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lunes, 12 de febrero de 2018

La pena de cadena perpetua en el Perú


Luis Martín Lingán Cabrera

La pena de “cadena perpetua” es la sanción impuesta a una persona que ha cometido un hecho delictivo, que significa la restricción de la libertad de por vida.

En el Perú, en el artículo 29 del Código Penal de 1991 (en adelante CP91) se contempla esta pena, al establecerse que “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años”

Entre los delitos que son reprimidos con cadena perpetua en nuestra legislación podemos mencionar a los siguientes: Secuestro agravado (artículo 152, último párrafo del CP91), Violación sexual (artículos 173, 173 A y 177 del CP91), Robo agravado (artículo 189, último párrafo del CP91), Extorsión (último párrafo del artículo 200 del CP91)

La constitucionalidad de la pena de cadena perpetua fue materia de permanente discusión en el Perú. Es así que en el año 2002, más de cinco mil ciudadanos interpusieron ante el Tribunal Constitucional (en adelante TC) una demanda de inconstitucionalidad contra –entre otros- el Decreto Ley Nº 25475, cuestionando la regulación que en éste se hacía de la cadena perpetua para determinados supuestos de terrorismo.

Los demandantes alegaban que la regulación de la cadena perpetua vulneraba el numeral 2 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que proscribe el sometimiento a torturas, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como, también, el artículo 139 numeral 22 de la Constitución Política de 1993 (en adelante CP), que establece el principio según el cual el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

En sentencia emitida en el Expediente Nº 010-2002/AI/TC, el TC consideró que la pena de cadena perpetua “resiente” el principio constitucional previsto en el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución, así como, también, es contraria a los principios de dignidad de la persona y de libertad (Fundamento 184 de la sentencia- Expediente Nº 010-2002-AI/TC .Véase sentencia en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html )

Según el TC, “…tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser intemporal sino que debe contener límites temporales (…) detrás de las exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” como fines del régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción del principio de dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y, por tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía (…) detrás de medidas punitivas de naturaleza drástica como la cadena perpetua subyace una cosificación del penado, pues éste termina considerado como un objeto de la política criminal del Estado, sobre el cual -porque nunca tendrá la oportunidad de ser reincorporado-, tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su rehabilitación” (Fundamentos 185, 186 y 187 de la sentencia- Expediente Nº 010-2002-AI/TC. V
éase http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html )

Sin embargo, a pesar de lo señalado en la sentencia anteriormente precisada, el TC emitió una sentencia de “mera incompatibilidad” (Véase Expediente Nº 003-2005-PI/TC), puntualizando que no consideraba que “la inconstitucionalidad de la cadena perpetua lo autorice a declarar la invalidez de la disposición que la autoriza, pues ciertamente tal incompatibilidad podría perfectamente remediarse si es que el legislador introdujese una serie de medidas que permitan que la cadena perpetua deje de ser una pena sin plazo de culminación” (Fundamento 190 de la sentencia - Expediente Nº 010-2002-AI/TC. Véase http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html )

Así, el TC, citando las experiencias de aplicación de la pena de cadena perpetua previstas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en países como Italia y Argentina, en los que se ha regulado la posibilidad de revisar la imposición de la cadena perpetua o la concesión de determinados beneficios penitenciarios, luego de transcurridos algunos años de prisión del condenado, expresa que “el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias” (Fundamento 194 de la sentencia- Expediente Nº 010-2002-AI/TC. Véase. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html )

En la parte resolutiva de su sentencia, el TC exhorta al Congreso de la República para que “dentro de un plazo razonable, reemplace la legislación correspondiente a fin de concordar el régimen jurídico de la cadena perpetua con lo expuesto en esta sentencia en los fundamentos jurídicos Nos 190 y 194”.

La exhortación del TC encontró eco en el Parlamento Nacional, el cual, mediante Ley Nº 27913 (El Peruano, 09 de enero de 2003), delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante Decretos Legislativos, con la finalidad de, entre otros temas, concordar el régimen jurídico de la cadena perpetua que existía en aquel entonces, con lo expuesto en la sentencia emitida en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC.

