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martes, 3 de abril de 2018

Publican Ley 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial

Hoy 3 de abril de 2018 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30745, Ley de la Carrera del Trabajador del Poder Judicial.

Al acceder a este enlace se puede leer la referida Ley. 


¿Desde cuándo debe regir el Estado de Emergencia decretado por el Poder Ejecutivo?


Luis Martín Lingán Cabrera

Un Régimen de Excepción puede ser definido como aquel Régimen que se adopta en un Estado Constitucional, cuando se presentan en todo su territorio o parte de él, circunstancias que afectan gravemente el orden interno, por lo que se instauran medidas urgentes y excepcionales, como la restricción de determinados derechos fundamentales de las personas por un tiempo determinado, a fin de lograr la estabilidad y gobernabilidad. Como su mismo nombre lo indica, este régimen debe ser excepcional, además de temporal.

La posibilidad de que en los Estados se decreten Regímenes de Excepción está regulada en tratados internacionales de derechos humanos, tales como el artículo 27.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos y ratificados por el Estado Peruano.

En el artículo 137 de la Constitución Política peruana de 1993 (en adelante CP1993) se ha contemplado como Regímenes de Excepción pasibles de ser declarados en el Perú al Estado de Emergencia y el Estado de Sitio.

En el artículo antes indicado se señala que “el Estado de Emergencia se declara en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Así mismo se indica que “se declara por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros. El plazo del Estado de Emergencia no debe exceder de sesenta días” 

Durante la declaración del Estado de Emergencia –según se señala en el artículo 137 ya indicado- pueden restringirse o suspenderse el derecho a la libertad y seguridad personal (Art. 2.24.f de la CP93), el derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art. 2, inciso 9, de la CP93), el derecho a la libertad de reunión (Art. 2, inciso 12, de la CP93), el derecho a la libertad de tránsito (Art. 2, inciso 11, de la CP93).

Estos actos restrictivos de derechos deben realizarse respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tal como se colige de lo prescrito en el artículo 200, párrafo in fine, de la CP1993.

En nuestro país, en diferentes momentos se han instaurado Estados de Emergencia, los cuales han sido declarados por Decretos Supremos expedidos por el Poder Ejecutivo, cuya vigencia debe regirse por lo establecido en el artículo 109 de la CP1993, en el cual se prescribe “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

Así, los integrantes de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional que desarrollen sus funciones en los lugares donde se ha establecido el Estado de Emergencia deben tener en cuenta esta circunstancia, a fin de no verse involucrados en investigaciones por presuntos delitos de abuso de autoridad, por haber restringido derechos fundamentales desde el mismo día en que se publicó el Decreto respectivo en el Diario Oficial El Peruano.

martes, 27 de marzo de 2018

¿Debe establecerse que el orden de los apellidos de los hijos sea determinado en mérito al acuerdo de los padres, conforme lo establece el Proyecto de Ley 2342-2017-CR?


Luis Martín Lingán Cabrera

El nombre de una persona es de fundamental importancia, pues permite identificarla y diferenciarla de las demás.

En los Estados, mediante disposiciones legales se regula aspectos referidos a los nombres, tales como, los apellidos que debe asignarse a una persona, el orden de los mismos, la posibilidad de cambiar de nombre, entre otros aspectos.

Así, por ejemplo, en el Perú, en el artículo 19 del Código Civil de 1984 (en adelante CC1984) se señala que “Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos”

Por su parte, en el artículo 20 del referido Código se señala que “Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre”

Mediante Proyecto de Ley Nro. 2342-2017-CR, presentado en el Congreso peruano, se ha propuesto modificar el artículo 20 del CC1984, para establecer que "Al hijo matrimonial le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre, en el orden que ambos acuerden. El orden establecido para el primer hijo se aplica para los siguientes"

Se busca así cambiar la situación actual, en la cual el registrador asigna al hijo el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en este orden, sin preguntar a los progenitores si están de acuerdo o no.

En la Exposición de motivos del referido proyecto se fundamenta la propuesta de modificación en el derecho a la igualdad y no discriminación, indicándose, además, que el “el presente proyecto de ley plantea que el orden de apellidos de los hijos pueda ser una elección sometida a la decisión de los padres, de manera que el legislador no se involucre en una decisión de la esfera íntima familiar mediante la omisión de una norma de determinar expresamente el nombre el orden en que deban ser llevados los apellidos generando expresiones de políticas públicas que compongan un escenario de igualdad de género y de igualdad de oportunidades, así como de un Estado moderno y justo” (Véase Exposición de motivos del proyecto de Ley 2342-2017-CR en http://www.congreso.gob.pe/proyectosdeley/ )

Este proyecto debe merecer un adecuado análisis y debate, pues, en el mismo no se plantea, por ejemplo, una respuesta a la circunstancia referida a que ambos padres no se pongan de acuerdo respecto al orden de los apellidos de su hijo. ¿Cuál sería la solución al respecto? ¿Debería acudirse ante una instancia administrativa o jurisdiccional para que lo determine? Y de ser así ¿cuáles serían los criterios de los funcionarios de estas instancias para determinar el orden de los apellidos? ¿Podrían hacerlo de acuerdo al orden alfabético o por sorteo como se ha propuesto en otros lados?

