Luis Martín Lingán Cabrera
Los efectos del calentamiento global son cada vez más evidentes y dramáticos, como lo demuestra el incremento del nivel de las aguas de mar, lo cual ha llevado a que las autoridades de la República de las Maldivas, ubicada en su altura máxima a 2,3 metros sobre el nivel del mar, estén buscando adquirir territorios en otros Estados, a fin de trasladar a su población, pues el suyo, parece estar destinado a desaparecer.
En el Perú, el nevado Pastoruri, ubicado en la Cordillera Blanca, en Ancash, va sucumbiendo ante el cambio climático, pues debido al incremento mundial de la temperatura, se acelera su ablación o derretimiento, lo cual, a futuro afectará la provisión de recursos hídricos de los pobladores de la región, y consecuentemente su salud y vida.
Lamentablemente, los problemas anteriormente descritos son causados por las actividades humanas, entre ellas, la emisión de gases a la atmósfera, tales como óxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), que produce el denominado efecto invernadero, con el consiguiente calentamiento global, afectando el medio ambiente, destruyendo la casa universal que nos cobija, el planeta tierra.
Años atrás no se consideraba como un derecho fundamental el gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues no se avizoraba, quizás, como algo tangible, que el planeta tierra iba a sufrir los cada vez más preocupantes problemas que lo agobian ahora.
Si revisamos instrumentos jurídicos internacionales de derechos, tales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), no encontramos positivado expresamente el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.
Sin embargo, ante las evidentes secuelas negativas de la polución, en el ámbito internacional se empezó a establecer disposiciones para proteger el medio ambiente, tales como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano o Declaración de Estocolmo de 1972, la Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono de 1985, el Protocolo de Montreal respecto a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, la Declaración de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente, la Carta de la Tierra (2000), entre otros.
Así mismo, la positivización del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado se empezó a realizar paulatinamente en las Constituciones de los diferentes Estados del orbe, entre ellos, los americanos. Así, según Raúl Brañes, “este es el caso, en orden cronológico de Panamá (1972), Cuba (1976), Perú (1979, sustituida en 1993), Ecuador (1979, sustituida en 1998), Chile (1980), Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985), Haití (1987), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Argentina (1994), República Dominicana (1994) y Venezuela (1999)” (Véase el artículo “La legislación ambiental latinoamericana en el contexto de la globalización económica”, en el libro “10 años del Código del Medio Ambiente”, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, primera edición, septiembre de 2001, Lima-Perú, p. 34-35)
Sin embargo, a pesar de este fenómeno de reconocimiento del derecho en mención en instrumentos internacionales y nacionales, los resultados en la práctica no son alentadores, por la falta de voluntad de los líderes de los Estados del mundo para adoptar medidas efectivas y contundentes que frenen el cambio climático, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en los pobres resultados de la Cumbre de Copenhague de 2009, en la cual no se logró concretar un acuerdo que sustituya al del Protocolo de Kioto de 1997 -que fenece ineluctablemente en el 2012- con la finalidad de establecer disposiciones vinculantes para la reducción de los gases que causan el calentamiento global.
Al celebrarse este 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, es bueno que se promueva actividades de reflexión y de propuestas a fin de concienciar a los líderes de los diferentes países, así como a la población mundial en general, sobre la urgente necesidad de adoptar acciones concretas y urgentes para frenar el cambio climático, y de esta manera dejar una casa habitable para las futuras generaciones del mundo.
Los efectos del calentamiento global son cada vez más evidentes y dramáticos, como lo demuestra el incremento del nivel de las aguas de mar, lo cual ha llevado a que las autoridades de la República de las Maldivas, ubicada en su altura máxima a 2,3 metros sobre el nivel del mar, estén buscando adquirir territorios en otros Estados, a fin de trasladar a su población, pues el suyo, parece estar destinado a desaparecer.
En el Perú, el nevado Pastoruri, ubicado en la Cordillera Blanca, en Ancash, va sucumbiendo ante el cambio climático, pues debido al incremento mundial de la temperatura, se acelera su ablación o derretimiento, lo cual, a futuro afectará la provisión de recursos hídricos de los pobladores de la región, y consecuentemente su salud y vida.
Lamentablemente, los problemas anteriormente descritos son causados por las actividades humanas, entre ellas, la emisión de gases a la atmósfera, tales como óxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), que produce el denominado efecto invernadero, con el consiguiente calentamiento global, afectando el medio ambiente, destruyendo la casa universal que nos cobija, el planeta tierra.
Años atrás no se consideraba como un derecho fundamental el gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues no se avizoraba, quizás, como algo tangible, que el planeta tierra iba a sufrir los cada vez más preocupantes problemas que lo agobian ahora.
Si revisamos instrumentos jurídicos internacionales de derechos, tales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), no encontramos positivado expresamente el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.
Sin embargo, ante las evidentes secuelas negativas de la polución, en el ámbito internacional se empezó a establecer disposiciones para proteger el medio ambiente, tales como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano o Declaración de Estocolmo de 1972, la Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono de 1985, el Protocolo de Montreal respecto a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, la Declaración de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente, la Carta de la Tierra (2000), entre otros.
Así mismo, la positivización del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado se empezó a realizar paulatinamente en las Constituciones de los diferentes Estados del orbe, entre ellos, los americanos. Así, según Raúl Brañes, “este es el caso, en orden cronológico de Panamá (1972), Cuba (1976), Perú (1979, sustituida en 1993), Ecuador (1979, sustituida en 1998), Chile (1980), Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985), Haití (1987), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Argentina (1994), República Dominicana (1994) y Venezuela (1999)” (Véase el artículo “La legislación ambiental latinoamericana en el contexto de la globalización económica”, en el libro “10 años del Código del Medio Ambiente”, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, primera edición, septiembre de 2001, Lima-Perú, p. 34-35)
Sin embargo, a pesar de este fenómeno de reconocimiento del derecho en mención en instrumentos internacionales y nacionales, los resultados en la práctica no son alentadores, por la falta de voluntad de los líderes de los Estados del mundo para adoptar medidas efectivas y contundentes que frenen el cambio climático, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en los pobres resultados de la Cumbre de Copenhague de 2009, en la cual no se logró concretar un acuerdo que sustituya al del Protocolo de Kioto de 1997 -que fenece ineluctablemente en el 2012- con la finalidad de establecer disposiciones vinculantes para la reducción de los gases que causan el calentamiento global.
Al celebrarse este 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, es bueno que se promueva actividades de reflexión y de propuestas a fin de concienciar a los líderes de los diferentes países, así como a la población mundial en general, sobre la urgente necesidad de adoptar acciones concretas y urgentes para frenar el cambio climático, y de esta manera dejar una casa habitable para las futuras generaciones del mundo.
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