El Poder Ejecutivo, en mérito a la delegación de facultades legislativas, expidió el Decreto Legislativo Nº 921 (El Peruano, 18 de enero de 2003), en cuyo artículo 1 prescribió que “La pena de cadena perpetua será revisada cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de la libertad y se realizará conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal”

Así mismo, en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 921 se incorporó el Capítulo V: “Revisión de la Pena de Cadena Perpetua”, en el Título II: “Régimen Penitenciario” del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 654, estableciendo el procedimiento de revisión de la cadena perpetua que a continuación se detalla:

Artículo 59-A.- Procedimiento.

1. La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad por el órgano jurisdiccional que impuso la condena, ordenando al Consejo Técnico Penitenciario que en el plazo de quince días organice el expediente que contendrá los documentos consignados en el artículo 54 de este código. También dispondrá que en igual plazo se practiquen al condenado exámenes físico, mental y otros que considere pertinentes.

2. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado de todas las actuaciones al interno, al Ministerio Público y a la parte civil, a fin de que en el plazo de diez días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes.

3. En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días siguientes de cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se actuarán las pruebas ofrecidas y las que el órgano jurisdiccional hubiera dispuesto, se examinará al interno y las partes podrán formular sus alegatos orales. La resolución de revisión se dictará al término de la audiencia o dentro de los tres días siguientes.

4. El órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla cumplida ordenando la excarcelación. Para estos efectos se tendrá en consideración las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno que permitan establecer que se han cumplido los fines del tratamiento penitenciario.

5. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede, dentro de los tres días, recurso impugnatorio ante el superior. El expediente se elevará de inmediato y se correrá vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El dictamen se emitirá dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dictará en igual plazo.

6. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, se realizará una nueva revisión, de oficio o a petición de parte, siguiendo el mismo procedimiento” (Véase el referido Decreto Legislativo en http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Fondo/Legislacion/Legislacion_2003.html )


Posteriormente, el régimen de la cadena perpetua regulado en el Decreto Legislativo Nº 921 fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, presentada por más de 5 000 ciudadanos, representados por el señor Walter Humala.

En esta nueva demanda -que cuestionaba, además, la constitucionalidad de los Decretos Legislativos Nos. 923, 924, 925, 926 y 927- se señala, entre otros argumentos, que la regulación del Decreto Legislativo Nº 921 viola el principio de temporalidad de las penas, pues consagra “un internamiento indeterminado, sujeto a libre y arbitraria decisión del órgano jurisdiccional”; asimismo, se considera que transgrede el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución, “pues dispone que la revisión de la sentencia se realice en audiencia privada, lo que contraviene el principio de publicidad de los procesos”; también, se expresa que al penalizarse la reincidencia con cadena perpetua “se lesiona el principio ne bis in idem y la prohibición de revivir procesos fenecidos, representando un retorno al “derecho penal de autor”, lo que, a su vez, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley, pues solo ha sido establecido para el delito de terrorismo y no para los demás delitos”. Sin embargo, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 003-2005-PI/TC, el TC desestima los argumentos que sustentaban la demanda de inconstitucionalidad, declarándola infundada. (Véase al respecto https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00003-2005-AI.pdf )


En consecuencia, la pena de cadena perpetua en el Perú, a fin de hacerla compatible con los postulados constitucionales, debe ser revisada de oficio o a petición de parte, transcurridos 35 años de privación efectiva de la libertad.

Corresponderá a las autoridades competentes atender y resolver con cautela, responsabilidad y sindéresis las solicitudes de revisión de condenas de cadena perpetua que en su momento se presenten, a fin de no liberar a una persona que aún no se ha resocializado, y que pueda poner en peligro la integridad de personas de ser liberado.


lunes, 5 de febrero de 2018

¿Se debe esperar transcurran 24 horas desde la desaparición de una persona para poder denunciar ante la PNP?

Luis Martín Lingán Cabrera

Se escucha señalar a diversas personas, que para denunciar la desaparición de una persona, debe transcurrir 24 horas desde las últimas noticias que se tuvo del desaparecido. ¿Es correcta esta afirmación?