Si se quiere aprobar un proyecto de tal naturaleza estos aspectos deben tenerse en cuenta a fin de no generar caos e inseguridad jurídica. Debe buscarse que no se generen trámites engorrosos, perjudiciales a los ciudadanos. Mientras no se asegure esto, sería mejor que la redacción del artículo 20 se mantenga tal como está actualmente.

domingo, 25 de marzo de 2018

lunes, 19 de marzo de 2018

El Decreto Legislativo 1206 y la audiencia de presentación de cargos

Luis Martín Lingán Cabrera

El 23 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1206, mediante el cual se modificó el Código de Procedimientos Penales de 1940 (en adelante CPP1940) y el Decreto Legislativo N° 124, aplicables aún en pocas ciudades del país. (Véase el referido Decreto en  http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-medidas-para-dotar-de-eficaci-decreto-legislativo-n-1206-1290959-6/ )

Así, con este Decreto Legislativo se modifica el artículo 77 del CPP1940, para regular la denominada Audiencia de Presentación de cargos, la cual deberá ser solicitada por el representante del Ministerio Público, luego de haber formalizado la denuncia penal, correspondiendo al Juez fijarla en un plazo no mayor de cinco días de recibida la solicitud.

Se señala, también, con la modificación realizada al artículo 77 del CPP1940, “Instalada la audiencia el Juez concederá el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a fin que sustente su denuncia, explicando los hechos, la calificación legal y los actos de investigación actuados que justifiquen la apertura de instrucción, Se escuchará al defensor del imputado, quien puede ejercer contradicción a lo alegado por el Fiscal y solicitar un auto de no ha lugar… El Juez resolverá oralmente en Audiencia la procedencia de la Apertura de instrucción, para ello realizará un control de legalidad de la imputación realizada, y determinará si existen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal”

De esta manera se busca garantizar la existencia de una imputación suficiente en la formalización de la denuncia fiscal, para que el investigado pueda ejercer adecuadamente su defensa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, tal como se señala en el Fundamento 7 del Acuerdo Plenario N° 2-2012(CJ-116  que “no es lo mismo un delito flagrante, que uno referido a sucesos complejos y de determinación inicial algo incierta y por tanto de concreción necesariamente tardía…es de aclarar que el nivel de detalle del suceso fáctico está en función de su complejidad” (Véasehttp://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20Extraordinario%20N2_2012.pdf ).

Así, en algunos casos, desde el momento de formalizarse la denuncia penal se podrá tener una imputación más clara, y en otros, por la complejidad, podrá lograrse luego de haberse llevado a cabo la instrucción. El Juez debe tener en cuenta esta circunstancia para no actuar arbitrariamente al momento de analizar la legalidad de la imputación.

Luego de más de dos años de vigencia de la modificación introducida por el Decreto Legislativo 1206 ¿cuál es el resultado de la regulación de esta audiencia? ¿Qué problemas se presentan donde se está aplicando? ¿Debería regularse esta audiencia en el Código Procesal Penal de 2004? ¿Cuáles serían los beneficios?


jueves, 15 de marzo de 2018

15 de marzo: Día Mundial del Consumidor y una sentencia del Tribunal Constitucional peruano sobre derechos de los consumidores (Expediente N° 1865-2010-PA/TC)

Hoy 15 de marzo es el Día Mundial del Consumidor. 

Aquí se podrá encontrar una sentencia del Tribunal Constitucional peruano emitida en el Expediente N° 1865-2010-PA/TC, en cuyos fundamentos 8 al 23 se refiere al "derecho de los consumidores y usuarios en perspectiva constitucional"

 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01865-2010-AA.html


Aquí se podrá encontrar los principales derechos como consumidores según Indecopi

Ley No. 30738 Ley de Reforma Constitucional del artículo 52 de la Constitución Política de 1993


El 14 de marzo de 2018 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30738, de Reforma Constitucional del artículo 52 de la Constitucional Política de 1993. Ahora se considerará peruanos de nacimiento, además de los nacidos en el territorio de la República, a los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente, sin que sea necesario que esta inscripción sea realizada durante su minoría de edad, como se establecía anteriormente.

Aquí se puede encontrar la referida Ley