596 (El Peruano 9/10/2016), el Congreso de la República del Perú delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, siendo una de ellas, la de seguridad ciudadana.
A continuación comparto algunos comentarios que realicé en mi Facebook sobre la expedición de estos Decretos Legislativos, cuestionando algunas regulaciones, realizando preguntas sobre acápites no tan claros, buscando fomentar la corrección debida y la investigación académica.

-Expresión de deseo de redacción clara e inequívoca de Decretos Legislativos

En un principio expresé mi deseo de que los Decretos Legislativos a expedirse por el Poder Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades otorgada por el Congreso sean claros e inequívocos. Así señalé:
En los próximos días el Poder Ejecutivo emitirá Decretos Legislativos en materia de seguridad ciudadana, al amparo de la delegación de facultades realizada por el Legislativo, mediante Ley 30506. De modificarse tipos penales, crearse nuevos delitos, se espera que las redacciones no sean ambiguas, sino claras, inequívocas, para facilitar el trabajo de quienes tengan que aplicarlos, y garantizar el derecho de las personas establecido en el artículo 2,24, d, de la Constitución Política de 1993, donde se ha señalado que:
“Toda persona tiene derecho: A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”

-Respecto al Decreto Legislativo N° 1244  (Véase http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/10/29/1447951-1.html )

Recientemente se han publicado en el Diario Oficial El Peruano los Decretos Legislativos N° 1244 (29/10/2016) y 1245 (06/11/2016) mediante los cuales se ha modificado el Código Penal peruano. Con el primero se realizan modificaciones respecto al delito de Tenencia Ilegal de armas y explosivos, así como se crean los delitos de organización y banda criminal. Con el segundo se realizan modificaciones a los tipos penales de hurto simple, hurto agravado, receptación agravada, daño agravado, atentado contra la seguridad común y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios Públicos.
Pregunto: Si una persona es detenida por miembros de la Policía Nacional traficando un arma de fuego artesanal ¿Se le aplica la pena establecida en el primer párrafo del artículo 279G (incorporado al Código Penal mediante Decreto Legislativo N° 1244) que es de 6 a 10 años de privación de la libertad; o la establecida en el tercer párrafo del mismo artículo, que es de 6 a 15 años de pena privativa de libertad? ¿Cuál es la razón por la que se ha considerado en el tercer párrafo del artículo antes referido solo el supuesto de tráfico de armas artesanales y con una pena de 6 a 15 años? A partir de esta modificación ¿Es delito fabricar, ensamblar, almacenar, suministrar, comercializar, usar, portar o tener en poder armas de fuego artesanales, o tan solo traficarlas?¿ Cuál debe ser la adecuada interpretación de este artículo?

Mediante Decreto Legislativo N° 1277 (El Peruano, 22/01/2017) se han establecido sanciones (amonestación y multa) para personas naturales o jurídicas que efectúen o permitan comunicaciones perturbadoras, silentes, reporten emergencias o urgencias inexistentes a las centrales de emergencias, urgencias o información administradas por entidades del Estado (Art. 3 y 4) Se establece como obligación de las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones: entregar información para identificar la titularidad del servicio telefónico, sistema de comunicación, causante de la comunicación malintencionada (Art. 14)
¿Puede establecerse una obligación similar para supuestos de llamadas extorsivas o para estafar, sin necesidad de solicitar al Juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones? ¿Serían constitucionales estas medidas? ¿Debe ser amparado por el secreto de las comunicaciones información relacionada tan solo con la titularidad de una línea telefónica?

Se establece, además, que estas sanciones se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda. ¿Qué delito podría configurar la realización de las llamadas antes indicadas?

Mediante Decreto Legislativo N° 1300 (El Peruano, 30/12/2016) se ha incorporado el artículo 52-A al Código Penal, para establecer la conversión de penas privativas de libertad en ejecución de condena por una limitativa de derechos.
También se ha modificado el artículo 491 del Código Procesal Penal de 2004 para precisar que los incidentes relativos a la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o vencimiento de la pena deberán ser resueltos dentro del término de cinco días de recibido la solicitud o requerimiento, previa audiencia a las demás partes.
Antes de la modificación se señalaba que los incidentes deberán ser resueltos dentro del término de cinco días, previa audiencia de las demás partes, lo cual a veces se interpretaba que luego de la audiencia el Juez tenía cinco días para resolver. Ahora se precisa que la resolución deberá ser emitida dentro de los cinco días de la recepción del requerimiento (realizada por los sujetos procesales que corresponda), por lo que la audiencia deberá ser realizada antes de los cinco días, con lo cual se busca agilizar el trámite de estos incidentes.