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el país se expidió la Ley N° 29685 (El Peruano 14/05/2011) en la cual se establece medidas especiales en caso de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física y sensorial.

En uno de los artículos de la Ley N° 29685 se establece que la Policía Nacional del Perú recibe y tramita en forma inmediata la denuncia presentada por desaparición de las personas antes indicadas dentro de las veinticuatro horas de producida la misma, sin perjuicio de recibirlas también, aunque haya vencido dicho plazo. Se indica, además, que la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad dirige de manera inmediata las acciones de búsqueda y localización de las personas desparecidas y coordina con dicha finalidad con las diferentes entidades públicas y privadas. (Véase texto completo de la ley en http://conasec.mininter.gob.pe/contenidos/userfiles/files/LEY29685.pdf )

En la referida Ley Nº 29685 se hace referencia a que son medidas especiales en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física y sensorial, por lo que, podría interpretarse que cuando son otras personas, no hay obligación de una actuación inmediata.

Sin embargo, pregunto si similar actuación debe exigirse a la autoridad policial ante la denuncia de desaparición de una persona que no tengan las calidades a las que se hace referencia en la Ley N° 29685.

La autoridad policial no puede negarse a recibir denuncias, y por el contrario considero, debe realizar las acciones inmediatas para ubicar a cualquier persona cuya desaparición se ha denunciado, pues esperar transcurran veinticuatro horas para recién actuar, es una barrera y puede significar una omisión que a la postre tenga como consecuencia la consumación de graves delitos.

Ante la no ubicación de una persona, y que sus familiares, vecinos, conocidos o cualquier ciudadano consideren que no es común, no es habitual, que asuman pueda estar en peligro o haber sido afectado por algún delito, considero que pueden realizar la denuncia inmediata a la autoridad policial, para que se realicen las diligencias urgentes para su ubicación, sin esperar 24 horas desde las últimas noticias que se tuvo de la misma, debiendo tenerse en cuenta que la Policía Nacional no sólo tiene una obligación de actuar cuando el hecho delictivo se ha consumado, sino también tiene un deber constitucional de prevención del delito, como puede verificarse al revisar el artículo 166 de la Constitución Política peruana de 1993, en el cual se señala que “La Policía Nacional… previene, investiga y combate la delincuencia”





lunes, 29 de enero de 2018

El derecho de reunión en plazas y vías públicas ¿Se exige autorización o solo anuncio anticipado a la autoridad para su ejercicio?

Luis Martín Lingán Cabrera

El derecho de reunión ha sido reconocido en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En el ámbito nacional, el derecho de reunión se encuentra regulado en el artículo 2.12 del texto constitucional de 1993, en el cual se establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos comprobados de seguridad o de sanidad públicas"

De una revisión de la Constitución Política peruana de 1993, podemos determinar que no es necesario pedir autorización para las reuniones en plazas y vías públicas, pero sí se exige dar un anuncio anticipado a la autoridad (Prefectos), las que pueden prohibirlas solamente por razones comprobadas de seguridad y sanidad públicas.

Respecto a jurisprudencia emitida en nuestro país respecto al derecho de reunión se tiene que el 23 de enero del 2003, la Municipalidad de Lima expidió el Decreto de Alcaldía No. 60, que declaró Zona Rígida para cualquier tipo de concentración pública al sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, dentro del Centro Histórico de Lima, dentro de los alcances de la Ordenanza No. 062-MML, Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima y la Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación No. 24047. Antes expidió la Ordenanza Municipal Nº 062-MML, en la que se prohibían las concentraciones masivas de personas que cierren las vías públicas en el Centro Histórico.

Ante la emisión de estos dispositivos la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), presentó una acción de amparo por considerar que vulneraban el derecho de reunión, la cual fue resuelta en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional peruano (en adelante TCP), en el Expediente
4677-2004-PA/TC.

