EL CASO MAMÉRITA MESTANZA Y LA IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA SUPRANACIONAL
Luis Martín Lingán Cabrera
I.- INTRODUCCIÓN
En el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH) se reguló como un derecho de las personas el establecimiento de un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos.
Esta Declaración fue de gran importancia, pues propició la elaboración y suscripción de diferentes tratados sobre derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos.
En algunos de estos instrumentos internacionales, en la línea trazada por el artículo 28 de la DUDH, se crearon organismos supranacionales de protección de derechos, a los cuales pueden acudir aquellas personas a quienes se ha violado sus derechos fundamentales y no han obtenido protección en el ámbito interno de sus respectivos Estados. Así, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se creó el Comité de Derechos Humanos de la ONU y en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
En el Perú, en mérito a lo establecido en el artículo 205 de la Constitución Política peruana, concordante con el artículo 114 del Código Procesal Constitucional , agotada la jurisdicción interna, una persona que considere lesionados sus derechos que la Constitución reconoce, puede acudir a instancias supranacionales, específicamente, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haber ratificado el Estado peruano el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el presente trabajo, a partir del caso de la ciudadana cajamarquina Mamérita Mestanza, fallecida luego de ser sometida a una ligadura de trompas, resaltamos la importancia de la existencia de instancias supranacionales a las cuales las personas podamos acudir en defensa de nuestros derechos fundamentales. Así mismo, se expone las consecuencias negativas para la protección de derechos, si se denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, como en algún momento se ha planteado en el país, como una medida de posibilitar la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos, como el de violación sexual de menor de 7 años, seguidas de muerte.
Como objetivos del presente trabajo se tiene el valorar la importancia de la posibilidad de acceder a la justicia supranacional, como garantía para la protección de derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. También conocer las instancias internacionales a las cuales podemos acudir en el país, para la protección de derechos fundamentales, así como las consecuencias de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
II.- LOS HECHOS:
María Mamérita Mestanza Chávez fue una humilde mujer cajamarquina, madre de 7 hijos, que en el año 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue obligada mediante engaños y amenazas a someterse a una ligadura de trompas, luego de lo cual falleció, debido a la falta de atención médica por parte del personal del Establecimiento de Salud de La Encañada-Cajamarca.
A fin de sancionar a los responsables de este luctuoso acontecimiento, los familiares de Mestanza Chávez denunciaron el hecho ante el Poder Judicial, el cual, archivó el caso, sin sancionar a los responsables, ni disponer el pago de una indemnización.
Ante la impunidad en el ámbito interno, los familiares de Mamérita, ayudados por varias ONGs, acudieron al ámbito supranacional, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo integrante del sistema americano de protección de derechos.
En esta instancia, los representantes de Mestanza y del Estado peruano celebraron un acuerdo de solución amistosa, por lo que la denuncia no fue sometida a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú reconoció su responsabilidad, se comprometió a sancionar penal y administrativamente a los responsables del deceso de Mamérita, indemnizar a sus familiares, asegurar su salud y educación, así como adoptar cambios legislativos en materia de salud reproductiva y planificación familiar. Así, los familiares de Mamérita Mestanza obtuvieron justicia.
Por otro lado, debido a la comisión de graves delitos, como el de violación sexual de menores de edad, diversas personalidades se han pronunciado por la necesidad de implantar la pena de muerte en nuestro país. Incluso, el Presidente de la República, Alan García Pérez, ha realizado esta propuesta, y ante la prohibición de su ampliación en mérito a la Convención Americana de Derechos Humanos, no son pocos quienes han manifestado que se debe denunciar este tratado internacional.
III.- ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES:
Como aspectos jurídicos relevantes del presente trabajo, consideramos a los siguientes:
1.- ¿Qué se entiende por jurisdicción supranacional?
2.- ¿A qué organismos internacionales se puede acudir para la protección de derechos fundamentales en el Perú?
3.- ¿Tomando como referencia el caso Mamérita Mestanza, cuál es la importancia de la justicia supranacional?
4.- ¿Es posible la aplicación de la pena de muerte para supuestos de violación sexual en nuestro país?
5.- ¿Cuáles son las consecuencias de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos?
IV.- DISCUSIÓN
En el presente acápite haremos una discusión de los temas jurídicos relevantes que surgen a raíz del caso María Mamérita Mestanza Chávez, y de la propuesta de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, para posibilitar la aplicación de la pena de muerte en el país.
4.1 ¿Cómo puede ser definida la jurisdicción supranacional y cuál es su importancia?
La jurisdicción supranacional puede ser definida como “aquella que facilita a una persona o Estado a alcanzar un remedio judicial, a través de específicos mecanismos supraestatales, específicos, por el quebrando de una norma de derecho internacional o por estar vinculada a la defensa de los derechos fundamentales reconocidos formalmente en los convenios internacionales. En ese sentido se trata de un órgano jurisdiccional de alcance internacional, encargado de temas judiciales diversos, directos y obligatorios en el territorio de los Estados adscritos a un tratado específico de la materia”[1]
La posibilidad de acceder a la jurisdicción supranacional ha sido establecida en el artículo 205 de la Constitución Política de 1993, donde se señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
El antecedente de la comentada disposición se encuentra en el artículo 305 de la Constitución Política de 1979, en la que debido a la persistencia del jurista Javier Valle Riestra, se insertó una fórmula que se transcribe en forma idéntica en la Constitución Política vigente. Según Chirinos Soto, “Este artículo es el favorito de Javier Valle Riestra. Representa sin duda, su contribución aislada más notable entre las muchas que ha aportado al nuevo texto constitucional. Supone que, por primera vez, la ley peruana reconoce la jurisdicción supranacional en el campo de los derechos humanos…” [2]
Según Bernales Ballesteros, la jurisdicción supranacional es una garantía adicional para la defensa de los derechos humanos. Muchas veces ellos son vulnerados por decisiones o estrategias políticas y los organismos judiciales internos pueden quedar imposibilitados de brindar la garantía judicial debida o, simplemente, pueden estar conformados por magistrados que no son independientes del poder político[3].
Por su parte, para Castañeda Otsu, “por medio de esta garantía de protección de los derechos, se otorga competencia a los órganos supranacionales para declarar la responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos humanos. Conforme a lo anotado, en el orden internacional constituye una verdadera garantía complementaria de los derechos humanos, una especie de amparo internacional, para la restitución del derecho vulnerado; y en el orden interno, un verdadero derecho fundamental que permite al lesionado en sus derechos recurrir a los órganos internacionales buscando la tutela efectiva[4]
4.2.- ¿Una ciudadano o ciudadana del Perú, a qué organismos internacionales se puede acudir para la protección de derechos fundamentales?
La respuesta la encontramos en el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N 28237, en el que se prescribe que para los efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre los derechos humanos ratificados por el Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
Nos ocuparemos brevemente de los dos organismos internacionales a los que se hace referencia en el artículo 114 del Código Procesal Constitucional.
· El Comité de Derechos Humanos de la ONU: El Comité de Derechos Humanos de la ONU fue regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional adoptado, abierto a la firma, ratificación y adhesión por la ONU mediante Resolución Nº 2200A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, aprobado en el Perú por Decreto Ley N.º 22128, instrumento de adhesión del 12 de abril de 1978, depositado el 28 de abril de 1978.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otras funciones, recibe, considera y conoce comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por parte de un Estado Parte. El Comité tiene competencia, si es que este Estado ha ratificado o se ha adherido al Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Perú aprobó este Primer Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mediante la XVI Disposición General y Transitoria de la Constitución Política de 1979, y el instrumento de ratificación fue del 09 de septiembre de 1980, depositado el 30 de octubre del mismo año.
