Luis Martín Lingán
Cabrera
Diversas personas vienen
postulando la necesidad de reformar la ley electoral a fin de proscribir la
postulación de personas que hayan sido condenadas por algún delito, incluso cuando
hayan sido rehabilitados.
¿Sería razonable esta
prohibición? ¿Sería constitucional? ¿No vulneraría el derecho a elegir que
tienen los ciudadanos? ¿Cuál es el bien jurídico constitucional que buscaría
protegerse con un dispositivo de tal naturaleza?
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