Mediante Decreto Legislativo N° 1323 (El Peruano 06/01/2017) se han modificado los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 122, 124-B, 168, 208, 323 y 442 del Código Penal. Así mismo se han creado nuevos delitos: 122-B, 153-B, 153-C y 168-B. Se ha derogado expresamente el artículo 121 A del Código Penal.
Es necesario estudiar y revisar este Decreto, pues en una somera revisión me parece que tiene contradicciones. Así, por un lado se pasa a considerar como delito (Art. 122B) el causar lesiones a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
Sin embargo, se mantiene la redacción del artículo 122, que establece como delito el causar lesiones a otro que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso o nivel moderado de daño psíquico, siendo una agravante cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108 B.
¿Es coherente esta redacción? ¿Qué opinión merecen las modificaciones realizadas?

También con el Decreto Legislativo N° 1323 (El Peruano 06/01/2017) se ha modificado el artículo 121 del Código Penal referente al delito de Lesiones Graves. Así se ha establecido que hay lesiones graves en supuestos de afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho ¿Cuál debe ser la interpretación racional de este artículo? ¿Se configura el delito ante cualquier tipo de afectación psicológica? La lesión dolosa a la que se hace referencia ¿puede incluir también cuando solo es una falta? ¿Cumple con el mandato de determinación o lex certa este dispositivo?



El 07 de enero de 2017 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en el cual se instaura un proceso similar al establecido para los adultos en el Código Procesal Penal de 2004, con etapas de investigación preparatoria, intermedia y juicio oral.
En el artículo 32 se establece que las audiencias de cada una de las etapas del proceso de responsabilidad penal de los adolescentes son orales bajo pena de nulidad. Por lo que se tendrán que aplicar técnicas de litigación oral en las audiencias, sobre todo en juicio oral (examen, contraexamen, objeciones, alegatos de inicio, alegatos finales)
Entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento y de manera progresiva mediante calendario que se establecerá por Decreto Supremo





domingo, 15 de enero de 2017

El Decreto Legislativo N° 1307, el proceso inmediato y las medidas coercitivas

Luis Martín Lingán Cabrera

El 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1307, que modifica diversos artículos del Código Procesal Penal de 2004 (en adelante CPP2004) e incorpora el artículo 68-A al referido cuerpo normativo. Este Decreto entrará en vigencia a los 90 días de su publicación.  (Véase Decreto en:  http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/gaceta/admin/elperuano/30122016/30-12-2016.pdf )

Uno de los artículos modificados es el 447 del CPP2004 para establecer que el Juez ante un requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, se pronunciará en el siguiente orden:

a) Sobre la procedencia o incoación del proceso inmediato.

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada.

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal.

Con esta modificación se varía el orden de pronunciamiento por parte del Juez, una vez incoado el proceso inmediato por el Fiscal. Antes de la modificación se establecía que el Juez se pronunciaba primero sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal, luego sobre la procedencia del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada y finalmente sobre la procedencia o incoación del proceso inmediato.

Existían críticas referidas a que con la anterior regulación se posibilitaba la existencia de resoluciones que declaraban fundadas medidas coercitivas como la prisión preventiva, a pesar de no existir una resolución mediante la cual se daba inicio formal a un proceso penal, sobre todo en supuestos en los que se declaraba la improcedencia del requerimiento de proceso inmediato, y se devolvía la carpeta al Fiscal para el trámite del caso en la vía del proceso común, emitiéndose después de la vigencia de una medida coercitiva, la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria.

Es decir, había una medida coercitiva sin la existencia formal de un proceso penal, lo cual era cuestionado duramente, a pesar de la existencia del Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116 que validaba esa posibilidad (Véase el referido Acuerdo en http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo_Plenario_Extraordinario_2-2016.pdf )

Ahora, con la modificación, los Fiscales tendrán que hilar fino antes de requerir la incoación de un proceso inmediato en supuestos de detenidos en flagrancia delictiva que requieran la imposición de prisión preventiva, puesto que el Juez de denegar su requerimiento de proceso inmediato, puede interpretar la modificación legal realizada en el sentido de que no procederá ya pronunciarse sobre la medida coercitiva requerida (aunque no se ha establecido expresamente una prohibición), corriendo el riesgo que el investigado obtenga su libertad.

En todo caso, el Fiscal puede acudir al proceso común disponiendo la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, buscar obtener la concesión de la medida coercitiva (de ser el caso), y antes del vencimiento de los 30 días, de considerarlo pertinente, incoar el proceso inmediato, lo cual también es permitido por la norma procesal.

Veremos, entonces, trámites de procesos inmediatos para los delitos no tan graves, que no requieran prisión preventiva, y de manera obligatoria para los delitos de Conducción en estado de ebriedad  y Omisión a la Asistencia Familiar, por así disponerlo la ley procesal.