Por lo tanto, el Perú ha reconocido la competencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU para conocer quejas, peticiones o reclamos de peruanos que aleguen violaciones de sus derechos humanos por parte del Estado peruano.
Se debe precisar, sin embargo, que la falta de un tribunal en las instancias de la ONU, convierte a las Resoluciones del Comité de Derechos Humanos en simples recomendaciones, aún en los casos en que los Estados hayan aceptado expresamente la competencia.[5]
Uno de los últimos casos en los que ha intervenido el Comité es en el caso Karen Llantoy contra Perú, sobre prestación de servicios médicos en caso de aborto terapéutico. Este organismo internacional emitió un dictamen en el que concluye que el Estado Peruano ha inobservado los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no haber garantizado que Llantoy pueda practicarse un aborto terapéutico. En mérito a ello, de conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Comité de Derechos Humanos señala que el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar un recurso efectivo que incluya una indemnización, y que debe adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.[6]
· La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA. En un inicio el Estatuto de este organismo no incluía la autoridad para tramitar denuncias individuales provenientes de personas u organizaciones que reclamaban violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de los Estados miembros. Sin embargo, en 1967 la OEA modificó el Estatuto de la Comisión para poder tramitar este tipo de comunicaciones[7]. En la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se reafirma esta competencia.
La función más importante que tiene la Comisión, sin duda, es conocer las quejas que se presentan contra las violaciones a derechos humanos imputadas a los Estados del Continente Americano. Recibida la petición, la Comisión la traslada al Estado involucrado, que puede realizar observaciones respecto al cumplimiento o no de los requisitos que deben observarse para llevar un caso ante este organismo. Luego, la Comisión, de ser el caso, emite un Informe de Admisibilidad, pudiendo las partes solucionar amistosamente el problema. Si es que ello no se produce la Comisión emite una decisión sobre el fondo del asunto, pudiendo declarar la no-responsabilidad o la responsabilidad del Estado. En este último caso emite un Informe Confidencial, con recomendaciones y un plazo determinado a fin de que el Estado involucrado las cumpla. De no suceder ello, la Comisión discrecionalmente puede adoptar la decisión de emitir un Segundo Informe Definitivo, con reiteración de recomendaciones insatisfechas y otro plazo perentorio para su cumplimiento. De no aceptarse las recomendaciones, la Comisión puede publicar el Informe, el que es incorporado al Informe Anual que realiza la Comisión ante la OEA.
La otra alternativa que tiene la Comisión, si es que las recomendaciones que se realizó en el Informe Confidencial no son satisfechas, es presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se trata de un Estado que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, pudiendo terminar el caso en una sentencia con carácter vinculante e inapelable para los Estados Partes de la Convención.[8]
El Perú reconoce la competencia contenciosa de la Corte cuando en la Constitución peruana de 1979, se señaló expresamente en el segundo párrafo de su Disposición General y Transitoria Décimo Sexta, que ratificaba “la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluidos sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”[9]
La Comisión y Corte Interamericana tuvieron una participación decisiva en diferentes casos de violación de derechos humanos, que no fueron cautelados en la jurisdicción interna del país, entre los cuales cabe destacar a los siguientes: Barrios Altos, Castillo Páez, Cesti Hurtado, Loayza Tamayo, Baruch Ivcher, Magistrados del Tribunal Constitucional, la Cantuta, matanza en el Penal Castro Castro , y también, el caso que motiva el presente trabajo, el CASO MAMÉRITA MESTANZA.
4.3.- ¿Tomando como referencia el caso Mamérita Mestanza, cuál es la importancia de la justicia supranacional?
Como se ha dicho, Mamérita Mestanza Chávez fue una ciudadana cajamarquina que fue obligada a someterse a una anticoncepción quirúrgica, por médicos de Cajamarca, luego de la cual falleció, al producirse complicaciones y no ser atendida por el personal de salud de la Encañada -Cajamarca.
López Vega, sistematiza los hechos del presente caso de la siguiente manera:
“La Sra. Mestanza, mujer campesina de unos 33 años de edad y madre de 7 hijos, fue acosada desde 1996 por parte del personal del Centro de Salud del Distrito de La Encañada (sistema público de salud), para que se esterilizara.
Se denuncia que por coacción (amenazas de denunciarla a ella y a su esposo a la policía, refiriéndoles que el gobierno aplicaba multas a las personas con más de 5 hijos) se logró su consentimiento para la ligadura de trompas que tuvo lugar el 27 de marzo de 1998, sin haberse efectuado examen médico.
A la violencia para que se sometiera a la cirugía se sumó la falta de cuidado con su salud, a Sra. Mestanza fue dada de alta al día siguiente, aún cuando presentaba serias anomalías. Los días siguientes su esposo informó varias veces al personal del Centro de Salud que la Sra. Mestanza empeoraba, y el personal respondió que estos eran los efectos de la anestesia.
La Sra. Mestanza falleció en su casa el 5 de abril de 1998 siendo indicada una “sepsis” como causa directa de su muerte. Se denuncia que días después un doctor ofreció dinero al esposo para dar por terminado el problema.
El 15 de abril el esposo denunció al Jefe del Centro de Salud. La denuncia penal se formalizó ante la Jueza Provincial, quien declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Tal decisión fue confirmada por la Sala Especializada en lo Penal, por ello el 16 de diciembre de 1998 se archivó el caso” [10]
Como se recuerda, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se promovió la práctica de ligaduras de trompas y vasectomía, como métodos para evitar el nacimiento de más niños.
Estas actividades formaron parte de su plan de población, pero el personal de salud incurrió en diversos excesos. Así, según Reyes María, “El Estado peruano estableció metas numéricas a nivel nacional, exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica, con la finalidad de ejercer la máxima presión y coacción para lograr que la población de mujeres se sometiera a procedimientos que se convirtieron en esterilización forzada y otras prácticas contrarias al consentimiento informado. Las campañas de carácter masivo para tales fines consistieron en la realización de los denominados y publicitados «festivales y ferias de ligaduras de trompas», organizados para captar usuarias. Estos eventos suponen una clara violación del derecho a decidir libre e informadamente entre la amplia gama de métodos anticonceptivos que debía ser ofertado por el programa y tuvieron la gravísima consecuencia de resultar en la muerte de María Mamérita y al menos otras doce mujeres. La investigación iniciada por CLADEM y el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Perú lograron poner al descubierto ante la comunidad nacional e internacional estas graves violaciones de derechos humanos”[11]
Así, la Defensoría del Pueblo reportó muertes en Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín[12]
Uno de estos casos fue el de Mamérita Mestanza, cuyas irregularidades por parte del personal de salud que la atendió fueron detalladas en el Informe Defensorial Nº 27.[13] A pesar de ello, los familiares de Mamérita Mestanza no obtuvieron justicia en el ámbito nacional, pues los órganos jurisdiccionales archivaron su caso.
Ante ello, ayudadas por varias ONGs, los familiares de Mamérita decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo integrante del sistema de protección americano de derechos humanos, en el cual, se logró un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado peruano, por lo que el caso ya no fue sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional por violación de los artículos 1.1, 4, 5 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en agravio de la víctima María Mamérita Mestanza Chávez.
Los acuerdos a los que arribaron los representantes del Estado peruano y los de Mamérita Mestanza en la Solución Amistosa realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron los siguientes:
- El Estado peruano se comprometió a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios públicos, sean civiles o militares; al personal de salud que hizo caso omiso de la demanda de atención urgente de la señora Mestanza luego de la intervención quirúrgica; a los responsables de la muerte de la Sra. María Mamérita Mestanza Chávez; los médicos que entregaron dinero al cónyuge de la señora fallecida a fin de encubrir las circunstancias del deceso, la Comisión Investigadora, nombrada por la Sub Región IV de Cajamarca del Ministerio de Salud que cuestionablemente, concluyó con la ausencia de responsabilidad del personal de salud que atendió a la señora Mestanza.
