La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Apelación 74-2025-Corte Suprema, ha declarado nula una resolución del Juzgado Supremo de Investigación preparatoria en el extremo que denegó una solicitud de variación de las reglas de conducta impuestas en una medida de comparecencia con restricciones.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
Ayer
14 de abril de 2025 se publicaron en el Diario Oficial El Peruano, entre otros
dispositivos legales, dos Decretos Supremos:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2390288-1
Ayer 11 de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 32298, que modifica la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del Grupo familiar y el Decreto Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú, a fin de implementar la correcta recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad auditiva o con limitaciones para la expresión oral mediante la participación de intérpretes de lenguaje de señas peruana.
[...]
La
Policía Nacional del Perú coordina con el Programa Nacional
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), con la Dirección de Promoción y
Desarrollo de las Personas con Discapacidad que desarrolla el mecanismo de
protección y asistencia a la Persona con Discapacidad (Red Alivia Perú) del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis)
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el Ministerio
Público, con el Poder Judicial y otras instituciones públicas para
que se facilite intérpretes en lengua de señas peruana de manera inmediata para
la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva o con
limitaciones para la expresión oral”.
[...]
Considero, sin embargo, que la asignación de intérpretes debe asegurarse para todo el proceso en que participen las referidas personas.
Considero también debería establecerse que quienes intervengan en la impartición de justicia (jueces, fiscales, abogados), también deban tener formación en este lenguaje, para brindar una adecuada atención a las personas antes indicadas.
Aquí puede encontrarse el acceso a la referida ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2389754-3
Ayer 10 de abril de 2024 en Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano se han publicado dos nuevos Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema de Justicia de la República.
-Acuerdo Plenario 1-2024/CIJ-112 “La agravante del delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial: precisiones al Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2016/CIJ-116”
Las conclusiones que en el mismo Acuerdo Plenario se señalan son las siguientes:
“A. La aplicación del artículo 367 del Código Penal presupone actos de violencia y resistencia graves. Si la resistencia no es grave, según lo indicado supra, se estará ante el artículo 368 del Código Penal.
B. Cuando se produzcan los supuestos especificados en el fundamento 25, tercer párrafo, u otros análogos, será, entonces, factible su aplicación analizando caso por caso con plena observancia de las reglas generales de la interpretación de la ley (tipicidad) así como de las reglas concursales que fueran pertinentes.
C. Las agravantes del artículo 367 del Código Penal no han sido derogadas ni declaradas inaplicables o inconstitucionales.
D. En los casos de la verificación de los supuestos fácticos del artículo 367 del Código Penal, la pena será dosificada de acuerdo al sistema operativo escalonado. En consecuencia, se seguirán las reglas para este esquema, conforme a lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112.”
Aquí se puede encontrar el referido Acuerdo Plenario:
-Acuerdo Plenario 2-2024/CIJ-112: Determinación judicial de la pena de concurrir tentativa en los delitos con circunstancias agravantes específicas; y alcance de la bonificación procesal por el plazo razonable: precisiones al Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112”
Se establecen reglas a tener en cuenta por los jueces del país en tres aspectos:
A) La disminución de pena en los casos de tentativa de delitos especialmente graves o con circunstancias agravantes específicas.
B) Delimitar el periodo para aplicar la regla de reducción por bonificación supralegal (retardo del proceso).
C) Alcances del Acuerdo Plenario sobre determinación de la pena y el pronóstico de pena en las medidas coercitivas personales.
Aquí se puede encontrar el referido Acuerdo Plenario:
Desde hoy 07 de abril de 2025 están vigentes las modificaciones realizadas por la Ley Nº 32291 (publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano), al Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, para precisar el uso de armas letales y no letales e incorporar el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito.
-Se señala en el artículo 8.4 del Decreto Legislativo 1186 el siguiente texto:
En mérito a ello se declara
infundada la excepción de improcedencia de acción, dejando en claro la Corte Suprema
que será en el proceso de fondo donde deberá acreditarse si la investigada efectivamente
realizó los comportamientos que se le imputan.
En sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (Revisión de sentencia 452-2022-Huánuco), publicada el 04 de abril de 2025 en la página web del Poder Judicial, se declara fundado una revisión de sentencia presentada por una persona condenada a 15 años de pena privativa de libertad por el delito de tráfico de insumos químicos destinados a la elaboración ilegal de droga (Art. 296 B, concordante con el artículo 297.6 del Código Penal: con el concurso de tres o más personas).
En el caso la policía detuvo a una persona en circunstancias que manejaba un camión en el cual se encontraban acondicionados insumos químicos que se acreditó estaban destinados a la elaboración ilegal de drogas. Junto a él se detuvo a dos personas más que iban en el vehículo, por lo que a los tres se le imputó ser coautores del delito antes indicado.
Al inicio del juicio oral el procesado que conducía el camión se sometió a la conclusión anticipada, aceptó los cargos y se le impuso 15 años de pena privativa de libertad. Los otros dos coprocesados negaron ser responsables de los hechos imputados, se sometieron al juicio oral, donde posteriormente fueron absueltos, al considerarse acreditado que los mismos no habían tenido participación alguna en el transporte de los referidos insumos.
Ante esta circunstancia el procesado condenado presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema requiriendo se le disminuya su pena, pues al haber sido absuelto los otros dos coprocesados ya no se presentaba la agravante de haberse cometido el hecho con el concurso de tres personas, supuesto que determinó su condena a 15 años de pena privativa de libertad.
La Corte
Suprema accede a lo peticionado por el recurrente, reiterando su criterio referido
a que también procede la acción de revisión “cuando se trata de excluir una circunstancia agravante, en atención a una
resolución judicial que permita darla por excluida” (F.4.3). En mérito a ello
la Corte Suprema disminuye la pena del recurrente de 15 a 6 años de pena privativa
de libertad. (modalidad básica).
Se publica hoy 04 de abril de 2025 en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 002-2025-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Suprema 009-2016-MIMP
Se publica hoy 04 de abril de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 32287, que declara al Departamento de Cajamarca como la capital nacional del maíz morado.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Aquí puede encontrarse más información al respecto:
En una sentencia del Tribunal Constitucional peruano emitida en el Expediente 3265-2022-PHC/TC (publica el 28/03/2025 en su página web), se pronuncia respecto a una demanda de habeas corpus presentada por una persona condenada por el delito de negociación incompatible.
En el caso, el
demandante entre otros aspectos alegó que la sentencia mediante la cual se le
condenó no estaba debidamente motivada.
El TC respecto
a la debida motivación en el delito de negociación incompatible señalo lo siguiente:
“En cuanto
a la debida motivación para el delito de negociación incompatible, este
Tribunal, en reciente jurisprudencia ha detallado que “un tipo penal como el de
negociación incompatible, que sanciona el interés indebido del funcionario, en
beneficio propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que
interviene por razón de su cargo, requiere para su aplicación, como mínimo, que
exista certeza de cuáles son los deberes de cada funcionario en el MOF y ROF de
la entidad”2 .Y que, en ese sentido, “no resulta constitucionalmente posible
interpretar de manera amplia, ni analógica, ni mucho menos crear
jurisprudencialmente deberes funcionariales inexistentes en la normativa
referida”3 . (F.8)
El TC considera
que en el caso:
“los jueces no
limitaron su fundamentación al cargo que tenía el favorecido como director de
Abastecimiento y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional de Ayacucho, sino
que hicieron referencia explícita a los artículos del ROF y del MOF que
corresponden a dicho cargo, en donde se dispone que a tal funcionario le
correspondía elaborar y suscribir los contratos, razón por la cual debió
conducir los procesos técnicos de abastecimiento conforme a la modalidad
legalmente establecida y cautelar el no fraccionamiento, pese a que el área
usuaria lo haya solicitado. En consecuencia, se aprecia que las resoluciones
cuestionadas han motivado de manera adecuada los argumentos que sustentaron
tanto la condena en primera instancia como la sentencia confirmatoria. En ese
sentido, este Tribunal considera que este extremo de la demanda debe ser
desestimado” (F.11)
Se declara improcedente
la demanda de habeas corpus.