El TCP en la sentencia emitida en el expediente antes indicado estableció como precedente vinculante que no se necesita de autorización previa para el ejercicio del derecho a la reunión en plazas y vías públicas, sino tan sólo una comunicación a la autoridad. Señaló, además, que la prohibición de reuniones no puede hacerse sobre la base de simples sospechas, peligros inciertos, argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios, sino en mérito a razones objetivas, suficientes y fundadas, decretadas por la autoridad competente, caso por caso, y no de modo general y a priori, como lo hizo la autoridad municipal de Lima. ( Véase sentencia en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.pdf )


Finalmente, pregunto ¿debería modificarse el artículo 167 del Código Penal peruano, en el cual se señala que se configura el delito cuando un funcionario público abusando de su cargo no autoriza una reunión pública lícitamente convocada? Aparentemente el legislador para establecer este tipo penal asumió que se necesita autorización para realizar una reunión, lo cual no es compatible con el texto constitucional vigente. Mejor sería que en el tipo penal se señale que se configura el delito cuando el funcionario público no garantiza, prohíbe o impide una reunión pública lícitamente convocada.




Un abogado investigado penalmente ¿puede ejercer su propia defensa técnica?

Luis Martín Lingán Cabrera

En algunas investigaciones o procesos tramitados ante las Fiscalías y Juzgados Penales los investigados son abogados, los cuales en algunos casos han solicitado se le permita ejercer su propia defensa técnica, sin el asesoramiento de otro abogado.

Estas peticiones han generado preguntas por parte de Fiscales y Jueces, tales como ¿debe permitirse a un abogado investigado penalmente ejercer o no su propia defensa técnica? ¿Si se accede a tales requerimientos puede luego cuestionarse una afectación al derecho constitucional a la defensa, y señalarse que ha estado en un estado de indefensión, que se ha afectado el principio de igualdad de armas?

Sin duda, es diferente que un abogado asuma la defensa técnica de otra persona a la cual se le atribuye la comisión de un delito a asumir su propia defensa cuando una imputación penal recae sobre sí misma, que puede culminar con una afectación a su libertad personal. La tensión, la preocupación ante la decisión que pueda expedirse, podría afectar el adecuado desarrollo de su defensa.

Con la finalidad de esclarecer este tema, revisamos sentencias del Tribunal Constitucional peruano (en adelante TCP), y encontramos que en el Expediente Nro. 1323-2002-HC/TC (https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01323-2002-HC.pdf ) se ha pronunciado al respecto, pronunciándose a favor de permitir la autodefensa técnica de los investigados que tienen la calidad de abogados, pero con algunas consideraciones.

Así, el TCP en la sentencia emitida en el Expediente antes indicado ha señalado “En el presente caso, la emplazada, conforme al criterio que han compartido las instancias judiciales-constitucionales precedentes,cuestiona que la defensa técnica puede realizarla, simultáneamente, quien tiene la condición de inculpado en un proceso penal y, al mismo tiempo, la condición de profesional del derecho. Sin embargo, este Tribunal entiende que ambas dimensiones del derecho de defensa pueden ser ejercidas por un abogado que, al mismo tiempo, viene siendo procesado. Para ello, es preciso que el letrado esté debidamente capacitado y habilitado conforme a ley, en particular, que no esté incurso en ninguno de los impedimentos previstos en los artículos 285°, 286° y 287° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial”

Se encuentra también la sentencia del TCP emitida en el Expediente Nro. 2028-2004-HC  (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02028-2004-HC.pdf ), en la cual declara infundada una demanda de hábeas corpus presentada por una persona que no era abogada y que alegaba la vulneración de su derecho a la defensa, por la circunstancia de que los órganos jurisdiccionales habían rechazado sus escritos presentados por no tener firma de letrado. El TCP en esta sentencia señala “Al respecto, en casos análogos al de autos, el Tribunal Constitucional ha afirmado anteriormente (Expediente N.o 1323-2002-HC/TC), que ambas dimensiones del derecho de defensa pueden ser ejercidas por un abogado que, al mismo tiempo, es procesado. Para ello, es preciso que el letrado esté debidamente capacitado y habilitado conforme a ley; y, en particular, que no esté comprendido en ninguno de los impedimentos previstos en los artículos 285°, 286° y 287° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 5”. Señala luego “En otras palabras, reconocer el ejercicio del derecho de defensa en forma integral, a un procesado que no ostenta la calidad de abogado, implicaría someterlo a un estado de indefensión por ausencia de una asistencia letrada, versada en el conocimiento del Derecho y de la técnica de los procedimientos legales, situación / que, además, quebranta el principio de igualdad de armas o igualdad procesal de las partes”