- El Estado peruano se comprometió a realizar investigaciones administrativas y penales por la actuación de los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, que omitieron esclarecer los hechos denunciados por el viudo de la señora Mestanza Chávez.
- El Estado peruano concedió una indemnización a favor de los beneficiarios[14] de Mamérita Mestanza ascendente a $10 000 (diez mil dólares americanos) a cada uno de ellos, por concepto de reparación de daño moral, sumando la cantidad de S$ 80 000 dólares. Además, se fijó la suma de S$2 000 (dos mil dólares americanos) por concepto de daño emergente.
- El Estado peruano se compromete entregar a los familiares de Mamérita Mestanza un monto de $ 7000 00 (siete mil dólares americanos), por concepto de rehabilitación psicológica, a favor de los beneficiarios.
- El Estado peruano se compromete brindar al esposo e hijos de Mamérita Mestanza, un seguro permanente de salud, a través del Ministerio de Salud o de entidad competente.
- El Estado peruano se compromete a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario y secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola carrera.
- El Estado peruano se compromete a entregar adicionalmente el monto de $ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos) al señor Jacinto Salazar Suárez para adquirir un terreno o una casa en nombre de sus hijos habidos con la señora María Mamérita Mestanza.
- El Estado peruano se compromete a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres.[15]
Así, como podemos apreciar, mediante la intervención de instancias supranacionales de protección de derechos humanos, los familiares de Mamérita Mestanza pudieron obtener la justicia que en el ámbito interno no lograron.
A partir de este caso, podemos ver la importancia de la existencia de una justicia supranacional, a la cual podamos acudir para solicitar protección de nuestros derechos fundamentales. La jurisdicción internacional o supranacional, se constituye así en una garantía más de protección de los derechos de las personas consagrados en la Constitución vigente, y es consecuencia de haber aceptado los Estados de buena fe, suscribir y ratificar tratados de derechos humanos.”[16]
4.4- ¿Es posible la aplicación de la pena de muerte para supuestos de violación sexual en nuestro país?
Diversas personalidades, incluyendo el Presidente de la República, Alan García Pérez, han manifestado públicamente su intención de que se reinstaure la aplicación de la pena de muerte, esta vez, para quienes cometan delitos de violación sexual de menores de siete años de edad, así como de terrorismo.
La pena capital tiene remotos antecedentes y, actualmente, se la aplica en un considerable número de Estados.
No se ha demostrado que la pena de muerte disminuya la comisión de los hechos delictivos que se busca erradicar con su implantación. Asimismo, la posibilidad de condenar a muerte a personas inocentes, siempre está latente. A pesar de ello, hay quienes plantean se la vulva a aplicar en el Perú, situación que afecta algunas obligaciones internacionales a las que está sujeto el Estado peruano.
Sin duda, la pena de muerte es la sanción jurídica más drástica, rígida e irreparable que se impone a una persona que ha cometido un hecho delictivo, previamente calificado como tal en una ley.
De una revisión de las Constituciones Políticas peruanas, se puede establecer que las de 1823, 1826 y 1828, respecto a la aplicación de la pena de muerte, tenían fórmulas similares. En la primera se decía que el Código Criminal limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital a los casos que exclusivamente la merezcan. En la segunda, sólo se decía que el Código Criminal limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital. En la tercera se señala que la pena capital se limitará al Código Penal (que forme el Congreso) a los casos que exclusivamente la merezcan.
En las Constituciones Políticas de 1834 y 1839 no se establece en forma expresa y positiva alguna fórmula respecto a la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, en ambas se prescribe como atribución del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República, respectivamente, conmutar a un criminal la pena capital, previo informe del Tribunal o Juez de la causa, siempre que concurran graves y poderosos motivos, y que no sean los casos exceptuados por la ley.
La Constitución Política de 1856 fue de corte abolicionista, al prescribirse en su artículo 16 que la vida humana es inviolable. La ley no podrá imponer pena de muerte.
Las Constituciones Políticas de 1867, 1920, 1933, 1979, 1993 regularon la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos. Así, en la Constitución de 1867 se estableció que la ley no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado. En la de 1920 se prescribe que la ley no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado y por el de traición a la Patria, en los casos que determine la ley. En la de 1933 se establece que la pena de muerte se impondrá por delitos de traición a la patria y homicidio calificado, y por todos aquellos que señale la ley. En la de 1979 se prescribió que no hay pena de muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior. Y en la de 1993, se ha prescrito que la pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
En el artículo 140 de la Constitución Política vigente se regula la aplicación de la pena de muerte para los casos de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, mas no para casos de violación sexual.
En el Congreso se han presentado diversas propuestas de reforma constitucional que pretenden incluir en el artículo 140 de la Constitución la aplicación de la pena de muerte para los supuestos de violación sexual de menores de siete años.
Una reforma de esta naturaleza requiere de la aprobación por parte del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. No se puede reformar la Constitución, para extender la aplicación de la pena de muerte, a través del procedimiento de aprobación por el Congreso con mayoría absoluta y ratificación mediante referéndum, pues, según el artículo 32, parte in fine, del mismo texto constitucional, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona.
De lograrse la reforma constitucional, el Perú incumplirá sus obligaciones internacionales a las que está sujeto, pues, como se ha afirmado, ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que si bien admite la pena de muerte para los delitos más graves, en el artículo 4 prescribe que “no se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” y “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”
Las disposiciones anteriormente citadas son las que impiden al Perú la extensión de la pena de muerte para los supuestos de violación sexual, pues, actualmente en el Perú, no existe ley que establezca la pena capital para este delito. De lograse su aplicación, se generará una responsabilidad internacional para el Estado Peruano, por incumplimiento de una obligación recogida en un Tratado de Derechos Humanos.
Con el asesinato de unos policías en Ayacucho, acaecido el año pasado, el presidente García encontró una justificación adicional para impulsar la propuesta de aplicación de la pena capital para casos de terrorismo.
Para este supuesto, se dice, no hay necesidad de reformar la Constitución, pues, en el artículo 140 se regula la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo. Sólo se hace necesario que en el Congreso se expida una ley que desarrolle legislativamente lo prescrito en el artículo 140.
Sin embargo, aún en este supuesto, en el ámbito internacional se presentarían problemas, pues, la disposición constitucional que establece la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo, implica también una violación de las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que significa una extensión de la pena capital para un supuesto al que no se aplicó nunca antes en el Perú.
En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC 14/94, mediante la cual estableció de manera concluyente la responsabilidad internacional de aquellos Estados que estando obligados a no promulgar normas contrarias a las obligaciones internacionales contraídas, las hacen efectivas[17]. Quizás, por ello, Alberto Fujimori no desarrolló legislativamente el dispositivo constitucional que establece la pena de muerte para casos de terrorismo y no ejecutó a ningún terrorista. De hacerlo habría incurrido en responsabilidad internacional.
4.5.- ¿Cuáles son las consecuencias de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos?
La denuncia de un tratado, consiste en la declaración formal que hace un estado de su intención de retirarse de un tratado, para eximirse de sus obligaciones de seguir cumpliéndolo.[18]
En las propuestas que se presentaron al Congreso para modificar la Constitución a fin de posibilitar la aplicación de la pena de muerte a los supuestos de violación sexual se plantea denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
De concretarse esta intención, una de las consecuencias sería que los peruanos veríamos afectada la posibilidad de acudir a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos para la defensa de derechos vulnerados, y que no fueron cautelados y protegidos por la jurisdicción nacional. Esto debido a que es en la Convención Americana de Derechos Humanos donde se establece las funciones y competencias de estos organismos.