Aquí puede encontrar
el enlace de acceso a la referida resolución:
En sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 3280-2023/Junín (publicada el 26 de marzo de 2025, en la página web del Poder Judicial), se declara fundado el recurso de casación presentado por Vladimir Cerrón y otras personas más, procesados por el delito de Colusión simple (Art. 384, primer párrafo, del Código Penal).
En el caso se imputó al
recurrente Vladimir Cerrón y otras personas más que cuando se desempeñaron como
funcionarios del Gobierno Regional de Junín (intraneus) concertaron con el
representante de una empresa para admitir, evaluar, adjudicar y suscribir el
contrato para la construcción de un aeropuerto (Gran aeródromo Wanka), vulnerando
normas legales y administrativas, para defraudar al Estado.
En primer y segunda
instancia el recurrente y otros procesados fueron condenados a una pena
privativa de libertad efectiva y al pago de S/800 000 mil soles de reparación civil.
Contra esta decisión presentaron recurso de casación.
La Corte Suprema
considera que “aun cuando la celebración del contrato, y el procedimiento que
lo determinó, no se sostenía desde la legalidad administrativa y financiera del
Estado, el propósito defraudatorio, de afectar el patrimonio público, no tiene
base probatoria consistente (…) En todo caso, ya en el momento del análisis
final del material probatorio, resulta, respecto del tipo subjetivo, una duda
razonable de su efectiva concurrencia. Así las cosas, el Tribunal superior
debió dudar y pese a ello no lo hizo, por lo que se vulneró la presunción de
inocencia -que es un mandato que orienta la valoración probatoria- lo que torna
viable la absolución (…) En tal virtud, el delito de colusión simple, por falta
de elemento subjetivo, no se ha cometido. Se interpretó erróneamente el
artículo 384 del CP” (F.8)
En mérito a ello
declara fundado el recurso de Casación, absolviendo a los procesados
recurrentes, aunque considera que sí se ha acreditado los elementos de
responsabilidad civil, por lo que en tal extremo señala que debe pagarse la
misma, pero la disminuye a S/250 000 soles, ampliando los obligados a
cancelarla.
¿Qué opinión le merece
esta sentencia?
Aquí puede encontrarse
el acceso a la referida resolución:
En resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Apelación Nº 58-2025, Corte Suprema (publicada el 24 de marzo de 2025, en su página web), se pronuncia respecto a si la modificación realizada por la ley Nº 32130 al artículo 287 del Código Procesal Penal de 2004, para establecer que la comparecencia con restricciones tenga un plazo, es constitucional o no.
Como se conoce, mediante Ley Nº
32130 se modificó diferentes artículos del CPP2004, entre ellos, el artículo
287, para establecer que la comparecencia con restricciones también tendrá plazo
(al igual que la prisión preventiva).
En el caso, el Juzgado Supremo de
Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República
declaró fundado un pedido de cese de comparecencia con restricciones impuesta a
un investigado, al haberse superado el plazo señalado por la Ley Nº 32130.
Contra la decisión antes indicada
el representante del Ministerio Público presentó un recurso de apelación,
cuestionando la constitucionalidad de la Ley Nº 32130, en el extremo de establecer
el plazo de comparecencia con restricciones, solicitando al Juez, inaplique la
referida ley, vía control difuso.
El caso fue elevado a la Corte
Suprema, donde el Fiscal Supremo se desistió de la apelación, lo cual fue
aprobado por la referida entidad suprema, luego de hacer el control de
legalidad respectivo.
A pesar de ello, la Corte Suprema
se pronuncia respecto a la constitucionalidad de la Ley 32130, señalando que:
“Pero la existencia de esta nueva
carga jurídica que habrán de soportar los fiscales no es en sí misma
inconstitucional, no solo porque rescata en ponderación el derecho al plazo
razonable que es formativo del derecho fundamental al debido proceso, sino, además,
porque esta optimización fundamental para nada impide la lucha frontal contra
la corrupción e incluso contra la criminalidad organizada, ni mucho menos
vuelve al proceso judicial ineficaz, puesto que, como se insiste, la medida
coercitiva submateria no se ha derogado, sino que se la ha vuelto temporal, lo
que imprimirá una dinámica de mayor cuidado a los fiscales, en clave
constitucional con el artículo 44 de la Constitución Política del Perú y en el
respeto merecido a las Convenciones de las Naciones Unidas de Palermo (contra
la criminalidad organizada) y Mérida (contra la corrupción) e incluso a la
Convención americana de Caracas (también contra este último flagelo social)”
(F.18.3)
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso a
la referida resolución:
Se incorpora a la referida Ley los artículos 223 A, 223B, 223C, 223D, 223E,
223F, 223G.