Entonces, en las sentencias antes indicadas el TCP considera que un abogado procesado penalmente pueda ejercer su propia defensa técnica, pero con las exigencias a las que se ha hecho referencia en las sentencias ya señaladas anteriormente. En cambio, para los investigados que no son abogados, necesariamente deberá asegurarse la presencia de un letrado que asuma su defensa técnica.


lunes, 15 de enero de 2018

La prescripción de la acción penal en el Perú: La duplicidad de su plazo según Ley de Reforma Constitucional 30650

Luis Martín Lingán Cabrera

A través del proceso penal se busca indagar y establecer si una persona ha cometido el delito que le imputa el representante del Ministerio Público o el querellante particular, y de ser el caso imponer la pena que corresponda.

El Estado tiene un lapso determinado para perseguir el hecho delictivo, transcurrido el cual, cesa tal facultad, al producirse la prescripción de la acción penal, que tiene su fundamento, entre otras consideraciones, en el olvido del hecho, la imposibilidad de contar con medios de prueba y objetos del delito por el transcurso del tiempo, etc.

En los Códigos Penales de los Estados suelen regularse los plazos de prescripción. Así, en el artículo 80 del Código Penal peruano (en adelante CPP) se señala que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de la libertad (plazo ordinario de prescripción). Para el caso de delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los dos años.

Por su parte, en el artículo 82 del CPP se regulan los inicios de los plazos de prescripción de la acción penal, señalándose lo siguiente:

“Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

1.- En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa.
2.- En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó.
3.- En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
4.- En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia“

La prescripción de la acción penal, según se señala en el artículo 83 del CPP, se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público, de las autoridades judiciales, o por la comisión de nuevo delito doloso, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Sin embargo, en el último párrafo del artículo 83 del CPP, se señala que, en todo caso, cuando se produce alguna de estas circunstancias, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción.

En aplicación de lo prescrito en el artículo 84 del CPP, si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido. Así mismo, en el artículo 339 del Código Procesal Penal peruano de 2004 se ha establecido que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.

El plazo máximo de prescripción es de 20 años para los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad temporal, y de 30 años para los casos sancionados con cadena perpetua. (Art.80 del CPP)

Cuando el agente tiene responsabilidad restringida, es decir, cuando tiene más de 18 y menos de 21, o más de 65 años de edad, los plazos de prescripción se reducen a la mitad (artículo 21 del CPP).

El plazo de prescripción se duplica, según se establece en el artículo 41 de la Constitución Política de 1993 (con la modificación introducida por Ley de Reforma Constitucional Nro. 30650, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de agosto de 2017) en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, cuando los investigados son funcionarios, servidores públicos o particulares. Se señala, también, que la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad. (Véase Ley Nro.30650 en http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-reforma-del-articulo-41-de-la-constitucion-politica-ley-n-30650-1556523-1/ ) También, en el artículo 80 del Código Penal, con la reforma realizada por Ley 30077, se ha establecido la duplicidad del plazo de prescripción para los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales.

La persona favorecida con la prescripción puede plantear su excepción o la autoridad judicial puede declararla de oficio, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales de 1940 y artículo 7.3 del Código Procesal Penal del 2004.

El Tribunal Constitucional peruano (en adelante TCP), en el Expediente Nº 1805-2005-PHC/TC, estableció como criterio de interpretación vinculante lo siguiente: “que resulta lesiva a los principios de economía y celeridad procesal, vinculadas al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos” (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01805-2005-HC.html )

Así mismo, en el expediente Nº 4630-2009-PHC/TC (Véase https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04630-2009-HC.pdf ) el TCP se pronunció respecto a la motivación del auto de apertura de instrucción referente a la prescripción de la acción penal, al señalar lo siguiente:

- La motivación sobre la prescripción de la acción penal permite dar a conocer al imputado la vigencia de la potestad persecutora del delito por parte del Estado, a fin de evitar que sea investigado o procesado por la presunta comisión de un delito, pese a que por el decurso del tiempo la acción penal por el mismo ya se encuentra extinguida, lo que de ser el caso, también resultaría vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso penal.