Si se denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, el afectado será el pueblo del Perú, que quedará expuesto a las posibles tentaciones autoritarias de cualquier gobernante de turno que vulnere los derechos y libertades fundamentales de personas peruanas, y que no fueron cautelados en los órganos jurisdiccionales del país.
De aprobarse una medida de esta naturaleza, en futuros casos como el de Mamèrita Mestanza, no se obtendría justicia.
Por ello, consideramos que no debemos denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
V.- CONCLUSIONES
- La jurisdicción supranacional puede ser definida como aquella instancia constituida en tratados internacionales, a la que se puede acudir una vez agotada la jurisdicción interna de un país, con la finalidad de buscar una protección a los derechos fundamentales de las personas.
- La posibilidad de acceder a la jurisdicción supranacional ha sido establecida en el artículo 205 de la Constitución Política peruana de 1993, donde se señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
- Según el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N 28237, para efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre los derechos humanos ratificados por el Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
- Uno de los casos tramitados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU –que forma parte del sistema universal de protección de derechos humanos- es el caso Karen Llantoy, sobre prestación de servicios médicos en caso de aborto terapéutico. Este organismo internacional emitió un dictamen en el que concluye que el Estado Peruano ha inobservado los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no haber garantizado que Llantoy pueda practicarse un aborto terapéutico. Señaló que el Estado peruano tiene la obligación de proporcionar un recurso efectivo que incluya una indemnización, y que debe adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
- La Comisión y Corte Interamericana tuvieron una participación decisiva en diferentes casos de violación de derechos humanos, que no fueron cautelados en la jurisdicción interna del país, entre los cuales cabe destacar a los siguientes: Barrios Altos, Castillo Páez, Cesti Hurtado, Loayza Tamayo, Baruch Ivcher, Magistrados del Tribunal Constitucional, la Cantuta, matanza en el Penal Castro Castro.
- Un caso que no ha sido muy difundido, pero que es interesante analizar, es el caso Marìa Mamérita Mestanza Chávez, humilde mujer cajamarquina, madre de 7 hijos, que en el año 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue obligada mediante engaños y amenazas a someterse a una ligadura de trompas, luego de lo cual falleció, debido a la falta de atención médica por parte del personal del Establecimiento de Salud de La Encañada-Cajamarca.
- A fin de sancionar a los responsables de este luctuoso acontecimiento, los familiares de Mestanza Chávez denunciaron el hecho ante el Poder Judicial, el cual, archivó el caso, sin sancionar a los responsables, ni disponer el pago de una indemnización.
- Ante la impunidad en el ámbito interno, los familiares de Mamérita, ayudados por varias ONGs, acudieron al ámbito supranacional, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo integrante del sistema americano de protección de derechos.
- En esta instancia, los representantes de Mestanza y del Estado peruano celebraron un acuerdo de solución amistosa, por lo que la denuncia ya no fue sometida a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú reconoció su responsabilidad, se comprometió a sancionar penal y administrativamente a los responsables del deceso de Mamérita, indemnizar a sus familiares, asegurar su salud y educación, así como adoptar cambios legislativos en materia de salud reproductiva y planificación familiar. Así, los familiares de Mamérita Mestanza obtuvieron justicia.
- El caso Mamérita Mestanza nos permite valorar la importancia de la existencia de la justicia supranacional, a fin de cautelar derechos fundamentales que en el ámbito interno, por diversas circunstancias no han sido protegidos.
- Por otro lado, a raíz de la comisión de hechos delictivos, en el país, diferentes personalidades han planteado la necesidad de reformar la Constitución Política de 1993, para aplicar la pena de muerte para supuestos de violación sexual. Esta reforma contraviene lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prescribe que “No se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” y “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”
- A fin de posibilitar la aplicación de la pena de muerte para supuestos de violación sexual de menores de edad, se ha propuesto denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. De procederse de esta manera, los afectados son los pobladores del Perú, como los familiares Mamérita Mestanza, pues no se tendrá la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en defensa de los derechos cuando a nivel interno no se haya obtenido protección.
- Por ello, consideramos que no se debe denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS
BERNALES BALLESTEROS, Enrique.
“La Constitución de 1993. Análisis Comparado”. RAO Editora. Quinta Edición. Septiembre de 1999. Lima- Perú.
CASTAÑEDA OTSU, Susana.
“Jurisdicción Supranacional” en libro homenaje al destacado constitucionalista Domingo Garcìa Belaunde. “Derecho Procesal Cinstitucional”, Tomo II, (2004)
CHIRINOS SOTO, Enrique.
“Constitución de 1993. Lectura y Comentario”, Editorial Nerman S.A. Segunda edición”, Lima-Perú.
CHUMBIAUCA DIEZ, José Alejandro.
“Procedimiento sobre Peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” Revista H y D. Suplemento mensual de Editora Normas Legales. Año 4. No 35. Junio del 2005.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
“Informe Defensorial Nº 27: La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II” Serie Informes Defensoriales, primera edición Lima-Perú.
GARCIA TOMA, Víctor.
“La jurisdicción supranacional y la ejecución de sentencias extranjeras”. Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Lima-Perú, año 1993, Vol. 50.
LÓPEZ VEGA, Leonor.
en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_intercasos/mameritamestanza.htm
REYES, María Elena.
“Intentando redefinir la justicia: El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú”, en http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_pubs/es_pub_cuerpos1.pdf
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ
Palestra del Tribunal Constitucional. Año 1. Número 9. Palestra Editores 2006. Lima-Perú.
VALLÉ LABRADA, Rubio.
“Introducción a la Teoría de los Derechos Humanos” Editorial Civitas S.A. Primera Edición 1998. Madrid. España.
[1] GARCIA TOMA, Víctor. “La jurisdicción supranacional y la ejecución de sentencias extranjeras”. Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Lima-Perú, año 1993, Vol. 50, p. 328
[2] CHIRINOS SOTO, Enrique. “Constitución de 1993. Lectura y Comentario”, Editorial Nerman S.A. Segunda edición”, Lima-Perú, p. 459
[3] BERNALES BALLESTEROS, Enrique, “La Constitución de 1993. Análisis Comparado”. RAO Editora. Quinta Edición. Septiembre de 1999. Lima- Perú. p 864.
[4]CASTAÑEDA OTSU, Susana. “Jurisdicción Supranacional” en libro homenaje al destacado constitucionalista Domingo Garcìa Belaunde. “Derecho Procesal Cinstitucional”, Tomo II, (2004) pp. 1023-1066
[5] VALLÉ LABRADA, Rubio. “Introducción a la Teoría de los Derechos Humanos” Editorial Civitas S.A. Primera Edición 1998. Madrid. España. p. 113.
[6] El dictamen del Comité puede ser revisado en la Revista Palestra del Tribunal Constitucional. Año 1. Número 9. Palestra Editores 2006. Lima-Perú pp. 409-507.
[7] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit. p. 870.
[8] CHUMBIAUCA DIEZ, José Alejandro. “Procedimiento sobre Peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” Revista H y D. Suplemento mensual de Editora Normas Legales. Año 4. No 35. Junio del 2005. p. 3.
[9] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit. p. 867.
[10] LÓPEZ VEGA, Leonor. en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_intercasos/mameritamestanza.htm
[11] REYES, María Elena. “Intentando redefinir la justicia: El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú”, en http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_pubs/es_pub_cuerpos1.pdf
[12] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº 27: “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II” Serie Informes Defensoriales, primera edición Lima-Perú. pp. 81-142
[13] Ibid. pp. 87-93
[14] Se considera como beneficiarios a Jacinto Salazar Juárez, esposo de María Mamérita Mestanza Chávez y a los hijos de la misma: Pascuala Salazar Mestanza, Maribel Salazar Mestanza, Alindor Salazar Mestanza, Napoleón Salazar Mestanza, Amancio Salazar Mestanza, Delia Salazar Mestanza y Almanzor Salazar Mestanza.