En su artículo 1 se señala que “El voto o sufragio digitales es un mecanismo alternativo y equivalente al sufragio por cédula. Su uso es voluntario y su aplicación, progresiva”
Se señala que cualquier ciudadano que cuente con DNI electrónico con certificado digital vigente puede emplear el voto digital en cualquier tipo de elección o consulta popular, previo registro ante la ONPE (Art.2).
Se establecen disposiciones respecto a la Mesa de sufragio digital, el escrutinio de los votos, mecanismos de seguridad.
Se autoriza a la ONPE a determinar el ámbito de aplicación del programa piloto del voto digital, priorizando a peruanos en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de las comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Se precisa que excepcionalmente el voto digital es de aplicación obligatoria para los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, que por razones funcionales se encuentran desplazados fuera de su domicilio registrado ante el RENIEC, el cual entrega gratuitamente el DNI electrónico (1DCF)
Aquí se puede encontrar el enlace de acceso a la referida Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2383753-1
Hoy, 20 de marzo de 2023 se publica en el Diario Oficial El Peruano, dos importantes leyes;
En
el artículo 2 se señala que se “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas,
para que en un plazo no mayor de treinta días calendario, contados desde la
entrada en vigor de la presente norma, realice el estudio técnico
correspondiente, a efectos de plantear la nueva escala de ingresos para el
personal de apoyo a la función fiscal y administrativo del Ministerio Público
sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Formación y
Promoción Laboral.
Si
concluido el plazo establecido, no se realiza el estudio técnico, se autoriza
al Ministerio Público a presentar un estudio técnico al Ministerio de Economía
y Finanzas para ser aprobado en el plazo señalado en el artículo 3”
Aquí
puede encontrarse la referida ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2382423-2
Se publicó ayer 17 de marzo de 2025 en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 35-2025-PCM, mediante el cual se declara en Estado de Emergencia por 30 días en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincial Constitucional del Callao.
En los considerandos
del referido Decreto se hace referencia a que la Declaratoria del Estado de Emergencia
se declara en mérito a informes de la Policía Nacional que dan cuenta de la perturbación al orden interno por el incremento del
accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados del aumento de la
comisión de delitos de homicidio, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de
drogas.
Se establece que la Policía Nacional del
Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las
Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde
se requiera dicho apoyo. (Art. 1).
Se señala que: “Durante el Estado de Emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú” (Art 2).
Se dice,
además que “la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las
Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional del Perú, y en el Título II del Decreto Legislativo N° 1095,
Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte
de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente; así como, en el “Protocolo de
actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de
detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición
de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2023-MIMP” (Art. 3)
Y aquí un artículo sobre los Regímenes de Excepción (Estado de Emergencia y de Sitio) escrito hace algunos años:
https://luislingaderechoypolitica.blogspot.com/2011/12/los-regimenes-de-excepcion-en-el-peru.html
Anoche, en diferentes medios de comunicación se anunció que el Poder Ejecutivo decretará el Estado de Emergencia en todo Lima y Callao, por la inseguridad ciudadana existente.
Con Ley nº 32258 publicada hoy 14 de marzo de 2025 en el Diario Oficial El Peruano se modifican los artículos 16 y 57 del Código Penal, en los siguientes términos:
1.- Modificación respecto a la tentativa
Se modifica el artículo 16, que regula la tentativa,
el cual queda redactado así:
Art. 16.-Tentativa.
“En la tentativa el agente comienza la
ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo.
El juez reprimirá la tentativa disminuyendo
prudencialmente la pena, excepto en los casos de los delitos regulados en
los artículos 108-B, 152, 189, 200, con excepción de los párrafos tercero y
cuarto, y 317 o en los delitos comprendidos en el Título I-A y en el Capítulo
IX del Título IV del Libro Segundo, donde la disminución no es mayor que un
tercio del mínimo de la pena fijada por ley”.
