Se publica hoy 3 de enero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 030-2025-.JUS, que aprueba el Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la justicia terapéutica con enfoque restaurativo y el Protocolo de aplicación initerinstitucional para la aplicación de los mecanismos restaurativos (Decreto Supremo 030-2025-JUS).
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/VistaNLSE.asp?Referencias=MjQ3MzQ4MS0yMjAyNjAxMDM=
Se publica hoy 2 de enero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 029-2025-.JUS, que aprueba el Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del Proceso Inmediato.
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/VistaNLSE.asp?Referencias=MjQ3MzQ4MS0xMjAyNjAxMDI=
El 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo n° 21-2025-IN, que modifica los artículos 6, 8 y 9 e incorpora el artículo 11-A al Reglamento del Decreto Legislativo n.°1186 (Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú), aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso al referido Decreto:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2473126-2
Ayer 30 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 026.2025-.JUS, que aprueba el Protocolo de actuación interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva.
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/VistaNLSE.asp?Referencias=MjQ3Mjg1Ni0xMjAyNTEyMzA=
En edición extraordinaria del día 17 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley n.º 32468, que modifican los artículos 108 C y 108D del Código Penal, los cuales quedan redactados así:
Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario.
Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza:
1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta.
2.
Para dar cumplimiento a la orden de una banda criminal u organización criminal.
3.
Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.
4.
Cuando las víctimas sean dos o más personas.
5.
Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo,
108-A y 108-B primer párrafo.
6.
Cuando se utilice armas de guerra.
7.
Contra quien realiza o promueve cualquier tipo de servicio público, actividad
comercial o actividad empresarial.
8.
Para dar cumplimiento a una orden proveniente del interior de un
establecimiento penitenciario.”
Con
la modificación se aumenta el extremo mínimo de la pena en el tipo básico del delito
de sicariato: Antes era 25 años ahora son 30 años.
En la modalidad agravada del delito del sicariato se considera como una agravante cuando la conducta se realiza no solo para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal, sino también de una banda criminal.
Se agregan también las agravantes referidas a cuando la conducta se realiza:
7. Contra quien realiza o promueve cualquier tipo de servicio público, actividad comercial o actividad empresarial.
8. Para dar cumplimiento a una orden proveniente del interior de un establecimiento penitenciario.
B.-
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE CONSPIRACIÓN Y EL OFRECIMIENTO PARA EL DELITO DE
SICARIATO
Artículo 108-D.- La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda:
1. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato.
2.
Quien solicita u ofrece a otros, cometer el delito de sicariato o actúa como
intermediario.
La pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años, si las conductas antes descritas se realizan con la intervención de un menor de edad u otro inimputable, o desde el interior de un establecimiento penitenciario”.
Con
la modificación se aumenta la pena. Antes era no menor de 5 ni mayor de 8 años
de pena privativa de libertad. Ahora es no menor de 8 ni mayor de 10 años de
pena privativa de libertad.
Asimismo, se aumenta la pena en la modalidad agravada: Ahora será no menor de 10 ni mayor de 15 años de pena privativa de libertad. Además, se agrega una agravante: si las conductas se realizan desde el interior de un establecimiento penitenciario.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2449682-2
-Se incorpora el artículo 9-A en la Ley 30096, Ley de delitos informáticos, en los siguientes términos:
Se publica hoy 22 de setiembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano la ley Nº 32446, que incorpora el artículo 318-B al Código Penal peruano, denominado “Delito de criminalidad sistemática”
El texto de este artículo es el siguiente:
“Artículo 318-B.
“El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua
En resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (Apelación Nº 220-2024-Corte Suprema), publicado ayer 07/07/2025 en la página web del Poder Judicial, se declara infundado el recurso de apelación presentado por un procesado, contra la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró improcedente el pedido de nulidad del auto de enjuiciamiento.
En el caso una persona procesada por el delito de cohecho pasivo específico solicitó la nulidad del auto de enjuiciamiento. Este pedido fue declarado improcedente, por lo que presentó apelación para que el caso sea revisado por la Corte Suprema.
El recurrente, entre otros cuestionamientos, alegó una notificación defectuosa de la resolución que se pronunció sobre la admisión de medios probatorios y del auto de enjuiciamiento (emitidos en la audiencia de control de acusación).
La Corte Suprema desestima los agravios realizados por el recurrente, declara infundada la apelación contra el auto que declaró improcedente la nulidad del auto de enjuiciamiento, al considerar que “no existen vicios insubsanables que afecten de nulidad el auto de enjuiciamiento ni la resolución que desestimó determinados medios de prueba que ofreció el procesado”
Aquì puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
En resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú (Revisión de sentencia Nº 408-2022/Tumbes) publicada en la página web del Poder Judicial el 1/07/2025, se declara fundada una demanda de revisión presentada por una persona que fue condenada por el delito de Incumplimiento de Obligación alimentaria.
Sin embargo, posterior a ello, en el proceso civil de alimentos mediante resolución se declaró la nulidad de las resoluciones por las que “(i) se practicó la liquidación de pensiones devengadas, (ii) se aprobó el monto liquidado junto al mandato de pago y (iii) se remitieron copias al Ministerio Público, respectivamente”. (F.5).
Ante ello, el interesado presentó demanda de revisión, anexando como nueva prueba la resolución que declaró la nulidad de las resoluciones antes indicadas.
La Corte Suprema señala:
“Si luego de emitida la condena penal se anuló la resolución judicial que contenía el mandato dirigido contra el promotor (…) para que, bajo apercibimiento, cumpla su obligación alimentaria, entonces, decayó inevitablemente un elemento del tipo objetivo del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Luego, el hecho materia de condena resulta atípico y, por ende, no es punible desde las exigencias del derecho penal. La demanda de revisión de sentencia ha de ampararse” (F.6)
Como consecuencia de declararse fundada la demanda de revisión se declara sin valor la sentencia de conformidad, se ordena que la parte agraviada restituya los pagos por concepto de reparación civil (siempre que se hubieran efectuado) y que se anulen los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso. (F.7)
Interesante sentencia de la Corte Suprema en un caso que según el CPP2004 se regula como “La Acción de Revisión” (Art. 439 al 445 del CPP2004), que permite en determinados supuestos revisar casos que tienen la calidad de cosa juzgada, a fin de que se haga justicia.
Aquí puede encontrarse el enlace de acceso a la referida resolución:
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