[15] Véase contenido de acuerdo en http://www.cladem.org/espanol/regionales/litigio_internacional/CAS3%20Acuerdo%20sol%20amistosa%20Mamerita.ASP
[16] CASTAÑEDA OTSU, Susana. “La jurisdicción internacional, una garantía más de los derechos consagrados en la Constitución” en el libro “Código Procesal Constitucional comentado” Editorial ADRUS, Arequipa-Perù, 2009. pp. 846-847
[17] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit. p. 669.
[18] Véase al respecto http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/rafael_estevez/2008/04/24/los-tratados-2/
Luis Martín Lingán Cabrera
I.- INTRODUCCIÓN
En el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH) se reguló como un derecho de las personas el establecimiento de un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos.
Esta Declaración fue de gran importancia, pues propició la elaboración y suscripción de diferentes tratados sobre derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos.
En algunos de estos instrumentos internacionales, en la línea trazada por el artículo 28 de la DUDH, se crearon organismos supranacionales de protección de derechos, a los cuales pueden acudir aquellas personas a quienes se ha violado sus derechos fundamentales y no han obtenido protección en el ámbito interno de sus respectivos Estados. Así, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se creó el Comité de Derechos Humanos de la ONU y en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
En el Perú, en mérito a lo establecido en el artículo 205 de la Constitución Política peruana, concordante con el artículo 114 del Código Procesal Constitucional , agotada la jurisdicción interna, una persona que considere lesionados sus derechos que la Constitución reconoce, puede acudir a instancias supranacionales, específicamente, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haber ratificado el Estado peruano el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el presente trabajo, a partir del caso de la ciudadana cajamarquina Mamérita Mestanza, fallecida luego de ser sometida a una ligadura de trompas, resaltamos la importancia de la existencia de instancias supranacionales a las cuales las personas podamos acudir en defensa de nuestros derechos fundamentales. Así mismo, se expone las consecuencias negativas para la protección de derechos, si se denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, como en algún momento se ha planteado en el país, como una medida de posibilitar la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos, como el de violación sexual de menor de 7 años, seguidas de muerte.
Como objetivos del presente trabajo se tiene el valorar la importancia de la posibilidad de acceder a la justicia supranacional, como garantía para la protección de derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. También conocer las instancias internacionales a las cuales podemos acudir en el país, para la protección de derechos fundamentales, así como las consecuencias de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
II.- LOS HECHOS:
María Mamérita Mestanza Chávez fue una humilde mujer cajamarquina, madre de 7 hijos, que en el año 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue obligada mediante engaños y amenazas a someterse a una ligadura de trompas, luego de lo cual falleció, debido a la falta de atención médica por parte del personal del Establecimiento de Salud de La Encañada-Cajamarca.
A fin de sancionar a los responsables de este luctuoso acontecimiento, los familiares de Mestanza Chávez denunciaron el hecho ante el Poder Judicial, el cual, archivó el caso, sin sancionar a los responsables, ni disponer el pago de una indemnización.
Ante la impunidad en el ámbito interno, los familiares de Mamérita, ayudados por varias ONGs, acudieron al ámbito supranacional, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo integrante del sistema americano de protección de derechos.
En esta instancia, los representantes de Mestanza y del Estado peruano celebraron un acuerdo de solución amistosa, por lo que la denuncia no fue sometida a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú reconoció su responsabilidad, se comprometió a sancionar penal y administrativamente a los responsables del deceso de Mamérita, indemnizar a sus familiares, asegurar su salud y educación, así como adoptar cambios legislativos en materia de salud reproductiva y planificación familiar. Así, los familiares de Mamérita Mestanza obtuvieron justicia.
Por otro lado, debido a la comisión de graves delitos, como el de violación sexual de menores de edad, diversas personalidades se han pronunciado por la necesidad de implantar la pena de muerte en nuestro país. Incluso, el Presidente de la República, Alan García Pérez, ha realizado esta propuesta, y ante la prohibición de su ampliación en mérito a la Convención Americana de Derechos Humanos, no son pocos quienes han manifestado que se debe denunciar este tratado internacional.
III.- ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES:
Como aspectos jurídicos relevantes del presente trabajo, consideramos a los siguientes:
1.- ¿Qué se entiende por jurisdicción supranacional?
2.- ¿A qué organismos internacionales se puede acudir para la protección de derechos fundamentales en el Perú?
3.- ¿Tomando como referencia el caso Mamérita Mestanza, cuál es la importancia de la justicia supranacional?
4.- ¿Es posible la aplicación de la pena de muerte para supuestos de violación sexual en nuestro país?
5.- ¿Cuáles son las consecuencias de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos?
IV.- DISCUSIÓN
En el presente acápite haremos una discusión de los temas jurídicos relevantes que surgen a raíz del caso María Mamérita Mestanza Chávez, y de la propuesta de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, para posibilitar la aplicación de la pena de muerte en el país.
4.1 ¿Cómo puede ser definida la jurisdicción supranacional y cuál es su importancia?
La jurisdicción supranacional puede ser definida como “aquella que facilita a una persona o Estado a alcanzar un remedio judicial, a través de específicos mecanismos supraestatales, específicos, por el quebrando de una norma de derecho internacional o por estar vinculada a la defensa de los derechos fundamentales reconocidos formalmente en los convenios internacionales. En ese sentido se trata de un órgano jurisdiccional de alcance internacional, encargado de temas judiciales diversos, directos y obligatorios en el territorio de los Estados adscritos a un tratado específico de la materia”[1]
La posibilidad de acceder a la jurisdicción supranacional ha sido establecida en el artículo 205 de la Constitución Política de 1993, donde se señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
El antecedente de la comentada disposición se encuentra en el artículo 305 de la Constitución Política de 1979, en la que debido a la persistencia del jurista Javier Valle Riestra, se insertó una fórmula que se transcribe en forma idéntica en la Constitución Política vigente. Según Chirinos Soto, “Este artículo es el favorito de Javier Valle Riestra. Representa sin duda, su contribución aislada más notable entre las muchas que ha aportado al nuevo texto constitucional. Supone que, por primera vez, la ley peruana reconoce la jurisdicción supranacional en el campo de los derechos humanos…” [2]
Según Bernales Ballesteros, la jurisdicción supranacional es una garantía adicional para la defensa de los derechos humanos. Muchas veces ellos son vulnerados por decisiones o estrategias políticas y los organismos judiciales internos pueden quedar imposibilitados de brindar la garantía judicial debida o, simplemente, pueden estar conformados por magistrados que no son independientes del poder político[3].
Por su parte, para Castañeda Otsu, “por medio de esta garantía de protección de los derechos, se otorga competencia a los órganos supranacionales para declarar la responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos humanos. Conforme a lo anotado, en el orden internacional constituye una verdadera garantía complementaria de los derechos humanos, una especie de amparo internacional, para la restitución del derecho vulnerado; y en el orden interno, un verdadero derecho fundamental que permite al lesionado en sus derechos recurrir a los órganos internacionales buscando la tutela efectiva[4]
4.2.- ¿Una ciudadano o ciudadana del Perú, a qué organismos internacionales se puede acudir para la protección de derechos fundamentales?
La respuesta la encontramos en el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N 28237, en el que se prescribe que para los efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre los derechos humanos ratificados por el Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
Nos ocuparemos brevemente de los dos organismos internacionales a los que se hace referencia en el artículo 114 del Código Procesal Constitucional.