Con la modificación se establecen algunos
delitos en los que la reducción por tentativa solo podrá ser hasta un tercio
del mínimo de la pena fijada por la ley. Se entiende que en los demás delitos
la reducción de pena puede ser mayor.
Sobre este tema, en el Acuerdo Plenario
1-2023/CIJ-112, la Corte Suprema de Justicia del Perú señaló que en supuestos
de tentativa con agravantes específicas “el Juez aplicará una disminución simultánea en el límite mínimo y en el máximo de
la penalidad conminada que fija la ley para el delito con las circunstancias
agravantes específicas y que será equivalente a una mitad (1/2) para aquellos
dos límites” (F.37).
Con la modificación realizada por la ley nº 32258, se
entenderá entonces que la reducción de la pena para los delitos a los que se
hace referencia en el texto modificado ¿deberá reducirse un tercio en el extremo
mínimo y el extremo máximo?
2)Modificación respecto a la suspensión de
la ejecución de la pena
Se modifica el artículo 57 del Código Penal, el cual
queda redactado así:
Art. 57.- Requisitos
(Suspensión de la ejecución de la pena)
El juez puede suspender la ejecución de la
pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:
[…]
La suspensión de la ejecución de la pena es
inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera
de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del
artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código, así como para las personas
condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes
del grupo familiar del artículo 122-B, por el delito de lesiones leves previsto
en los literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122 o por los
delitos previstos en los artículos 108-B, 152, 189, 200, excepto los párrafos
tercero y cuarto, y 317 o por cualquiera de los delitos comprendidos en el
Título I-A y en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo”.
Con la modificación se incrementan delitos en
los cuales no procede la suspensión de la ejecución de la pena. No se
incorporan delitos para la suspensión de la ejecución de la pena, como se hace
mención erróneamente en el nombre de la Ley.
En aplicación de esta ley a partir de mañana no procederá la suspensión de la ejecución de la pena, además de los delitos ya contemplados a la fecha, en los delitos siguientes:
108-B (feminicidio), 152 (secuestro), 189 (robo agravado), 200, excepto los
párrafos tercero y cuarto (extorsión), y 317 (organización criminal) o por
cualquiera de los delitos comprendidos en el Título I-A (delitos contra la
dignidad humana) y en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo (violencia
sexual, tocamientos o actos libidinosos, acoso sexual, chantaje sexual”.
Aquí se puede encontrar el enlace de acceso a
la referida ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2380524-2
Hoy 14 de marzo de 2023 se publica en el Diario Oficial El Peruano la Ley nº 32257, en cuyo artículo único se señala lo siguiente:
“Se declara de interés nacional el uso de grilletes
electrónicos para delitos menores, como medio alternativo a la privación de la
libertad, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y de dar cumplimiento
a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente
05436-2014-PHC/TC”
En una primera Disposición complementaria final se
agrega que “en el marco de la declaración de interés nacional y en caso de
ejecutarse el objeto de dicha declaración, los ministerios de Justicia y
Derechos Humanos, del Interior y de Economía y Finanzas en coordinación con el
Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú,
priorizarán las acciones pertinentes, de acuerdo con sus competencias, para la
observancia del uso de grilletes”.
En una segunda Disposición complementaria final se
señala que: “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con
el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un plazo no mayor de ciento
ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley,
aprobará el Código de Conducta del Servidor Penitenciario y realizará las
acciones de capacitación y difusión correspondientes”
¿Qué opiniones se puede dar respecto a esta ley:
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso a la referida
Ley:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2380524-1
En sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en la Casación Nº 411-2023-Arequipa, publicada el 11 de marzo de 2025, en la página web del Poder Judicial del Perú, se declara fundado el recurso de Casación presentado por una procesada a quien se le condenó por el delito de homicidio simple, en calidad de coautora.
En el
caso, en segunda instancia se condenó a la recurrente como coautora del delito
de homicidio simple, a cinco años de pena privativa de libertad efectiva, al
considerarse probado que juntamente con otro procesado varón, acabaron con la
vida de una persona con la cual estuvieron departiendo en su propio domicilio.