- El pronunciamiento judicial sobre la prescripción no debe limitarse a la expresión en abstracto de que “la acción penal no ha prescrito”; antes bien, debe señalarse de manera expresa y clara sobre la naturaleza del delito imputado (instantáneo, continuado o permanente), la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, la existencia o no del concurso de delitos, la existencia o no de una causal de suspensión o interrupción, si se trata de plazo ordinario o extraordinario, etc.

- Lo antes expuesto, no supone sin embargo que sea exigible en todos los casos, sino solo en aquellos en que sea objetivamente razonable debido al transcurso del tiempo, pues es evidente que si se trata de delitos graves como los de homicidio calificado, robo agravado, violación sexual de menores de 14 años de edad, tráfico ilícito de drogas agravado, corrupción de funcionarios, etc., en los que la penalidad conminada es elevada, el ejercicio de la acción penal dentro de un plazo corto luego de la comisión del delito resulta plenamente válida, siendo innecesario en tales casos un pronunciamiento detallado sobre la prescripción de la acción penal.

Si bien las sentencias del TC anteriormente citadas están relacionadas a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales de 1940, según nuestra opinión, en los lugares en los que está vigente el Código Procesal Penal del 2004, los criterios anteriormente citados, deben ser tomadas en cuenta, también, por los representantes del Ministerio Público, al momento de emitir la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, la cual, en mérito a lo prescrito en el artículo 336, inciso 1, del referido cuerpo procesal normativo, se emitirá si aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, si la acción penal no ha prescrito, si se ha individualizado al imputado y, si fuera el caso, se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad.


lunes, 8 de enero de 2018

Las personas con discapacidad, el Braille y los pases libres en servicios de transporte público.

Luis Martín Lingán Cabrera

Las personas con discapacidad constituyen un importante sector de la población mundial, que día a día luchan contra un sinnúmero de dificultades que encuentran en su camino, incluyendo la actitud discriminatoria de las que son víctimas.

A pesar de ello, muchas de ellas, gracias a la perseverancia y el esfuerzo han destacado en diferentes ámbitos en la sociedad. Así, asombra la historia personal del reconocido científico Stephen Hawking, nacido el 08 de enero de 1942, en Oxford, quien como consecuencia del padecimiento de una enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica presenta parálisis muscular, pero a pesar de ello viene asombrando a la humanidad con sus reconocidas investigaciones, recibiendo diversos reconocimientos y premios en diferentes partes del mundo. Recordemos, también, a Ludwig Van Beethoven, afamado músico, que a pesar de sus problemas auditivos dejó imperecederas composiciones musicales que vienen deleitando hasta hoy a la humanidad.

En el Perú existe un marco jurídico respecto a las personas con discapacidad. Así ha suscrito y ratificado mediante Resolución Legislativa 29127, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo (http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf), por lo que de conformidad con lo prescrito en el artículo 55 de la Constitución Política forma parte del derecho nacional. Por su parte, en la Constitución Política de 1993, se establece que “La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad” (Artículo 7).

Se cuenta, también, con la Ley Nro. 29973, Ley General de las Personas con discapacidad, en la cual se han establecido una serie de disposiciones que buscan proteger y potenciar los derechos de estas personas, y que de ser cumplidas efectivamente las ayudarían mucho a progresar en diferentes ámbitos de la vida.