· El Comité de Derechos Humanos de la ONU: El Comité de Derechos Humanos de la ONU fue regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional adoptado, abierto a la firma, ratificación y adhesión por la ONU mediante Resolución Nº 2200A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, aprobado en el Perú por Decreto Ley N.º 22128, instrumento de adhesión del 12 de abril de 1978, depositado el 28 de abril de 1978.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otras funciones, recibe, considera y conoce comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por parte de un Estado Parte. El Comité tiene competencia, si es que este Estado ha ratificado o se ha adherido al Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Perú aprobó este Primer Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mediante la XVI Disposición General y Transitoria de la Constitución Política de 1979, y el instrumento de ratificación fue del 09 de septiembre de 1980, depositado el 30 de octubre del mismo año.
Por lo tanto, el Perú ha reconocido la competencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU para conocer quejas, peticiones o reclamos de peruanos que aleguen violaciones de sus derechos humanos por parte del Estado peruano.
Se debe precisar, sin embargo, que la falta de un tribunal en las instancias de la ONU, convierte a las Resoluciones del Comité de Derechos Humanos en simples recomendaciones, aún en los casos en que los Estados hayan aceptado expresamente la competencia.[5]
Uno de los últimos casos en los que ha intervenido el Comité es en el caso Karen Llantoy contra Perú, sobre prestación de servicios médicos en caso de aborto terapéutico. Este organismo internacional emitió un dictamen en el que concluye que el Estado Peruano ha inobservado los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no haber garantizado que Llantoy pueda practicarse un aborto terapéutico. En mérito a ello, de conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Comité de Derechos Humanos señala que el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar un recurso efectivo que incluya una indemnización, y que debe adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.[6]
· La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA. En un inicio el Estatuto de este organismo no incluía la autoridad para tramitar denuncias individuales provenientes de personas u organizaciones que reclamaban violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de los Estados miembros. Sin embargo, en 1967 la OEA modificó el Estatuto de la Comisión para poder tramitar este tipo de comunicaciones[7]. En la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se reafirma esta competencia.
La función más importante que tiene la Comisión, sin duda, es conocer las quejas que se presentan contra las violaciones a derechos humanos imputadas a los Estados del Continente Americano. Recibida la petición, la Comisión la traslada al Estado involucrado, que puede realizar observaciones respecto al cumplimiento o no de los requisitos que deben observarse para llevar un caso ante este organismo. Luego, la Comisión, de ser el caso, emite un Informe de Admisibilidad, pudiendo las partes solucionar amistosamente el problema. Si es que ello no se produce la Comisión emite una decisión sobre el fondo del asunto, pudiendo declarar la no-responsabilidad o la responsabilidad del Estado. En este último caso emite un Informe Confidencial, con recomendaciones y un plazo determinado a fin de que el Estado involucrado las cumpla. De no suceder ello, la Comisión discrecionalmente puede adoptar la decisión de emitir un Segundo Informe Definitivo, con reiteración de recomendaciones insatisfechas y otro plazo perentorio para su cumplimiento. De no aceptarse las recomendaciones, la Comisión puede publicar el Informe, el que es incorporado al Informe Anual que realiza la Comisión ante la OEA.
La otra alternativa que tiene la Comisión, si es que las recomendaciones que se realizó en el Informe Confidencial no son satisfechas, es presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se trata de un Estado que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, pudiendo terminar el caso en una sentencia con carácter vinculante e inapelable para los Estados Partes de la Convención.[8]
El Perú reconoce la competencia contenciosa de la Corte cuando en la Constitución peruana de 1979, se señaló expresamente en el segundo párrafo de su Disposición General y Transitoria Décimo Sexta, que ratificaba “la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluidos sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”[9]
La Comisión y Corte Interamericana tuvieron una participación decisiva en diferentes casos de violación de derechos humanos, que no fueron cautelados en la jurisdicción interna del país, entre los cuales cabe destacar a los siguientes: Barrios Altos, Castillo Páez, Cesti Hurtado, Loayza Tamayo, Baruch Ivcher, Magistrados del Tribunal Constitucional, la Cantuta, matanza en el Penal Castro Castro , y también, el caso que motiva el presente trabajo, el CASO MAMÉRITA MESTANZA.
4.3.- ¿Tomando como referencia el caso Mamérita Mestanza, cuál es la importancia de la justicia supranacional?
Como se ha dicho, Mamérita Mestanza Chávez fue una ciudadana cajamarquina que fue obligada a someterse a una anticoncepción quirúrgica, por médicos de Cajamarca, luego de la cual falleció, al producirse complicaciones y no ser atendida por el personal de salud de la Encañada -Cajamarca.
López Vega, sistematiza los hechos del presente caso de la siguiente manera:
“La Sra. Mestanza, mujer campesina de unos 33 años de edad y madre de 7 hijos, fue acosada desde 1996 por parte del personal del Centro de Salud del Distrito de La Encañada (sistema público de salud), para que se esterilizara.
Se denuncia que por coacción (amenazas de denunciarla a ella y a su esposo a la policía, refiriéndoles que el gobierno aplicaba multas a las personas con más de 5 hijos) se logró su consentimiento para la ligadura de trompas que tuvo lugar el 27 de marzo de 1998, sin haberse efectuado examen médico.
A la violencia para que se sometiera a la cirugía se sumó la falta de cuidado con su salud, a Sra. Mestanza fue dada de alta al día siguiente, aún cuando presentaba serias anomalías. Los días siguientes su esposo informó varias veces al personal del Centro de Salud que la Sra. Mestanza empeoraba, y el personal respondió que estos eran los efectos de la anestesia.
La Sra. Mestanza falleció en su casa el 5 de abril de 1998 siendo indicada una “sepsis” como causa directa de su muerte. Se denuncia que días después un doctor ofreció dinero al esposo para dar por terminado el problema.
El 15 de abril el esposo denunció al Jefe del Centro de Salud. La denuncia penal se formalizó ante la Jueza Provincial, quien declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Tal decisión fue confirmada por la Sala Especializada en lo Penal, por ello el 16 de diciembre de 1998 se archivó el caso” [10]
Como se recuerda, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se promovió la práctica de ligaduras de trompas y vasectomía, como métodos para evitar el nacimiento de más niños.
Estas actividades formaron parte de su plan de población, pero el personal de salud incurrió en diversos excesos. Así, según Reyes María, “El Estado peruano estableció metas numéricas a nivel nacional, exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica, con la finalidad de ejercer la máxima presión y coacción para lograr que la población de mujeres se sometiera a procedimientos que se convirtieron en esterilización forzada y otras prácticas contrarias al consentimiento informado. Las campañas de carácter masivo para tales fines consistieron en la realización de los denominados y publicitados «festivales y ferias de ligaduras de trompas», organizados para captar usuarias. Estos eventos suponen una clara violación del derecho a decidir libre e informadamente entre la amplia gama de métodos anticonceptivos que debía ser ofertado por el programa y tuvieron la gravísima consecuencia de resultar en la muerte de María Mamérita y al menos otras doce mujeres. La investigación iniciada por CLADEM y el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Perú lograron poner al descubierto ante la comunidad nacional e internacional estas graves violaciones de derechos humanos”[11]
Así, la Defensoría del Pueblo reportó muertes en Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín[12]
Uno de estos casos fue el de Mamérita Mestanza, cuyas irregularidades por parte del personal de salud que la atendió fueron detalladas en el Informe Defensorial Nº 27.[13] A pesar de ello, los familiares de Mamérita Mestanza no obtuvieron justicia en el ámbito nacional, pues los órganos jurisdiccionales archivaron su caso.