Se imputó
que el coprocesado de la recurrente atacó al agraviado golpeándolo con un arma
de fuego en la cabeza y pómulo izquierdo que le produjo fractura de la bóveda y
base del cráneo (lesión que causó la muerte según dictamen médico pericial).
A la procesada
recurrente se le imputó que luego de la agresión proferida por su coprocesado
agredió al agraviado con un cerámico, produciéndole
múltiples heridas cortantes en el cuello, región toráxica y mano izquierda. Los
jueces consideraron “las agresiones realizadas por la apelante dentro de un
actuar conjunto entre ambos imputados, de tal manera que toda contribución
estuvo avocada a despojar de la vida al agraviado” (F.2).
La procesada
presentó recurso de casación alegando que la sentencia que la condenó tuvo una motivación
defectuosa por insuficiente, que las lesiones que
causó fueron superficiales y no de necesidad mortal; que no existe coautoría, sucesiva;
que su conducta no es causal de la muerte del agraviado; que no hubo dominio
funcional del hecho” (F.3).
La Corte
Suprema desarrolla la coautoría señalando:
“El artículo 23 del Código Penal reconoce tres
modalidades de autoría: autoría directa e
inmediata, coautoría y autoría mediata; y, respecto de la coautoría, la define
como “…los que lo cometan [el delito] conjuntamente”. El requisito o exigencia
fundamental y esta última es, objetivamente, la realización del delito mediante
división vinculante –no separadora– del trabajo, que explica la vinculación
normativa que existe entre los coautores y su obra común que es el delito. Los
coautores son competentes por el delito en razón de una realización parcial del
tipo penal por medio de una conducta a la que, desde la semántica social, le
alcanza un sentido delictivo; mancomunidad que tienen su origen en objetiva
relación de sentido de cada comportamiento respecto de la realización del tipo
[GARCÍA CAVERO, PERCY: Derecho Penal Parte General, 3ra. Edición, Editorial
Ideas, Lima, 2019, p. 751]. Se castiga, pues, los aportes prohibidos realizados
por dos o más personas en el delito, en lo característico del mismo, en cuya
virtud se entiende que, normativamente, el delito se comete conjuntamente –en
el presente caso, en el delito de homicidio–.” (F.4)
Analizando
el caso en concreto, la Corte Suprema concluye:
“Según
el relato de hechos probados es de apreciar que, si bien se produjo una
discusión entre el agraviado y los imputados, en esos momentos fue que el
encausado (…), al margen de la influencia, ayuda o colaboración de la encausada
recurrente tomó la pistola del agraviado y con ella lo golpeó duramente en la
cabeza y pómulo izquierdo; y, acto seguido, sin la intromisión o injerencia del
primer agresor, la encausada recurrente con un pedazo de cerámico le infirió
cortes leves o superficiales, no profundos, en cuello, región toráxica y mano
izquierda. Luego, el agraviado sufrió en dos momentos diferenciados, pero
consecutivos, dos ataques con diferente nivel de intensidad, siendo que el
primer ataque, del encausado fue el que le ocasionó la muerte. El que los
ataques fueran consecutivos, al calificarse de diferenciados, denotan una
actuación autónoma uno del otro –no complementario–, sin que en su ejecución
mediara una comisión conjunta del homicidio. El contexto de los hechos revela
que el ataque ulterior de la encausada recurrente carezca de sentido delictivo,
del tipo legal de homicidio.” (F.4).
Se
declara fundado el recurso de casación presentada por la procesada recurrente,
se la absuelve de los cargos imputados.
Sin
embargo, sí se le impone una reparación civil de S/5 000 00 (cinco mil soles),
por las lesiones en el cuello, pecho que causó.
Interesante
sentencia que considero de manera adecuada concluye que los magistrados de
segunda instancia interpretaron erróneamente el título de intervención delictiva
de coautoría de homicidio (F.4), pues su intervención se dio cuando su
coacusado ya había proferido una lesión de necesidad mortal al agraviado, no
habiéndose acreditado que hayan concertado cometer el hecho delictivo.
Aquí
puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
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