Así, por ejemplo, en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, se señala entre otras obligaciones que "Los Estados partes deberán adoptar las medidas pertinentes para dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión"

Así mismo, en el artículo 20.4 de la Ley N° 29973, Ley General de la persona con discapacidad (modificado por Ley N° 30412), se señala "Las personas con discapacidad severa inscritas en el registro del CONADIS tienen pase libre en el servicio de transporte público urbano e interurbano”

¿Se cumplen con lo establecido en los dispositivos antes señalados en nuestro país?

lunes, 1 de enero de 2018

La Ley 30710 y la prohibición de la suspensión de la pena para los delitos de Agresión a la mujer e integrantes del grupo familiar


Luis Martín Lingán Cabrera

Desde el 30 de diciembre de 2017 está vigente la modificación realizada mediante ley N° 30710 al artículo 57 del Código Penal, en mérito a la cual, se prohíbe que el Juez pueda suspender la pena en los delitos de Agresión contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (artículo 122B del Código Penal) y Lesiones Leves (literales c, d y e del numeral 3 del artículo 122 del mismo texto punitivo) (Véase la referida ley en http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-ultimo-parrafo-del-articulo-57-del-codig-ley-n-30710-1602018-1/ )
Antes de la modificación, tal impedimento era para los reincidentes y habituales, así como para los condenados por los delitos previstos en los artículos 384 (colusión), 387 (peculado), segundo párrafo del artículo 389 (malversación de fondos de carácter agravado), 395 (cohecho pasivo específico), 396 (corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales), 399 (negociación incompatible) y 401 (enriquecimiento ilícito) del Código Penal.
Con la modificación al artículo 122B del Código Penal que se comenta, en la actualidad, el accionar de lesionar a una mujer o a un integrante del grupo familiar, que requiera desde un día de asistencia médica o descanso (antes era un falta) o que cause algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B del Código Penal -violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente- puede llevar al autor a la cárcel, pues el Juez no podrá imponer una condena condicional o pena suspendida, con reglas de conducta.
No justifico violencia alguna, pero pregunto, en los supuestos de violencia familiar, por ejemplo ¿enviando a la cárcel a los autores de estas conductas se soluciona el referido problema? ¿Cumple esta ley con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, última ratio? ¿Se cumple con el postulado constitucional establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de 1993, según el cual el Estado y la comunidad protegen a la familia? ¿Se protege el interés superior del niño?
SI bien con esta ley se proscribe al Juez dar una pena suspendida, no se ha prohibido la posibilidad que reserve el fallo condenatorio, previsto en el artículo 62 del Código Penal, por lo que ¿esta institución empezará a aplicarse en los órganos jurisdiccionales del país en los casos del artículo 122B del Código Penal, a fin de por ejemplo, en un supuesto de violencia familiar, evitar enviar a la cárcel a un padre que le da unas palmadas a su hija ante un mal comportamiento, y las cuales le causan una lesión que haya requerido un día de atención o descanso?

lunes, 6 de noviembre de 2017

La aprobación de leyes mediante la doble votación en el Congreso unicameral peruano.

Luis Martín Lingán Cabrera


En el artículo 73 del Reglamento del Congreso de la República del Perú, se ha instaurado un procedimiento de doble votación de las leyes, señalándose lo siguiente: “El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes etapas: a) Iniciativa legislativa; b) Estudio de comisiones; c)Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el diario oficial El Peruano; d) Debate en el Pleno; e)Aprobación por doble votación; y f) promulgación...”

Asimismo, en el artículo 78 del citado Reglamento se prescribe que “sin el requisito de la doble votación, la Mesa Directiva no puede proseguir el trámite de la ley, ni enviarla al Presidente de la República para su promulgación”

Lo que se busca con la regulación de este procedimiento de doble votación de las leyes es propiciar su mayor estudio y reflexión, evitar que se transformen en leyes iniciativas precipitadas y poco meditadas, asegurando la mejor calidad de las mismas.

Se intenta paliar así uno de los problemas que se atribuye al unicameralismo, de no asegurar una calidad de las leyes por la ausencia de una Cámara de reflexión, como existe en los regímenes bicamerales.

El régimen bicameral es el que ha predominado en la historia constitucional peruana. De las Constituciones Políticas que hemos tenido desde el inicio de nuestra vida republicana, sólo las de 1823, 1867 y 1993 instauraron regímenes unicamerales; la de 1826 instauró un Parlamento con tres cámaras: tribunos, senadores y censores.