Ante ello, ayudadas por varias ONGs, los familiares de Mamérita decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo integrante del sistema de protección americano de derechos humanos, en el cual, se logró un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado peruano, por lo que el caso ya no fue sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional por violación de los artículos 1.1, 4, 5 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en agravio de la víctima María Mamérita Mestanza Chávez.
Los acuerdos a los que arribaron los representantes del Estado peruano y los de Mamérita Mestanza en la Solución Amistosa realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron los siguientes:
- El Estado peruano se comprometió a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios públicos, sean civiles o militares; al personal de salud que hizo caso omiso de la demanda de atención urgente de la señora Mestanza luego de la intervención quirúrgica; a los responsables de la muerte de la Sra. María Mamérita Mestanza Chávez; los médicos que entregaron dinero al cónyuge de la señora fallecida a fin de encubrir las circunstancias del deceso, la Comisión Investigadora, nombrada por la Sub Región IV de Cajamarca del Ministerio de Salud que cuestionablemente, concluyó con la ausencia de responsabilidad del personal de salud que atendió a la señora Mestanza.
- El Estado peruano se comprometió a realizar investigaciones administrativas y penales por la actuación de los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, que omitieron esclarecer los hechos denunciados por el viudo de la señora Mestanza Chávez.
- El Estado peruano concedió una indemnización a favor de los beneficiarios[14] de Mamérita Mestanza ascendente a $10 000 (diez mil dólares americanos) a cada uno de ellos, por concepto de reparación de daño moral, sumando la cantidad de S$ 80 000 dólares. Además, se fijó la suma de S$2 000 (dos mil dólares americanos) por concepto de daño emergente.
- El Estado peruano se compromete entregar a los familiares de Mamérita Mestanza un monto de $ 7000 00 (siete mil dólares americanos), por concepto de rehabilitación psicológica, a favor de los beneficiarios.
- El Estado peruano se compromete brindar al esposo e hijos de Mamérita Mestanza, un seguro permanente de salud, a través del Ministerio de Salud o de entidad competente.
- El Estado peruano se compromete a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario y secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola carrera.
- El Estado peruano se compromete a entregar adicionalmente el monto de $ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos) al señor Jacinto Salazar Suárez para adquirir un terreno o una casa en nombre de sus hijos habidos con la señora María Mamérita Mestanza.
- El Estado peruano se compromete a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres.[15]
Así, como podemos apreciar, mediante la intervención de instancias supranacionales de protección de derechos humanos, los familiares de Mamérita Mestanza pudieron obtener la justicia que en el ámbito interno no lograron.
A partir de este caso, podemos ver la importancia de la existencia de una justicia supranacional, a la cual podamos acudir para solicitar protección de nuestros derechos fundamentales. La jurisdicción internacional o supranacional, se constituye así en una garantía más de protección de los derechos de las personas consagrados en la Constitución vigente, y es consecuencia de haber aceptado los Estados de buena fe, suscribir y ratificar tratados de derechos humanos.”[16]
4.4- ¿Es posible la aplicación de la pena de muerte para supuestos de violación sexual en nuestro país?
Diversas personalidades, incluyendo el Presidente de la República, Alan García Pérez, han manifestado públicamente su intención de que se reinstaure la aplicación de la pena de muerte, esta vez, para quienes cometan delitos de violación sexual de menores de siete años de edad, así como de terrorismo.
La pena capital tiene remotos antecedentes y, actualmente, se la aplica en un considerable número de Estados.
No se ha demostrado que la pena de muerte disminuya la comisión de los hechos delictivos que se busca erradicar con su implantación. Asimismo, la posibilidad de condenar a muerte a personas inocentes, siempre está latente. A pesar de ello, hay quienes plantean se la vulva a aplicar en el Perú, situación que afecta algunas obligaciones internacionales a las que está sujeto el Estado peruano.
Sin duda, la pena de muerte es la sanción jurídica más drástica, rígida e irreparable que se impone a una persona que ha cometido un hecho delictivo, previamente calificado como tal en una ley.
De una revisión de las Constituciones Políticas peruanas, se puede establecer que las de 1823, 1826 y 1828, respecto a la aplicación de la pena de muerte, tenían fórmulas similares. En la primera se decía que el Código Criminal limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital a los casos que exclusivamente la merezcan. En la segunda, sólo se decía que el Código Criminal limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital. En la tercera se señala que la pena capital se limitará al Código Penal (que forme el Congreso) a los casos que exclusivamente la merezcan.
En las Constituciones Políticas de 1834 y 1839 no se establece en forma expresa y positiva alguna fórmula respecto a la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, en ambas se prescribe como atribución del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República, respectivamente, conmutar a un criminal la pena capital, previo informe del Tribunal o Juez de la causa, siempre que concurran graves y poderosos motivos, y que no sean los casos exceptuados por la ley.
La Constitución Política de 1856 fue de corte abolicionista, al prescribirse en su artículo 16 que la vida humana es inviolable. La ley no podrá imponer pena de muerte.
Las Constituciones Políticas de 1867, 1920, 1933, 1979, 1993 regularon la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos. Así, en la Constitución de 1867 se estableció que la ley no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado. En la de 1920 se prescribe que la ley no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado y por el de traición a la Patria, en los casos que determine la ley. En la de 1933 se establece que la pena de muerte se impondrá por delitos de traición a la patria y homicidio calificado, y por todos aquellos que señale la ley. En la de 1979 se prescribió que no hay pena de muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior. Y en la de 1993, se ha prescrito que la pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
En el artículo 140 de la Constitución Política vigente se regula la aplicación de la pena de muerte para los casos de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, mas no para casos de violación sexual.
En el Congreso se han presentado diversas propuestas de reforma constitucional que pretenden incluir en el artículo 140 de la Constitución la aplicación de la pena de muerte para los supuestos de violación sexual de menores de siete años.
Una reforma de esta naturaleza requiere de la aprobación por parte del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. No se puede reformar la Constitución, para extender la aplicación de la pena de muerte, a través del procedimiento de aprobación por el Congreso con mayoría absoluta y ratificación mediante referéndum, pues, según el artículo 32, parte in fine, del mismo texto constitucional, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona.
De lograrse la reforma constitucional, el Perú incumplirá sus obligaciones internacionales a las que está sujeto, pues, como se ha afirmado, ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que si bien admite la pena de muerte para los delitos más graves, en el artículo 4 prescribe que “no se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” y “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”
Las disposiciones anteriormente citadas son las que impiden al Perú la extensión de la pena de muerte para los supuestos de violación sexual, pues, actualmente en el Perú, no existe ley que establezca la pena capital para este delito. De lograse su aplicación, se generará una responsabilidad internacional para el Estado Peruano, por incumplimiento de una obligación recogida en un Tratado de Derechos Humanos.
Con el asesinato de unos policías en Ayacucho, acaecido el año pasado, el presidente García encontró una justificación adicional para impulsar la propuesta de aplicación de la pena capital para casos de terrorismo.
Para este supuesto, se dice, no hay necesidad de reformar la Constitución, pues, en el artículo 140 se regula la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo. Sólo se hace necesario que en el Congreso se expida una ley que desarrolle legislativamente lo prescrito en el artículo 140.
Sin embargo, aún en este supuesto, en el ámbito internacional se presentarían problemas, pues, la disposición constitucional que establece la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo, implica también una violación de las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que significa una extensión de la pena capital para un supuesto al que no se aplicó nunca antes en el Perú.
En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC 14/94, mediante la cual estableció de manera concluyente la responsabilidad internacional de aquellos Estados que estando obligados a no promulgar normas contrarias a las obligaciones internacionales contraídas, las hacen efectivas[17]. Quizás, por ello, Alberto Fujimori no desarrolló legislativamente el dispositivo constitucional que establece la pena de muerte para casos de terrorismo y no ejecutó a ningún terrorista. De hacerlo habría incurrido en responsabilidad internacional.