La instauración del procedimiento de doble votación de las leyes en el Parlamento es acertada, sin embargo, nos preguntamos
¿se está cumpliendo con este mecanismo o se está exonerando en mayor medida de la segunda votación, lo cual debe ser excepcional? ¿Es suficiente este mecanismo o debe promoverse la existencia de un régimen bicameral?


lunes, 30 de octubre de 2017

¿Puede restablecerse la pena de muerte para los delitos de violación sexual en el Perú?

Luis Martín Lingán Cabrera

Indignación y repudio ha causado la denuncia de violación sexual de una persona de sexo femenino violada mientras desarrollaba sus labores en el marco del Censo Nacional 2017, en el Perú.

El lamentable hecho sucedió hace algunos días y ha generado nuevamente debate sobre la aplicación de pena de muerte para casos de violación sexual en nuestro país.

Sin embargo, como se explicará a continuación, existe un Tratado Internacional suscrito por el Estado peruano que impide aplicar la pena de muerte para los delitos de violación sexual.

Si se revisa el artículo 140 de la vigente Constitución Política peruana de 1993 se verifica que se ha contemplado la aplicación de la pena de muerte para dos delitos: traición a la patria y terrorismo, mas no para supuestos de violación sexual.

Se podría decir que basta reformar el artículo 140 del texto constitucional para agregar los supuestos de violación sexual como pasibles de ser penados con la también denominada pena capital, y el problema estaría solucionado.

Sin embargo, el asunto no es tan fácil, pues el Perú ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que si bien admite la pena de muerte para los delitos más graves, en el artículo 4 prescribe que “no se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” y “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”

Si bien anteriormente se había regulado la pena de muerte para supuestos de violación sexual en nuestro país, actualmente ya no existe ley que posibilite su aplicación para este delito, por lo que en mérito a lo prescrito en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede extenderse su aplicación para el mismo.

Existen personas que plantean que nuestro país denuncie o se aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de que se pueda aplicar la pena de muerte para quienes cometan delito de violación sexual.

Pero, la aprobación de la referida medida, implicará que los peruanos y peruanas se vean impedidos de tener protección de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, si sus derechos no fueron protegidos por la jurisdicción nacional.

Esto debido a que en la Convención Americana de Derechos Humanos se ha regulado las funciones y atribuciones de estos organismos supranacionales de protección de derechos, los cuales pueden intervenir si en la jurisdicción nacional interna no se ha hecho justicia a una persona que denuncia vulneración de sus derechos, al establecerse en el artículo 205 de la Constitución Política peruana, el derecho de acceso a la justicia supranacional.

Por lo que, a fin de no apartarse del sistema de protección regional de derechos humanos (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), y dejar sin posibilidad de defensa a nivel supranacional en caso de violación de derechos, debería buscarse otras medidas para hacer frente a los casos de violación sexual, lo cual no solo implica anunciar medidas desde el punto de vista punitivo, sino elaborar un plan integral, que implique adoptar diversas acciones educativas dirigidas a padres de familia, a maestros, tendientes a orientar de cómo evitar circunstancias riesgosas de ataque sexuales, así como brindar apoyo psicológico a quienes son víctimas de estos hechos, para que no se conviertan en futuros violadores.


jueves, 20 de julio de 2017

Leyes 30609 y 30610

A partir de hoy 20 de julio de 2017 están vigentes los cambios introducidos al Código de Ejecución Penal mediante Ley Nro. 30609 (proscribe beneficios de semilibertad y liberación condicional para delitos lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar-art. 121B del Código Penal, así como violencia sexual -art. 170 al 174, 176-A, 177 del CP.
También a partir de hoy 20 de julio de 2017 están vigentes las modificaciones realizadas al Código Penal respecto al delito de Apología Genérico (Art. 316); así como la introducción del delito de Apología del Terrorismo (Art. 316-A). Respecto a este último delito debe decirse que ya existió un tipo penal en el Decreto Legislativo 25475, que fue cuestionado mediante un proceso de inconstitucionalidad y mereció la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 10-2002/AI7TC.
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/7s3BNLIfqhXB70R-xGYKMj
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html