4.5.- ¿Cuáles son las consecuencias de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos?
La denuncia de un tratado, consiste en la declaración formal que hace un estado de su intención de retirarse de un tratado, para eximirse de sus obligaciones de seguir cumpliéndolo.[18]
En las propuestas que se presentaron al Congreso para modificar la Constitución a fin de posibilitar la aplicación de la pena de muerte a los supuestos de violación sexual se plantea denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
De concretarse esta intención, una de las consecuencias sería que los peruanos veríamos afectada la posibilidad de acudir a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos para la defensa de derechos vulnerados, y que no fueron cautelados y protegidos por la jurisdicción nacional. Esto debido a que es en la Convención Americana de Derechos Humanos donde se establece las funciones y competencias de estos organismos.
Si se denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, el afectado será el pueblo del Perú, que quedará expuesto a las posibles tentaciones autoritarias de cualquier gobernante de turno que vulnere los derechos y libertades fundamentales de personas peruanas, y que no fueron cautelados en los órganos jurisdiccionales del país.
De aprobarse una medida de esta naturaleza, en futuros casos como el de Mamèrita Mestanza, no se obtendría justicia.
Por ello, consideramos que no debemos denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
V.- CONCLUSIONES
- La jurisdicción supranacional puede ser definida como aquella instancia constituida en tratados internacionales, a la que se puede acudir una vez agotada la jurisdicción interna de un país, con la finalidad de buscar una protección a los derechos fundamentales de las personas.
- La posibilidad de acceder a la jurisdicción supranacional ha sido establecida en el artículo 205 de la Constitución Política peruana de 1993, donde se señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
- Según el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N 28237, para efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre los derechos humanos ratificados por el Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
- Uno de los casos tramitados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU –que forma parte del sistema universal de protección de derechos humanos- es el caso Karen Llantoy, sobre prestación de servicios médicos en caso de aborto terapéutico. Este organismo internacional emitió un dictamen en el que concluye que el Estado Peruano ha inobservado los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no haber garantizado que Llantoy pueda practicarse un aborto terapéutico. Señaló que el Estado peruano tiene la obligación de proporcionar un recurso efectivo que incluya una indemnización, y que debe adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
- La Comisión y Corte Interamericana tuvieron una participación decisiva en diferentes casos de violación de derechos humanos, que no fueron cautelados en la jurisdicción interna del país, entre los cuales cabe destacar a los siguientes: Barrios Altos, Castillo Páez, Cesti Hurtado, Loayza Tamayo, Baruch Ivcher, Magistrados del Tribunal Constitucional, la Cantuta, matanza en el Penal Castro Castro.
- Un caso que no ha sido muy difundido, pero que es interesante analizar, es el caso Marìa Mamérita Mestanza Chávez, humilde mujer cajamarquina, madre de 7 hijos, que en el año 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue obligada mediante engaños y amenazas a someterse a una ligadura de trompas, luego de lo cual falleció, debido a la falta de atención médica por parte del personal del Establecimiento de Salud de La Encañada-Cajamarca.
- A fin de sancionar a los responsables de este luctuoso acontecimiento, los familiares de Mestanza Chávez denunciaron el hecho ante el Poder Judicial, el cual, archivó el caso, sin sancionar a los responsables, ni disponer el pago de una indemnización.
- Ante la impunidad en el ámbito interno, los familiares de Mamérita, ayudados por varias ONGs, acudieron al ámbito supranacional, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo integrante del sistema americano de protección de derechos.
- En esta instancia, los representantes de Mestanza y del Estado peruano celebraron un acuerdo de solución amistosa, por lo que la denuncia ya no fue sometida a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú reconoció su responsabilidad, se comprometió a sancionar penal y administrativamente a los responsables del deceso de Mamérita, indemnizar a sus familiares, asegurar su salud y educación, así como adoptar cambios legislativos en materia de salud reproductiva y planificación familiar. Así, los familiares de Mamérita Mestanza obtuvieron justicia.
- El caso Mamérita Mestanza nos permite valorar la importancia de la existencia de la justicia supranacional, a fin de cautelar derechos fundamentales que en el ámbito interno, por diversas circunstancias no han sido protegidos.
- Por otro lado, a raíz de la comisión de hechos delictivos, en el país, diferentes personalidades han planteado la necesidad de reformar la Constitución Política de 1993, para aplicar la pena de muerte para supuestos de violación sexual. Esta reforma contraviene lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prescribe que “No se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” y “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”
- A fin de posibilitar la aplicación de la pena de muerte para supuestos de violación sexual de menores de edad, se ha propuesto denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. De procederse de esta manera, los afectados son los pobladores del Perú, como los familiares Mamérita Mestanza, pues no se tendrá la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en defensa de los derechos cuando a nivel interno no se haya obtenido protección.
- Por ello, consideramos que no se debe denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS
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[1] GARCIA TOMA, Víctor. “La jurisdicción supranacional y la ejecución de sentencias extranjeras”. Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Lima-Perú, año 1993, Vol. 50, p. 328
[2] CHIRINOS SOTO, Enrique. “Constitución de 1993. Lectura y Comentario”, Editorial Nerman S.A. Segunda edición”, Lima-Perú, p. 459
[3] BERNALES BALLESTEROS, Enrique, “La Constitución de 1993. Análisis Comparado”. RAO Editora. Quinta Edición. Septiembre de 1999. Lima- Perú. p 864.
[4]CASTAÑEDA OTSU, Susana. “Jurisdicción Supranacional” en libro homenaje al destacado constitucionalista Domingo Garcìa Belaunde. “Derecho Procesal Cinstitucional”, Tomo II, (2004) pp. 1023-1066
[5] VALLÉ LABRADA, Rubio. “Introducción a la Teoría de los Derechos Humanos” Editorial Civitas S.A. Primera Edición 1998. Madrid. España. p. 113.
[6] El dictamen del Comité puede ser revisado en la Revista Palestra del Tribunal Constitucional. Año 1. Número 9. Palestra Editores 2006. Lima-Perú pp. 409-507.
[7] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit. p. 870.
[8] CHUMBIAUCA DIEZ, José Alejandro. “Procedimiento sobre Peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” Revista H y D. Suplemento mensual de Editora Normas Legales. Año 4. No 35. Junio del 2005. p. 3.
[9] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit. p. 867.
[10] LÓPEZ VEGA, Leonor. en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_intercasos/mameritamestanza.htm
[11] REYES, María Elena. “Intentando redefinir la justicia: El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú”, en http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_pubs/es_pub_cuerpos1.pdf
[12] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº 27: “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II” Serie Informes Defensoriales, primera edición Lima-Perú. pp. 81-142
[13] Ibid. pp. 87-93
[14] Se considera como beneficiarios a Jacinto Salazar Juárez, esposo de María Mamérita Mestanza Chávez y a los hijos de la misma: Pascuala Salazar Mestanza, Maribel Salazar Mestanza, Alindor Salazar Mestanza, Napoleón Salazar Mestanza, Amancio Salazar Mestanza, Delia Salazar Mestanza y Almanzor Salazar Mestanza.
[15] Véase contenido de acuerdo en http://www.cladem.org/espanol/regionales/litigio_internacional/CAS3%20Acuerdo%20sol%20amistosa%20Mamerita.ASP
[16] CASTAÑEDA OTSU, Susana. “La jurisdicción internacional, una garantía más de los derechos consagrados en la Constitución” en el libro “Código Procesal Constitucional comentado” Editorial ADRUS, Arequipa-Perù, 2009. pp. 846-847
[17] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit. p. 669.
[18] Véase al respecto http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/rafael_estevez/2008/04/24/los-tratados-2/
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